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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el II Plan interinstitucional de inclusión social (2007- 2009)

 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el II Plan interinstitucional de inclusión social (2007- 2009)

Antecedentes

Con fecha 24 de abril tuvo entrada en este Consejo de Relaciones Laborales oficio remitido desde la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, solicitando la emisión del correspondiente informe en relación con el II plan interinstitucional de inclusión social de la CAPV (2007-2009).

Informe técnico

De acuerdo con el procedimiento aprobado por la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales procede, en primer lugar y con carácter previo a la remisión de las consideraciones particulares por parte de los miembros de la comisión, a la realización del correspondiente informe técnico en relación con la iniciativa que se somete a la consideración del Consejo.

Introducción

Este II plan de inclusión social, concebido como el instrumento rector de las políticas de inclusión social en el periodo 2007-2009, se enmarca en una política de continuidad con respecto al primer plan de inserción social de la CAPV, aunque contiene algunas diferencias relevantes con respecto a él. El plan está dividido en dos grandes apartados y se articula sobre dos ejes claramente diferenciados.

El primer eje contiene una reflexión estratégica sobre las políticas de inclusión social que se inicia con el diagnóstico sobre la situación actual de la pobreza y la exclusión social en la CAPV, como resultado básicamente de la aplicación y desarrollo del primer plan de inserción, y continúa con un análisis de la evolución, en el contexto de las principales tendencias europeas, de las políticas implementadas en el País Vasco en la lucha contra la exclusión social en los últimos años.

Esta reflexión estratégica sirve para fijar las líneas fundamentales del modelo vasco de protección e inclusión social, cuyos elementos centrales quedan reflejados en el plan y para “contextualizar” el conjunto de acciones que componen el segundo gran eje: las actuaciones estratégicas a desarrollar en el específico sistema de protección social, así como en otros sistemas de protección social complementarios, fundamentalmente en el ámbito de la vivienda, la sanidad, la educación y la justicia.

Primer eje: los aspectos básicos de la reflexión estratégica

A. En relación con el diagnóstico: El plan refleja una situación moderadamente buena, en términos comparativos, en lo que se refiere a la pobreza grave (se define como tal aquella en la que el sujeto está por debajo del 40% de la renta mediana equivalente) y peor, con respecto a los países de nuestro entorno, en el caso de la llamada pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana), pero reconoce también la existencia de problemas importantes entre los que destacan: la feminización y monoparentalidad de la pobreza; la concentración territorial o el proceso de urbanización de la pobreza y el deterioro de la capacidad protectora del empleo.

Este diagnóstico se corresponde efectivamente con un incremento espectacular de las tasas de ocupación y una situación prácticamente de pleno empleo, lo que pone de manifiesto, como una de las cuestiones centrales que caracterizan la nueva problemática de la pobreza, la falta de capacidad protectora del empleo en algunos casos, lo que se traduce en el hecho de que la mejora innegable en los índices de empleo no se ha visto acompañada por una reducción de la misma magnitud en las tasas de la pobreza.

La situación actual se caracteriza también por un incremento espectacular de los precios de la vivienda, que se ha convertido, como señala el plan, en uno de los principales problemas de las familias vascas, así como por un aumento notable de las personas inmigrantes.

B. El análisis del impacto que ha tenido el desarrollo de las políticas contra la exclusión social y la pobreza constata que la renta básica constituye la principal herramienta de las administraciones vascas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

b.1. Después de señalar que el modelo vasco de renta básica se sitúa en parámetros europeos y constituye el modelo de rentas mínimas más desarrollado del Estado, con una buena percepción social de sus resultados entre la ciudadanía, el plan reconoce que el funcionamiento de este modelo se ha topado también con algunos problemas importantes entre los que destaca:

-Las dificultades para conseguir la inserción laboral de los perceptores de la renta básica, aunque el plan atribuye parte de estas dificultades a elementos externos más propios del mercado laboral, como la eventualidad y los bajos niveles retributivos de los empleos menos cualificados lo que constituye un serio obstáculo para la salida del sistema de los perceptores de renta básica, aunque, como luego se indica en otro apartado del plan, una buena parte de estos perceptores compatibilicen la percepción de la renta básica con el empleo.

-Dificultades para realizar el diagnóstico individualizado y acompañamiento social que les corresponde a los perceptores de la renta básica. En este sentido, el plan reconoce que las herramientas informáticas, y las ayudas a los servicios sociales de base establecidas hasta ahora no han resultado suficientes.

b.2. En segundo lugar el plan advierte de que el segundo gran instrumento de lucha contra la pobreza, las denominadas ayudas de emergencia social (AES), continúa siendo uno de los puntos críticos del sistema, en la medida en que, concebidas como ayudas de tipo puntual para atender a situaciones de necesidad coyunturales, se han ido convirtiendo en percepciones de carácter estructural para afrontar fundamentalmente los gastos relacionados con la vivienda. Constata pues una necesidad de reorientar estas ayudas de emergencia.

b.3. Las políticas activas del empleo: según advierte el plan en varios de sus apartados, el modelo de protección ha ido evolucionando hacia un sistema de doble derecho que puede considerarse por otra parte consolidado en la actualidad. Conforme a este sistema, la renta básica no es ya sólo un instrumento exclusiva o principalmente orientado a la inserción social, sino también un mecanismo de garantía de ingresos mínimos para personas que por razones ajenas a su voluntad no alcanzan un determinado nivel de renta (personas normalizadas que perciben bajos salarios o disponen de empleos intermitentes). Esta realidad o nueva situación ha provocado, entre otras cosas, que aumente de manera considerable el número de personas perceptoras de rentas básicas que recibieron también estímulos para el empleo (entre un 20% y un 25%), aunque el plan constata que, en buena medida a causa de la complejidad administrativa del sistema, éste no se adapta bien a las necesidades de las personas que mantienen una vinculación intermitente con el mercado de trabajo, a pesar de que éstas constituyen un número importante de sus beneficiarios.

b.4. El plan contiene también referencias a la existencia de otras prestaciones económicas dispensadas por Ayuntamientos y Diputaciones, que aunque constituyen en sí mismo un elemento positivo que amplía la red de garantía de los ciudadanos, están generando desigualdades territoriales preocupantes en cuanto a la intensidad de la protección.

b.5. Desde un punto de vista instrumental el plan constata también en esta fase de reflexión estratégica sobre el modelo, que el desarrollo de los servicios especializados para la inserción social adolece de carencias y dificultades que de alguna forma habrían de ser abordadas por este II plan de inclusión social.

Este apartado concluye señalando que el gasto público contra la exclusión social en la CAPV alcanza el gasto medio que realizan los países de la UE-15, llegando a triplicar, en términos de gasto por habitante, el esfuerzo económico que se realiza a nivel estatal.

A modo de reflexión complementaria, el II plan de inclusión social explicita también en el curso de este primer eje de reflexión estratégica los resultados y aportes principales constatados a partir de la evaluación del primer plan de inserción que constituye, como ya se ha señalado, su antecedente directo.

Entre los avances significativos que afectan al diseño de las intervenciones y de los procesos, el plan destaca:

  • La importancia creciente de la atención específica a los colectivos con mayores dificultades en cada ámbito de actuación.
  • La preocupación por acercar la inserción laboral y el ámbito social.
  • La participación y colaboración en el diseño de herramientas y metodologías de trabajo por parte de las diferentes administraciones, y
  • La búsqueda de calidad en los procesos.

Por su parte, entre los aspectos críticos incluye:

  • La transformación de la naturaleza de las ayudas de emergencia social (AES), básicamente por la presión de la fuerte incidencia en ellas del problema de la vivienda.
  • La necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes ámbitos administrativos en el proceso de ejecución y aplicación del plan.
  • Las desigualdades territoriales en determinadas prestaciones.
  • La necesidad de una mayor definición de las funciones de las distintas administraciones en este ámbito.
  • La necesidad de mejorar algunos aspectos relativos al diseño del plan, a sus mecanismos de su difusión, así como en lo que se refiere al seguimiento de su ejecución.

C. La evolución de las políticas de lucha contra la exclusión en el País Vasco dentro del contexto europeo

La descripción de los elementos fundamentales que caracterizan hoy las políticas contra la exclusión a la vista de su evolución y en relación con el contexto europeo, constituye un factor clave para la definición del segundo eje estratégico, esto es, para la identificación de los objetivos concretos y la selección de las acciones diseñadas como contenido básico del II plan.

Estos elementos son los siguientes:

-En primer lugar la constatación de que el principio de doble derecho puede entenderse definitivamente consolidado. Ello implica que, en el actual modelo, el derecho a la prestación económica no es sólo un elemento funcionalmente conectado con el objetivo de la inserción social y en cierto modo subordinado a él, sino un derecho de igual nivel que éste para personas que presentan única y exclusivamente una problemática relacionada con la insuficiencia de sus recursos económicos y no precisan, por tanto, apoyos para la inserción. La consolidación de este principio de doble derecho constituye además un requisito imprescindible para avanzar en la segunda de las tendencias: la universalización de las prestaciones económicas mínimas garantizadas para personas con ingresos insuficientes.

-De este modo, este tipo de políticas tiende a combinar en la actualidad dos objetivos: el de especialización de las rentas mínimas de inserción para personas que carecen de fuentes de renta y presentan además dificultades de inserción, y el de la universalización de las prestaciones mínimas mediante el establecimiento de un sistema de garantía de rentas, no necesariamente radicado en el ámbito de los servicios sociales, y orientado fundamentalmente a complementar los ingresos insuficientes de personas sin necesidades específicas de inserción.

-En tercer lugar el plan destaca la necesidad de activar las políticas sociales rentabilizando el empleo y estableciendo un vínculo explícito entre la protección social y la participación laboral, constatando que en los últimos tiempos han recibido notable atención las políticas dirigidas a convertir la inserción laboral en una opción atractiva o rentable tanto para los perceptores de rentas mínimas como para las personas inactivas.

Después de hacer una referencia a la denominada “trampa de la pobreza”, el plan destaca, en todo caso, la importancia de devolver al empleo su capacidad de mecanismo de protección frente a la pobreza como herramienta privilegiada de inserción social, aunque reconoce que los resultados poco concluyentes de algunas de las iniciativas vinculadas con el objetivo de “rentabilizar el trabajo” y la dificultad que están teniendo para hacer compatibles sus dos principales objetivos –la incentivación del acceso al mercado de trabajo y la reducción de la incidencia, o de la intensidad, del riesgo de pobreza entre las personas ocupadas en el mercado laboral- obligan a un detallado análisis de las experiencias desarrolladas en otros países y de sus resultados, así como del grado en el que las condiciones sociales y laborales de nuestro entorno hacen aconsejable la aplicación de este tipo de programas.

En cualquier caso, en este mismo apartado (la evolución de las políticas en el contexto europeo), el plan dedica un epígrafe y una reflexión específica a la imbricación entre la política social y la política fiscal, haciendo referencia a algunas experiencias concretas y señalando que estas iniciativas, -cuyo denominador común consiste en otorgar las prestaciones mínimas garantizadas mediante asignaciones realizadas por vía fiscal, utilizando incluso los impuestos negativos- constituyen un intento de vincular estructuralmente la percepción de unas prestaciones concebidas como complementos salariales al propio hecho del trabajo.

-Este apartado del plan concluye con una referencia al necesario desarrollo de servicios de apoyo para los perceptores de rentas mínimas garantizadas que compensen o eliminen los gastos –transporte, cuidado infantil, ropa o materiales... que en muchos casos genera el empleo, con la finalidad de conseguir una efectiva inserción laboral, y con la constatación de que una de las líneas prioritarias es conseguir la mejora de la inserción laboral femenina a través de un incremento de sus tasas específicas de ocupación.

Segundo eje: la actuación estratégica

Esta segunda parte que agrupa el conjunto de iniciativas, de muy diferente naturaleza y alcance, propuestas para su realización dentro del periodo de vigencia del plan, constituye, en sentido estricto, el contenido material de éste.

Como se ha señalado en otras ocasiones, no resulta fácil proyectar sobre estos planes estratégicos en su conjunto consideraciones o reflexiones de tipo técnico, pues los planes son básicamente instrumentos de definición política de las prioridades y programas de actuación de las diferentes administraciones en una determinada área o parcela de la realidad. Las valoraciones técnicas son, por tanto, más propias de los diferentes instrumentos concretos en que a lo largo del tiempo se vayan materializando las medidas anunciadas en el plan.

En el presente caso, además, el plan detalla y sintetiza las diferentes acciones de manera bastante precisa, por lo que no parece necesario realizar sobre ellas comentarios o aclaraciones complementarias.

Ello no obstante y a modo de síntesis puede señalarse lo siguiente:

-Este II plan de inclusión social identifica tres grandes ámbitos de actuación y asigna a cada uno de ellos una serie de objetivos estratégicos dentro de los cuales fija a su vez los que denomina objetivos operativos. Es dentro de estos objetivos operativos, donde el plan detalla y enumera actuaciones concretas diseñadas y previstas para la consecución de cada objetivo operativo.

Primera área de actuación: objetivos y actuaciones relacionados con el propio Sistema vasco de protección y de inclusión social

Los objetivos estratégicos relacionados con esta área son:

1. La adecuación del marco normativo vigente

Los objetivos operativos definidos con relación a este objetivo estratégico son a su vez

1.1. La universalización progresiva de las prestaciones de garantía de ingresos, diferenciando los ámbitos de inserción y protección social. Las actuaciones previstas para la consecución de este objetivo incluyen la modificación de la ley de exclusión social y la elaboración de nuevos decretos de desarrollo.

1.2. Adecuar la normativa que rige actualmente los procesos de protección e inserción sociolaboral, lo que incluye actuaciones de modificación de las órdenes actualmente vigentes.

2. La unificación y generalización del sistema de diagnóstico y seguimiento de las políticas de inserción y protección social

Los objetivos operativos con relación a este objetivo estratégico son

2.1. Desarrollar herramientas informáticas y técnicas para el diagnóstico y la planificación de la intervención social individual, lo que implica diversas actuaciones sobre los aplicativos informáticos actuales y los protocolos vigentes con vistas a desarrollar un sistema vasco de información sobre servicios sociales.

2.2. Promover la mejora continua del sistema a través de evaluaciones y seguimiento sistemático de las actuaciones, así como la aplicación de planes de calidad.

3. La consecución del máximo nivel de calidad de todas las prestaciones económicas, garantizando que lleguen a todas las unidades convivenciales en situación de necesidad y promoviendo una intervención integral básica

Este objetivo estratégico incluye tres objetivos operativos

3.1. Avanzar hacia una progresiva universalización de la renta básica, lo que incluye como actuaciones más relevantes redefinir el concepto de unidad convivencial; equiparar la cuantía de la renta básica al 100% del SMI en algunos casos (mayores de 65 años y pensionistas en situación de necesidad); establecer nuevas excepciones que permitan la percepción de la renta básica a menores de 23 años e intensificar la protección a familias monoparentales a través de bonificaciones o subsidios complementarios a la renta básica.

3.2. Diferenciar y especializar las rentas de inserción y las rentas de protección mediante actuaciones dirigidas a establecer una prestación complementaria de vivienda que permita reforzar el carácter asistencial y temporal de las ayudas de emergencia social (AES) y a diferenciar los procesos de inserción puros de otros procesos mixtos o de protección social.

3.3. Armonizar y unificar el sistema de prestaciones de garantía de ingresos en los tres Territorios Históricos.

4. incrementar y mejorar los programas de formación y empleo destinados a las personas en riesgo de exclusión, y promoción del acceso y mantenimiento de estas personas en el mercado de trabajo

Sus objetivos operativos relacionados son:

4.1. Reforzar e impulsar las políticas de empleo específicamente destinadas a las personas en situación o riesgo de exclusión que se han venido realizando hasta la fecha, lo que incluye diversas actuaciones como el fortalecimiento del apoyo al programa Auzolan o a las empresas de inserción y la colaboración con asociaciones pertenecientes al ámbito de la discapacidad y centros especiales de empleo, con especial atención al desarrollo de programas de apoyo para la inserción en el mercado laboral ordinario.

4.2. Promover nuevos programas de activación para el empleo destinados a perfiles específicos de personas en situación de riesgo de exclusión, con actuaciones de muy diverso calado que van desde la puesta en marcha de programas multifuncionales de formación y empleo, la ampliación de la permanencia en programas de inserción para personas con especiales dificultades, o el impulso de programas de acompañamiento o apoyo, hasta la creación de servicios específicos de apoyo a la inserción laboral de mujeres con cargas familiares y en situación o riesgo de exclusión social.

4.3. Promover la adopción de políticas de “rentabilización del empleo” lo que pasa por actuaciones concretas como incentivar, modificando el sistema vigente de estímulos al empleo, el acceso al mercado laboral de personas que perciben prestaciones de garantía de ingresos mínimos; o de personas de baja cualificación, estableciendo mecanismos de protección de trabajadores y trabajadoras de bajos salarios, en el marco de la diferenciación de los procesos de inserción puros y de otros procesos mixtos o de protección contemplado a su vez como actuación específica en el tercer objetivo estratégico de la presente área de actuación.

4.4. Promover la puesta en práctica de mecanismos que permitan el desarrollo de iniciativas específicamente destinadas a personas en situación o riesgo de exclusión.

Segunda área de actuación: actuaciones en los sistemas generales de protección social

Entre ellos el plan incluye el propio sistema de servicios sociales y otros sistemas generales de protección social relacionadas con el ámbito de la sanidad, la vivienda, la educación o la justicia

Los objetivos estratégicos relacionados con esta área son:

1. Mejora y refuerzo de la intervención que se realiza desde el sistema público de servicios sociales

Este objetivo estratégico se subdivide en dos objetivos operativos que a su vez son:

1.1.Regular el acceso de la ciudadanía vasca al sistema público de servicios sociales para lo cual el plan prevé como una actuación concreta aprobar una nueva ley de servicios sociales que reconozca el derecho subjetivo de acceso a los servicios relacionados en un nuevo catálogo y proceder a su desarrollo reglamentario.

1.2. Promover la coherencia y la sinergia entre el plan vasco de inserción y otros planes interinstitucionales e interdepartamentales.

2. Mejora y refuerzo de la intervención integral contra la exclusión que se realiza desde los restantes sistemas de protección social

Los objetivos operativos, vinculados a este objetivo estratégico son:

2.1. Mejorar y reforzar la intervención que se realiza en materia de inserción social desde el sistema sanitario.

2.2. Mejorar y reforzar las políticas de vivienda orientas a las personas en situación de riesgo o exclusión social.

2.3. Promover la adecuación de los servicios educativos a las necesidades de las personas en situación de riesgo o exclusión social.

2. 4. Mejorar y reforzar las actuaciones que se realizan desde la administración de justicia con personas en situación o riesgo de exclusión.

La tercera área de actuación tiene carácter interno y se refiere a objetivos internos vinculados específicamente con la gestión y puesta en marcha del plan. El plan define específicamente esta área como objetivos y actuaciones relacionados con la gestión del plan y el seguimiento de su aplicación y de su impacto.

En ella fija un único objetivo estratégico.

1. Mejora de las herramientas de gestión del plan y desarrollo de indicadores comunes de seguimiento y evaluación

Al que corresponden, a su vez, dos objetivos operativos.

1.1. Dotar al II plan de inserción de las herramientas necesarias para su adecuada gestión.

1.2. Evaluar de forma regular la incidencia en la CAPV de los factores relacionados con la pobreza y la exclusión social y su evolución.

Consideraciones de carácter general en torno al Plan

Síntesis de las aportaciones

Consideraciones del miembro de la comisión de informes de CC.OO.

1. Consideraciones generales

Este segundo plan sigue sin recoger las dos cuestiones esenciales en esta materia: aque las AES deben ser un derecho subjetivo y que la RB debe equipararse al SMI para todas las personas mayores de edad.

Resulta positivo de este plan el que apunta acertadamente problemáticas latentes como la calidad de la ocupación y a interesantes líneas de actuación para conseguir la inclusión social a través de la rentabilización del empleo o la imbricación de la política social y la fiscal o la propuesta de gasto y seguimiento/ apoyo al comienzo de la inserción laboral.

Pero este plan defrauda las expectativas que crea porque no plasma propuestas de actuación y no las dota de presupuesto.

No existe correlación entre la capacidad real que se depositará en el gasto social y las necesidades diagnosticadas. En consecuencia el esfuerzo inversor resultará insuficiente.

2. Consideraciones específicas

2.1. Primer Eje: Análisis estratégico

En relación con la prioridad a la inserción laboral femenina (2.1.1) se ha de tener en cuenta el peligro de segregar a las mujeres en sectores como el de los cuidados y los servicios sociales. Los empleos que se les ofrezcan deberán ser de calidad.

El balance sobre la renta básica (2.1.2) hasta ahora aporta un impacto insuficiente. Se apuesta por un porcentaje de la misma igual al 100% del SMI. Y se debe asegurar una completa información a los posibles solicitantes sobre la regulación de estas prestaciones.

En relación con los problemas y disfunciones detectados en relación con la renta básica y más concretamente en relación con la eventualidad laboral, debiera tenerse en cuenta iniciativas como las que se recogen en la HOBELAN de la Diputación Foral de Bizkaia.

En relación con el personal de refuerzo en las entidades locales y la carga de trabajo derivada de los convenios de inserción, se propone que se evite la contratación temporal con el propósito de crear puestos estables.

En relación con las AES,frente a los recortes presupuestarios o la modificación de criterios en la concesión de las mismas por no poder hacer frente a la creciente demanda, se plantea que sean un derecho subjetivo con lo que se evitarán muchos problemas actuales vinculados a su concesión.

En relación con las políticas activas de empleo se señala que las medidas para mejorar calidad del empleo, son determinantes en la lucha contra la exclusión social.

Sobre el programa AUZOLAN se considera necesario revisar sus objetivos y evaluar sus resultados pues se ven claros déficit en la tipología de trabajos llamados de “utilidad social” que se ofertan. Además se considera necesaria la presencia sindical en estos programas como observadores de la calidad de la relación laboral que establecen. Señalan, por otra parte, que las partidas presupuestarias del programa AUZOLAN están disminuyendo en los últimos años y eso lo debe tener en cuenta el plan a la hora de valorarlo.

Se valoran positivamente el ideario que expone el plan acerca del principio de doble derecho (2.3.1) o la universalización y especialización como ejes estructurales de la política social pretendida, así como la comparación con las políticas sociales de los estados miembros de la UE.

Respecto a la universalización y especialización ( 2.3.2) se valora positivamente lo expuesto en el plan pero no se comparte la injusta crítica que se hace al sistema de protección social y desde CC.OO. se expresa su apuesta clara y decidida por el sistema público como base de las pensiones.

En relación con la activación de las políticas sociales y la rentabilización del empleo(2.3.3), se considera fundamental potenciar la calidad en el empleo y las rentas mínimas de inserción.

En relación a la imbricación de la política social y la política fiscal (2.3.4), se considera muy interesante la propuesta de política fiscal que se plasma en este plan y se apuesta porque se articule alguna medida en esta línea.

Sobre el desarrollo de los servicios de apoyo (2.3.5), se considera importante la propuesta de compensación de gasto y seguimiento en la inserción laboral pero se echa en falta en el segundo eje del plan la previsión de alguna actuación que desarrolle específicamente esta propuesta.

Frente al planteamiento de dar continuidad al modelo anterior se apuesta por un plan más progresista, más innovador, más ambicioso, abordando nuevos retos como el desarrollo de los servicios de empleo, o el estudio de fórmulas de política fiscal y de mejora de la calidad del empleo.

2.2. Segundo Eje: Actuación Estratégica

Se apuesta porque la renta básica tenga una cuantía equivalente al 100% del SMI para todas las personas que se encuentren en situación de necesidad y no solo para los colectivos que establece la actuación 13 ª (3.1.3.1).

Se considera que el nuevo complemento de vivienda (3.1.3.2) no deja de ser un modelo para no asumir el carácter subjetivo de las AES al tiempo que se está dando una duplicidad de recursos de vivienda: vivienda por AES y vivienda por renta básica. La cobertura que necesita un problema estructural como el de la vivienda es otra y debe ser una atención especial y global y no tratarse de ayudas asistenciales puntuales que evitan temporalmente situaciones de exclusión pero no garantizan la plena inclusión social.

En relación con la introducción de “cláusulas sociales” (3.1.4.4) que primen la inclusión de un determinado número de personas en situación o riesgo de exclusión social en las plantillas de las empresas que opten a la contratación, la propuesta del plan puede ser válida siempre que no vaya en menoscabo de otras cláusulas responsables y siempre que se acompañe de cláusulas sociales que fomenten la calidad del empleo de las empresas subcontratadas. Además se ve necesaria la participación sindical en la negociación de estas cláusulas.

En lo referente a la colaboración de los distintos planes con este de inserción (3.2.1.2) se considera importante que también se haga mención al plan de personas discapacitadas.

2.3. Estimación del coste de los objetivos

Se considera que las estimaciones de coste presentadas siguen mostrando un reducido esfuerzo inversor y en todo caso insuficiente para resolver los problemas que se diagnostican en este plan.

Consideraciones del miembro de la comisión de informes de UGT

1. Cuestiones generales

Se considera que la situación no es la idónea ya que muchas de las medidas que necesariamente debe recoger cualquier plan de inclusión social debieran contar con una ley de servicios sociales que las desarrolle y nuestra realidad nos sitúa ante una ley obsoleta en proceso de modificación.

Se echa en falta el establecimiento de medidas preventivas, es decir de medidas que eviten que nuevas personas caigan en la situación de exclusión social.

Se señala que los objetivos que debieran orientar la elaboración del plan tales como el fomento de la participación en el empleo, la prevención de los riesgos de exclusión, la actuación a favor de los más vulnerables o la movilización de todos los organismos correspondientes, conlleva necesariamente la integración de actuaciones en distintas políticas así como la transversalidad de las medidas que se vayan a adoptar. Y eso no ocurre en el documento del plan. Se aprecia como principal deficiencia del plan la falta de objetivos cuantificados y se pone de manifiesto la necesidad de mejorar los indicadores relativos a la exclusión.

Se considera imprescindible que se establezcan acciones encaminadas a garantizar una asistencia mínima normalizada en todo el territorio vasco y que se garantice una coordinación más estrecha entre políticas activas de empleo y de integración social, centrándose en los grupos más vulnerables. Y ello, descendiendo a las actuaciones específicas y evitando generalidades. Este plan, tal y como se presenta, no permite analizar el presupuesto que corresponde a cada una de las medidas y los ejes de actuación. Debería darse un mayor desglose y clarificación del alcance de las partidas presupuestarias.

2. Participación de las organizaciones sociales

Se considera que dicha participación debe reforzarse abarcando la misma tanto la elaboración del plan como las fases de evaluación y seguimiento del mismo.

3. Líneas de actuación

Se considera que las líneas de intervención y actuación del plan coinciden con acciones contempladas en el marco de otras políticas y planes. El cruce de orientaciones y actuaciones entre distintos planes diluye la identidad de las políticas en la lucha contra la exclusión social. Debe tratar de evitarse la dispersión de esfuerzos y recursos públicos a través de la debida coordinación.

4. Generalidad de los objetivos y destinatarios

Se considera necesaria una clara identificación de las acciones directamente relacionadas con la lucha contra la pobreza y la exclusión social así como una concreción de los presupuestos vinculados a ellas. Por otra parte, se considera necesario incluir en el plan una delimitación más precisa del ámbito de los destinatarios de las medidas planteadas.

5. Cuestiones concretas

Se considera como falta de coherencia que reconociéndose que el empleo de calidad es la principal herramienta de inserción social, las medidas relacionadas con el mismo son poco menos que anecdóticas.

Se considera que aunque se habla de la política de vivienda como de un eje central, no existe un desarrollo de la misma. Las actuaciones en materia de vivienda deben especificar soluciones concretas enmarcadas en lo que pudiera entenderse como una política de vivienda integral y con un enfoque inclusivo para colectivos con especiales dificultades de acceso.

Se estima necesaria la racionalización y consolidación de la red de servicios sociales existente así como un esfuerzo de coordinación de la dispersa normativa existente. Se echa en falta la implantación de un plan integrado de servicios sociales. Estos se deben diversificar y consolidar en una red de recursos que englobe también a la atención de menores y dependientes.

Se considera que la configuración de la renta básica que adolece de tres problemas: el presupuestario; el que las personas mayores de 18 años, salvo excepciones, no tengan derecho a dicha renta; y que la cuantía de la RB no puede ser el debate sobre el que verse la misma.

6. Conclusión

Se señala que el plan que se presenta contiene avances en relación con su precedente ya que: reconoce la necesidad de trabajar en aspectos más globales como la vivienda; admite que el esfuerzo presupuestario que se viene realizando es insuficiente; mejora la renta básica y plantea redefinir las unidades convivenciales. Sin embargo se considera un plan abocado al fracaso por las deficiencias que contiene. Lo que se necesita es un sistema coherente, cohesionado, transversal e integral y tejido al amparo de una Ley de Servicios Sociales adaptada a los problemas de nuestra sociedad.

Opinión del miembro de la comisión de informes en representación de Confebask

Se considera que el plan ahonda en la línea iniciada hace años, rectificando algunas actuaciones y tratando de mejorar y perfeccionar las distintas herramientas y mecanismos ya ensayados o creando otros nuevos. Desde Confebask se considera especialmente positiva la orientación relativa a la centralidad del empleo como medio de inserción social, con lo que ello supone de incentivación del trabajo a través de diferentes estímulos y mecanismos.

No se comparten, sin embargo, las actuaciones previstas en relación a las denominadas “cláusulas sociales” (actuación nº 36). Se señala que las administraciones públicas cuando celebran contratos de obras o servicios están obligadas, en primer lugar y fundamentalmente, a garantizar a los ciudadanos la mejor prestación posible en términos de precio y calidad. Se considera que este deber prioritario puede verse seriamente distorsionado cuando se pretende utilizar la contratación administrativa como herramienta para hacer política.

Opinión sindical conjunta

Se señala que si bien a lo largo del plan se pone de manifiesto que el empleo de calidad es la principal herramienta de inserción social y una cuestión determinante en la lucha contra la exclusión social, sin embargo el plan defrauda las expectativas en esta, como en otras cuestiones, porque no plasma respecto a dicha cuestión, propuestas de actuación ni las dota de presupuesto.

Se manifiestan en desacuerdo con la cobertura que se plantea para la renta básica considerando que debiera ser más amplia que la establecida en el plan, si bien en base a distintos criterios. Bien que la cuantía sea equivalente al 100% del SMI para todas las personas que se encuentren en situación de necesidad y no sólo para ciertos colectivos (opinión de CC.OO.). O bien que se modifique el criterio por el cual las personas mayores de 18 años y menores de 23, salvo excepciones no tengan derecho a la renta básica (opinión de UGT).

Reunida la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales en fecha 10 de mayo de 2007, una vez examinado el informe técnico y la síntesis de las aportaciones realizadas en el curso del procedimiento aprobado para el desarrollo de la actividad consultiva, los miembros de la comisión realizaron las siguientes

CONSIDERACIONES FINALES

El miembro designado por Confebask manifiesta que su organización hace una valoración global positiva de este segundo plan de inclusión social. Esta valoración se realiza en todo caso desde una perspectiva general, sin entrar en el detalle de las acciones concretas previstas en el plan y sin perjuicio igualmente de una matización que ya anunciaba en su escrito de consideraciones particulares sobre la utilización de la contratación administrativa como herramienta de inserción, a la que hará posteriormente referencia.

A su juicio los elementos más destacables que justifican esta valoración global positiva son los siguientes:

En primer lugar, el mismo hecho de que en el contexto de una sociedad desarrollada y con altos niveles de bienestar, se destinen recursos a atender las necesidades de los más pobres y a financiar políticas de inclusión social.

-En segundo lugar, entiende igualmente acertado el reconocimiento que se hace en el plan de la centralidad del trabajo como el elemento fundamental de la inclusión social, y en consecuencia de la necesidad de rentabilizarlo y estimularlo.

-En esta línea, la organización a la que representa considera que el plan acierta en la decisión de mantener la cuantía de la renta básica en niveles cercanos pero inferiores al SMI, y de equipararla a éste únicamente en el caso de los mayores de 65 años y de los incapacitados para el trabajo. Esta valoración se basa en que la referida equiparación generalizada contribuiría a confundir conceptualmente ambas cuestiones, que son y responden a finalidades distintas.

Por último quiere hacer una matización que ya se advertía en el escrito que remitió como alegaciones particulares. Esta reserva se refiere a la utilización de la contratación administrativa como herramienta de inserción. La inserción laboral es un objetivo que ha de atenderse de manera específica destinando a ellos los recursos que sean necesarios. Por su parte, la contratación pública debe orientarse a la consecución de las mejores condiciones para los ciudadanos en términos de precio y calidad.

El miembro designado por CC.OO., manifiesta por su parte que su organización, aún reconociendo la existencia de elementos positivos en el plan, no hace sin embargo, una valoración positiva del mismo. Y ello porque aunque el plan apunte formalmente en la buena dirección, en sus aspectos concretos deja sin aclarar y resolver las cuestiones esenciales sobre las que debería descansar una política verdaderamente eficaz de inclusión social.

En primer lugar, y desde un punto de vista filosófico, comparte la afirmación de que el empleo ha de desempeñar una posición de centralidad en las políticas de lucha contra la exclusión, pero siempre que se trate de un empleo de calidad, que es lo que el plan olvida. En este sentido, las declaraciones de tipo general no se traducen en una efectiva y suficiente asignación de recursos y por tanto, tampoco en medidas concretas que hagan realmente del empleo digno el principal elemento de protección frente a la exclusión.

En segundo lugar, porque entiende que el plan no resuelve de manera adecuada dos de las más importantes cuestiones que actualmente están planteadas: la extensión de la renta básica como derecho a todos los mayores de 18 años, y la configuración de las ayudas de emergencia social como verdaderos derechos subjetivos.

En cuanto a la valoración de las medidas concretas recogidas en este II plan de inclusión social, se remite a efectos de evitar reiteraciones, a las alegaciones particulares que se recogen en el apartado denominado “síntesis de las aportaciones”.

El miembro designado por UGT comienza su análisis advirtiendo que un plan integral y con pretensiones de globalidad debería establecer medidas diseñadas y concebidas dentro del contexto de todo el conjunto de políticas de lucha contra la exclusión. En su opinión, el elemento central de este contexto debería ser seguramente el marco general que venga a establecer la nueva ley de servicios sociales que actualmente está en proceso de elaboración. Por ello, en el momento actual el plan que se ha remitido para informe se queda en una mera visión panorámica de las políticas de inserción sin llegar a ser realmente un instrumento de integración de todas ellas.

En segundo lugar y en la misma línea ya apuntada por el miembro de CC.OO., considera que aunque este plan apunta en la dirección correcta, no consigue traducir los grandes objetivos en acciones concretas. Comparte la idea de la centralidad del empleo como el principal instrumento de lucha contra la exclusión y también el objetivo de rentabilizar socialmente el empleo, pero ello no se consigue de modo alguno manteniendo simplemente las ayudas por debajo del SMI como medio para no desincentivar el empleo. Es más, conceptualmente el verdadero problema de la cuantía de la renta básica no es tanto su equiparación al salario mínimo interprofesional como su capacidad real para garantizar una existencia digna. En este sentido esta renta básica habría de establecerse en una cuantía suficiente para vivir. Este es el verdadero debate; el otro, su equiparación o no al SMI es un debate, falso o cuando menos, desenfocado.

En tercer lugar, entiende también que la renta básica debería reconocerse como prestación universal a todas las personas mayores de 18 años. No cree que ello fuera socialmente inconveniente. Antes al contrario, su opinión es que la procedencia de esta extensión, como derecho vinculado a la ciudadanía, está muy interiorizada por los agentes especializados, aunque no se lleve a efecto no por problemas de concepción de las políticas de inclusión social, sino fundamentalmente por razones presupuestarias.

En último lugar, y en cuanto a las consideraciones particulares y a la opinión específica de su organización sobre las medidas concretas en que se articula el plan, se remite igualmente al apartado de “síntesis de las aportaciones” en el que han quedado recogidas, en lo sustancial, sus alegaciones particulares.

En consecuencia, sin perjuicio de las consideraciones que se recogen en este apartado y de las que se han hecho constar en el epígrafe de este informe denominado “síntesis de las aportaciones”,ante la ausencia de mayorías suficientes, la reunión de la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales concluyó sin un dictamen conjunto sobre el II plan de inclusión social.

Bilbao, a quince de mayo de dos mil siete