CRL-LHK
  INFORMES REALIZADOS POR EL CONSEJO
Volver a Actividad consultiva
Diagnóstico y Plan de previsión social complementaria en euskadi
 

INFORME DEL CRL SOBRE EL DOCUMENTO “DIAGNÓSTICO Y PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA EN EUSKADI”

1. ANTECEDENTES

En fecha 29 de octubre de 2004 tuvo entrada en este CRL, el documento “Diagnóstico y Plan de Previsión Social Complementaria en Euskadi”, siendo enviada copia en esa misma fecha a los miembros de la Comisión de Informes.

Posteriormente, en fecha 3 de noviembre, se recibía el documento completo, ya que al del anterior documento le faltaban las páginas 28 a 33, siendo enviada copia del mismo a los miembros de la Comisión de Informes.

El día 5 de noviembre se recibía en el CRL, escrito del Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en el que se señalaba que se remitía “Proyecto de Plan de Previsión Social Complementaria de Euskadi”, indicando que se quedaba a la espera de las sugerencias que se estimaran oportunas.

En fecha 10 de noviembre se notificaba a los miembros de la Comisión que el día 22 de noviembre finalizaba el plazo para el envío de las Aportaciones de los miembros sobre dicho Proyecto de Plan, al CRL.

En fecha 18 de noviembre era remitido, a los miembros de dicha Comisión, Informe Técnico Previo.

En fechas 18, 19, 22, 23 y 25 de noviembre, fueron recibidas en este CRL las Aportaciones correspondientes a los miembros de la Comisión designados por CC.OO. ConfeBask, LAB, ELA y UGT respectivamente.

En fecha 19 de noviembre era enviada a los miembros de la Comisión de Informes notificación señalando el día 25.11.04, como fecha para la primera reunión de dicha Comisión.

En fecha 24 de noviembre de 2004, se remitía a los miembros de la Comisión, Informe con la Síntesis de las Aportaciones.

En fecha 25 de noviembre, tenía lugar la primera reunión de la Comisión de Informes.

En fecha 2 de diciembre se remitía a los miembros de la Comisión de Informes, el Proyecto de Dictamen, indicando que el día 13 de diciembre finalizaba el plazo para formular enmiendas al Proyecto de Dictamen y que la segunda reunión de la Comisión de Informes, tendría lugar el 15 de diciembre.

En fechas 9, 10, 13 y 14 de diciembre, se recibieron en el Consejo las enmiendas al Proyecto de Dictamen presentadas por parte de los miembros de la Comisión designados por LAB, CC.OO. , ELA y ConfeBask, así como varias enmiendas de ConfeBask, a la Síntesis de Aportaciones, en fecha 10 de diciembre.

En fecha 14 de diciembre se remitía a los miembros de la Comisión de Informes, Cuadro de Enmiendas al Proyecto de Dictamen.

En fecha 15 de diciembre tenía lugar la segunda reunión de la Comisión de Informes.

El día 23 de diciembre era remitida a los miembros de la Comisión, Propuesta de Texto Transaccional relativo al Dictamen, indicando la fecha del 28 de diciembre, como fecha para la tercera reunión de la Comisión de Informes.

En fecha 28 de diciembre tuvo lugar la tercera reunión de la Comisión de Informes, acordándose en la misma un Dictamen con los votos a favor de los miembros en representación de ELA, CC.OO. , UGT y ConfeBask, y con el voto en contra del miembro en representación de LAB. Anunciándose, en dicha reunión, la presentación de “voto reservado” por parte de LAB y de sus correspondientes “explicaciones de voto” por parte de ELA, CC.OO. y ConfeBask.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PREVIAS

En este informe previo presentamos, de manera sintética, lo que consideramos constituye la esencia del Plan que se contempla en el documento sometido a informe del CRL, “Diagnóstico y Plan de Previsión Social Complementaria en Euskadi” .

La finalidad última de este documento queda perfectamente definida en la “Presentación” del mismo, cuando señala que la meta de este proyecto, de reflexión estratégica, es la de avanzar hacia una Previsión Social Complementaria para Euskadi, adecuada a los nuevos “retos sociales”, en un horizonte a largo plazo.

Para ello trata de visualizar un modelo que, debe coadyuvar a garantizar una independencia financiera real para las personas mayores del mañana, evitando al máximo las situaciones de precariedad y, por consiguiente, de pérdida de bienestar.

Los nuevos “retos sociales” a los que se refiere, motivadores de dicha reflexión estratégica, tienen que ver con el agudo proceso de envejecimiento que va a registrar nuestra sociedad y que afectará fundamentalmente a las pensiones. Es por ello, que el ámbito de estudio de este documento se circunscribe a dicha esfera, es decir, al análisis de la Previsión Social Complementaria destinada a la cobertura de contingencias personales (jubilación, invalidez).

Ante dichos “retos”, el Plan trata de desarrollar una estrategia propia teniendo en cuenta, especialmente, las pautas o directrices que provienen de la Unión Europea. Y, además, llevarlo a cabo de manera inmediata, dado que los plazos de acción son cortos, si se tiene en cuenta la duración de los procesos de maduración y de obtención de resultados que requieren las fórmulas de intervención en materia de pensiones.

Desde el punto de vista competencial el Plan y sus propuestas normativas se enmarcan dentro de la competencia que sobre la materia reconoce a la CAPV el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Efectivamente su art. 10.23 señala que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social.

La CAPV cuenta en la actualidad con regulación en esta materia. El Parlamento Vasco promulgó la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de Previsión Social Complementaria, desarrollada en el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprobaba el Reglamento de dicha Ley.

Este Plan señala en su capítulo 1, “Bases para el Desarrollo de la Previsión Social Complementaria en Euskadi” que, teniendo en cuenta las diversas propuestas que plantea el Consejo Europeo para garantizar estrategias nacionales que garanticen pensiones viables y de calidad, fija su reflexión en la promoción de sistemas de pensiones capitalizados complementarios, capaces de satisfacer pensiones con la necesaria eficiencia, coste asumible, portabilidad y seguridad. Y estima que, dichos sistemas complementarios, si cumplen una serie de estrictas condiciones, pueden contribuir a la solución del “reto” planteado.

Dentro del ámbito de la Previsión Complementaria y de sus instrumentos (sistemas sectoriales o asociados y sistemas individuales), el Plan, teniendo en cuenta las peculiaridades de unos y otros, que ningún proceso de reforma europeo plantea la solución al reto de las pensiones desde la promoción de la previsión individual y que las preferencias van claramente por el camino de la promoción de los sistemas de empleo, (de amplia base, que cuenten con la aportación empresarial y faciliten la integración de los trabajadores, en especial, aquellos de renta media y media-baja), concluye que esta vía aún siendo difícil, es la única alternativa a incrementar la edad de jubilación o reducir prestaciones y en consecuencia, crear bolsas de pobreza en un colectivo, que por su edad, ya no podrá reaccionar.

Hasta el momento, la previsión individual ha alcanzado un alto nivel de penetración entre aquellas personas y familias que tienen capacidad de ahorrar, pero el problema se concentra en aquellas rentas de trabajo con ingresos por debajo de los cuatro millones de pesetas, que representan el 82% de los declarantes y donde los niveles de aportación a un sistema de previsión están en torno al 35%. Colectivo éste, que no ha encontrado en la previsión individual respuesta a sus necesidades y que constituye el colectivo más dependiente de las pensiones públicas.

El Plan tiene como objetivo, claramente definido, el de la generalización de la previsión complementaria. Pero en relación con dicho objetivo, señala que “dada la imposibilidad jurídica y política de establecer un nuevo sistema público”, dicha generalización descansa en un adecuado marco legal para los sistemas sectoriales, unos incentivos suficientes y la voluntad de los agentes sociales.

Voluntad que, debe ir acompañada de la existencia de marcos de negociación colectiva donde se acuerden estos temas. Siendo la implantación suave y gradual, la única vía de introducir los sistemas de previsión en la negociación colectiva.

En relación con la promoción de la previsión social complementaria el Plan realiza en su capítulo 2, una serie de “Propuestas”.

Con carácter previo a su concreción señala que dichas propuestas se realizan asumiendo la recomendación de la Unión Europea a favor de la utilización de los tres “Pilares” existentes en materia de pensiones. Primer pilar o de los regímenes obligatorios de la Seguridad Social. Segundo pilar o de los sistemas de empleo, sectoriales o de empresa. Y tercer pilar o de los sistemas individuales.

Señala, asimismo, que la asignatura pendiente reside en el segundo pilar, ya que los otros dos se encuentran fuertemente implantados y maduros. Que la previsión complementaria es un área donde la Administración Vasca tiene competencias normativas, fiscales y de apoyo administrativo y económico. Y que su desarrollo depende de los ciudadanos y los agentes sociales de Euskadi.

Señala también, que la actual regulación de la previsión complementaria en Euskadi no ha favorecido la consolidación de los sistemas de empleo, aunque son estos los que pueden garantizar la generalización es decir los que pueden incorporar a aquellos sectores que van a estar más necesitados de ella.

Y en base a estas premisas determina que:

  • corresponde a la Administración crear un marco adecuado para el desarrollo de los sistemas de empleo, teniendo en cuenta a sus destinatarios preferentes que son los niveles de renta medio y medio-bajos, y que
  • corresponde a los agentes sociales implantar y desarrollar los sistemas de empleo sobre ese espacio.

Además señala que, los sistemas deben ser atractivos para la población empleada y que es necesario abordar el perfeccionamiento del sistema de previsión social complementaria preservando la competitividad de las empresas.

Manifiesta de forma clara que la instrumentación de sistemas de previsión eficientes y rentables debe aunar los intereses de todas las partes implicadas.

Y se remite a la negociación colectiva como la fórmula para la implantación gradual de dichos sistemas.

Los objetivos del Plan están claramente determinados:

  • el objetivo “final” consiste en garantizar a toda la ciudadanía vasca unas pensiones suficientes en cuantía, sostenibles financieramente y adaptables a una sociedad cambiante, y
  • el objetivo “instrumental” es llevar a cabo dicha generalización a través de los sistemas de empleo, estableciendo un mínimo del 70% de personas perceptoras de rentas del trabajo o profesionales constituyendo prestaciones complementarias suficientes.

Y su “estrategia” también:

  • consiste en definir un marco de regulación y unos instrumentos de promoción que permitan crear un “segundo pilar” de pensiones como sistema complementario generalizado que, conjuntamente con el sistema público de pensiones y la previsión individual, satisfaga en el futuro pensiones eficientes, con la necesaria portabilidad y seguras.

Respecto al segundo pilar, se establecen cuatro ejes: 1. Promover la implantación de sistemas sectoriales y de empleo como requisito para su generalización, 2. Generar confianza en los sistemas sectoriales y de empleo, 3. Garantizar el seguimiento del sistema de previsión como premisa para adecuar los medios a los objetivos, y 4. Diseñar una estrategia de comunicación, concienciación y educación ciudadana.

De los cuatro, nos centramos en la descripción sintetizada del primero, dadas las cuestiones que contempla.

La generalización de la previsión complementaria exige, como paso previo, un nivel adecuado de implantación. Y este Plan pretende concentrar los esfuerzos en la creación de las condiciones que permitan la adecuada implantación de los “sistemas de empleo”.

Para ello define, para los sistemas de empleo (sectoriales o de empresa) un espacio propio y atractivo diferente y distinto al de los individuales.

Se trata de regular dos expresiones diferentes de la previsión complementaria en materia de pensiones. Por una lado, los sistemas de empleo y, por otro, los individuales.

Se determina el espacio como “propio” de los sistemas de empleo, señalando que debe quedar claramente definido el tipo de coberturas que debe proporcionar este “segundo pilar” por relación al “tercero”, o de la previsión complementaria individual. Y se añade que los criterios de diferenciación se deben fundamentar en bases objetivas. Siendo las siguientes las que han de estar presentes en el segundo pilar:

“objetivos limitados y útiles atendiendo a las necesidades de la mayoría de la población, aportaciones proporcionales suficientes (entre un 6% y un 10% del salario), formas de pago adecuadas a las necesidades de la pensión, liquidez salvo situaciones objetivas y graves para la vida habitual, costes limitados y gestión independiente y profesional, no discriminación y adhesión colectiva”.

Al mismo tiempo se pretende configurar un espacio“atractivo” para dichos sistemas, mediante lo siguiente:

a) el establecimiento de mecanismos de ayuda a la implantación de

  • “ayudas económicas a la implantación y aceptación de los sistemas” tales como: ayudas a la campaña de información, gastos de instalación
  • “ayudas económicas y administrativas a los agentes sociales para la promoción y la mejora del conocimiento en materia de Previsión Social”, tales como: fomento por los poderes públicos para que los agentes sociales inicien la promoción de los sistemas de empleo, mayores facilidades a las empresas para que pongan en marcha la implantación de los sistemas, acuerdos de colaboración con los agentes sociales

 

b) la propuesta del establecimiento de un tratamiento tributario específico para los sistemas de empleo.

En este punto se señala que en el Plan se establecen unos estándares sociales (forma de percepción de la prestación, aportación mínima del empleador, ausencia de rescate, principio de no discriminación), que los sistemas cualificados, es decir, los que cumplan los requerimientos sociales exigidos son los que deben aglutinar las máximas ayudas públicas y, que ello implica la necesidad de estudiar la posibilidad de acometer un tratamiento tributario específico para las aportaciones a los sistemas de previsión que cumplan tales requerimientos.

Se afirma que sin un adecuado marco fiscal este Plan no podrá cumplir sus objetivos. Y que si se quiere que sea eficaz en la promoción de los sistemas de empleo, las medidas fiscales, además de simples, transparentes y equitativas, tienen que estar orientadas y provocar la aceptación de la población trabajadora y de los agentes sociales.

A tales fines, y con carácter de propuesta, se señalan las siguientes:

  • Separación de los límites a las aportaciones en el IRPF reservando uno exclusivo para los sistemas de empleo y otro para los sistemas individuales.

Reservando un tramo razonable al sistema de empleo y otro al sistema individual, se lograría que mediante la utilización de ambos segmentos quedase sobradamente protegida la inmensa mayoría de la población ocupada.

  • Implantación de límite porcentual.

En los planes de “aportación definida”, estableciendo limitaciones a las aportaciones en función de un porcentaje de salario, que podría rondar el 10%.

Y en los de “prestación definida”, la limitación se definirá sobre la pensión total a percibir.

  • Deducción en cuota del IRPF, como incentivo específico de los sistemas de empleo para las rentas medias y medias bajas.

La reducción en la base imponible de las aportaciones a sistemas de previsión complementaria induce, a priori, a que la parte de la renta discrecional se dirija a estos sistemas, pero el comportamiento real de la ciudadanía ha demostrado que su utilización no ha sido general y no se ha logrado una extensión adecuada.

Por su parte la deducción en cuota que se propone para los instrumentos sectoriales y de empresa recupera el carácter de subsidio (en contraposición a las rentas exentas), y está mucho más centrado en personas de rentas medias y medio-bajas y, según se señala, podría resultar más barato.

  • Mantenimiento de las aportaciones del colectivo empleador como gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.

Se señala que las aportaciones del empleador son un salario diferido, y en consecuencia, un gasto salarial. Y por ello debe mantenerse su carácter de gasto deducible. Se considera al empresario parte esencial en esta estrategia por lo cual aligerar en alguna medida sus costes sería coherente con la prioridad absoluta de promover la implantación de estos sistemas.

El Plan también realiza una mención del pilar constituido por los sistemas de previsión individual o “tercer pilar”. A este respecto señala que el Plan de Previsión Social Complementaria deberá facilitar la flexibilidad y las opciones y el establecimiento de un marco transparente y pedagógico que permita a los ciudadanos decidir sobre su mejor opción. Y en ese sentido señala que será necesario incidir en el marco de la comercialización de estas prestaciones buscando una mayor profesionalización y transparencia.

Finalmente, en el capítulo 3 del Plan se aborda la cuestión de su “Gestión”.

En este capítulo se presenta el órgano administrativo donde se va a ubicar la responsabilidad de ejecución del Plan, se indica como se organizará la participación de los agentes institucionales y sociales, la incidencia normativa del Plan y cómo se efectuará el seguimiento de los objetivos establecidos y los medios requeridos.

Se encomienda la responsabilidad del mismo al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Se propone la creación del Consejo Superior de la Previsión Social como órgano de carácter consultivo y de encuentro entre los poderes públicos- el Gobierno Vasco, Diputaciones Forales -, los agentes sociales y las propias entidades a través de sus asociaciones o federaciones, así como expertos y profesionales en el ámbito de la previsión social complementaria.

La misión central de este Consejo sería la de evaluar y controlar las perspectivas de protección social de los ciudadanos vascos y la evolución de la implantación de la previsión social complementaria.

Se establecen las funciones que mediante la elaboración de un plan de trabajo de carácter anual, el Consejo Superior de Previsión Social de Euskadi debiera desarrollar.

No se especifica nada sobre su composición, ni sobre la posibilidad de adoptar acuerdos en su seno.

Y llama además la atención que, dentro de este mismo capítulo, al referirse a la “Incidencia normativa del Plan”, y más concretamente a “los contenidos mínimos necesarios a incluir en el Anteproyecto de ley vinculados al Plan”, se menciona este Consejo, pero con otra denominación, la de Consejo Vasco de Previsión Social, en lugar de la de Consejo Superior de la Previsión Social. Se hace mención al mismo, no como órgano “de consulta y encuentro”, sino como órgano de “participación”. Y desaparece sorpresivamente, probablemente por olvido, toda referencia a los agentes sociales.

Se contempla también la creación, como instrumento técnico permanente de análisis y monitorización del Plan de Previsión Social Complementaria, del “Observatorio de la Previsión Social”, cuyo objeto se fija en el seguimiento, conocimiento, investigación y análisis de todas las materias relevantes en relación con las pensiones y más específicamente en relación con el Plan.

En cuanto a la “Incidencia normativa del Plan”, se contemplan tres ámbitos de actuación:

  • el marco regulador de las EPSVs. Se señala que el desarrollo de algunas líneas de actuación recogidas en el Plan exigen una adecuación del marco regulador de las EPSVs. Y ello además de que la normativa de la CAE relativa a EPSVs, se encuentra superada, tanto por un marco normativo estatal muy diferente al de 1983, como por la aplicación de nuevas figuras y conceptos jurídicos que han incidido en el campo de la previsión social. Consecuentemente, se realiza una propuesta de contenidos mínimos necesarios a incluir en el Anteproyecto vinculados al Plan. Entre estos contenidos se encuentra la creación del Consejo Vasco de Previsión Social.
  • adecuación del régimen tributario aplicable a las EPSVs.(a las propias EPSVs, a las aportaciones y a las prestaciones)
  • normativa específica de fomento de las EPSVs (subvenciones, becas, campañas de comunicación, etc.).

Por último, y dentro de este capítulo dedicado a la Gestión del Plan se contempla la dotación necesaria en medios humanos técnicos y presupuestarios.

3.SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

En fechas 18, 19, 22, 23 y 25 de noviembre de 2004, han sido recibidas en este CRL las aportaciones correspondientes a los miembros en representación de CC.OO., ConfeBask, LAB, ELA y UGT respectivamente.

Realizado el análisis de las mismas, apreciamos que existen dos cuestiones, una relativa al Diagnóstico de la situación y su período de referencia, y la otra al Ámbito Competencial respecto del que se mueve el Departamento para realizar las propuestas que presenta, respecto de las cuales existe un sustrato común, aún desde posiciones y ópticas claramente diferentes en las consideraciones que se incluyen en las aportaciones presentadas.

Junto a ello, existen distintas opiniones en cuanto a los posibles cauces para dar solución a la cuestión planteada.

3.1. Opinión respecto al diagnóstico de la situación y al período de referencia

El Plan establece que el gran reto a afrontar se deriva del agudo proceso de envejecimiento que va a registrar nuestra sociedad y que afectará fundamentalmente a las pensiones y todo ello vinculado a un escenario posible para dentro de 50 años.

No se comparte la idea de que el problema del envejecimiento de la población haya de provocar, necesariamente, la insostenibilidad del sistema Público de Reparto a medio plazo.

Se pone así en tela de juicio, por una parte, que para dibujar el escenario futuro se utilicen proyecciones a 50 años cuyo grado de fiabilidad es muy cuestionable y, por otra, se recuerda que la viabilidad del sistema de reparto no está únicamente condicionada a la inversión de la pirámide demográfica y el envejecimiento de la población.

Si bien se admite que el argumento demográfico puede poner en cuestión el sistema de reparto, existen además otras variables que inciden en los gastos e ingresos del sistema público de pensiones. El crecimiento económico, el comportamiento de la productividad, la evolución de las tasas de empleo y su calidad o el de la tasa de actividad, son variables que afectarán también necesariamente al futuro del sistema público de pensiones.

El Plan refleja un escenario en el que el recorte del sistema público de pensiones parece inevitable, considerándose que esta opción obedece a un interés, a una opción política que se rechaza, tanto en el momento actual como de cara a los próximos años.

En cualquier caso y aún admitiéndose como ciertas las consideraciones de orden demográfico que se hacen (envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida, baja tasa de natalidad) no parece adecuada tampoco, tal y como se ha señalado, la proyección a 50 años.

Máxime, cuando dicha proyección se realiza sin tener en cuenta:

  • que todos los especialistas coinciden en que de los distintos aspectos de la evolución humana no existen previsiones, ni pronósticos, a lo sumo sólo proyecciones.
  • que en este campo un futuro a 50 años depende de factores absolutamente impredecibles tales como el desarrollo económico o tecnológico, el crecimiento de la población activa, las medidas de ajuste que vaya tomando el sistema de previsión general,

y teniendo en cuenta, sin embargo, que a la hora de diseñar los escenarios, el Plan del Departamento de Empleo recoge, casi sistemáticamente, los datos más pesimistas.

Además, el estudio se detiene en el 2002 con lo que evita incorporar variables que inciden de forma muy positiva en las expectativas de futuro de cualquier sistema de previsión, como es el caso de la inmigración, que desde el año 2002 hasta la fecha ha crecido de forma muy significativa.

Pero además y aún dando por buena tal proyección a 50 años, en absoluto cabe concluir que la única solución al problema pasa por potenciar los sistemas privados de capitalización como forma de proteger contra el descenso de las pensiones públicas.

3.2. Opinión respecto al ámbito competencial de la CAPV

Si bien con enfoques diversos, varias de las distintas aportaciones aluden al marco competencial en el que se plantea esta iniciativa bien con consideraciones sobre la falta de competencias de la CAPV sobre el diseño general de la previsión social o bien desde un llamamiento al respeto para el marco jurídico-político competencial en esta materia:

a) Se considera que el Plan presentado por el Departamento de Trabajo pretende enfrentarse a la problemática general sin competencias sobre aquellos elementos estructurales de los que depende y sirviéndose de la única materia sobre la que sí las tiene: las EPSV.

“el Plan al no tener la CAPV reconocidas competencias sobre el diseño del sistema general de previsión social, (se) pretende resolver la problemática que la previsión social tiene planteada en Euskadi a través del único instrumento importante, pero secundario, sobre el que tiene competencias como es las Entidades de Previsión Social Voluntaria.” (ConfeBask)

b) Se considera, por otra parte, que se trata de un Plan parcial sobre un campo secundario de la protección social ya que se circunscribe a la Previsión Social Complementaria, pretendiendo resolver la problemática que la previsión social tiene planteada en Euskadi a través no de los instrumentos fundamentales de los que depende, sobre los que la CAPV carece de competencias, sino de un instrumento secundario

“el Plan se limita a constatar la imposibilidad jurídica y política de establecer un nuevo sistema público en claro reconocimiento de la invalidez del marco estatutario para articular una política de protección social propia”. (LAB)

“ELA demanda la capacidad legislativa plena en materia de empleo y protección social. Esta cuestión no está recogida en el actual marco jurídico. Éste recoge la gestión del régimen económico de la seguridad social, a pesar de lo cual ésta no ha sido transferida. ELA considera que la actuación del Gobierno Vasco en este ámbito ha sido decepcionante, ya que no ha desarrollado una estrategia de confrontación política adecuada”.

“Por tanto, el Gobierno Vasco no hace lo que está en su mano para defender un sistema público de pensiones vasco. Para ELA esta es la actuación central que en materia de pensiones debe abordar el ejecutivo de la CAPV. Es necesario e imprescindible mantener un sistema público de pensiones, de la modalidad de reparto y basado en la solidaridad intergeneracional. Este modelo ha de cubrir con dignidad el retiro de las personas que se jubilan, así como las prestaciones de incapacidad, viudedad y orfandad".

"El Gobierno Vasco, a falta de transferencias y competencias, tampoco ha apostado por la creación de un Primer Pilar Vasco con aportaciones y prestaciones propias, al objeto de cubrir con los objetivos expuestos, de tener unas pensiones dignas”. (ELA)

c) Se considera, por último, que el título competencial que se invoca (la PSC) debe enmarcarse en el contexto de la distribución global de competencias.

“el Plan propuesto sólo es posible si se desarrolla desde el respeto al marco jurídico-político competencial en esta materia, es decir que deberá desarrollarse sobre el marco legal en el que es posible acordar sin generar conflictos de carácter jurídico- político”. “La competencia exclusiva,…, se refiere a todo el aspecto organizativo y funcional, sin perjuicio de la competencia estatal en toda la materia básica de seguros”. (CC.OO.)

3.3. Opiniones respecto a las propuestas de solución

Opinión empresarial

La opinión de los miembros de la Comisión designados por ConfeBask se asienta en primer lugar en unas consideraciones generales tales como:

  • que el Plan pretende resolver la problemática que la previsión social tiene planteada en Euskadi a través no de las palancas fundamentales de las que depende (la determinación de la edad de jubilación, la cuantía de las pensiones, los requisitos necesarios para acceder a la prestación o todo lo derivado de la financiación del sistema), sino a través del único instrumento importante, pero secundario, sobre el que se tiene competencias: las entidades de previsión Social Voluntaria;
  • que el Plan presenta un escenario a 50 años que resulta irreal y que además recoge los datos más pesimistas;
  • que desvaloriza el sistema general de previsión social y sus ajustes estructurales, y
  • que se hace una elección interesada de los ejemplos internacionales a seguir.

Seguidamente, identifica los problemas que plantea la propuesta, tales como:

  • su propio planteamiento como la solución autonómica a la problemática del sistema público estatal de pensiones.
  • la injerencia que supone en la negociación colectiva (si no se han constituido planes de empleo es porque no se han dado las condiciones objetivas para ello)
  • se violenta el sistema fiscal, se falsea la realidad cuando se plantea como un coste fiscal de estos sistemas todo aquello que se deja de recaudar en el momento de cada aportación a una EPSV olvidando que la contribución fiscal de los beneficiarios se producirá cuando se acceda a las prestaciones, y además se compromete el funcionamiento y la evolución futura de los planes individuales
  • es una propuesta que no evalúa sus consecuencias sobre el empleo, especialmente sobre aquellos puestos de trabajo mas sensibles a la evolución de los costes.
  • se trata de una propuesta que no contiene evaluación alguna sobre el coste que impone al sistema productivo y, en consecuencia, a la competitividad de las empresas vascas.

Y, finalmente, propone que:

“si el Departamento de Empleo considera que determinados colectivos de pensionistas requieren unos ingresos adicionales, siempre puede, en vez de hacer un dirigismo poco aceptable de los agentes sociales, comprometer sus propios recursos incrementando directamente las pensiones que estime oportunas como han hecho Comunidades Autónomas como Navarra y Andalucía”.

Opinión sindical

A continuación se recogen las opiniones de los miembros de la Comisión sobre las que existe un posicionamiento específico:

Por parte de los miembros de la Comisión designados por CC.OO. se señala, entre otras cuestiones, que el Plan sólo es posible si se desarrolla:

  • Desde el respeto al marco jurídico-político y competencial en esta materia.
  • Desde el reconocimiento de que el Sistema Público de Pensiones del Sistema de reparto ha de seguir siendo la pieza básica de la Protección Social.
  • Desde la aceptación de que la Previsión Social Complementaria tiene el único y exclusivo objetivo de complementar las pensiones públicas, sin vocación sustitutiva alguna.
  • Desde el convencimiento de que el avance hacia el modelo de Previsión Social complementaria sólo es posible con acuerdos estratégicos con los agentes sociales.
  • Y en relación con el Consejo Superior de la Previsión Social, proponiendo la eliminación de algunas de sus funciones. Concretamente las que figuran como párrafos 1, 3 y 5 de la página 135.

Por parte del miembro de la Comisión designado por LAB se señala, entre otras cuestiones, que:

  • no se está ante una cuestión técnica sino política y que dependerá de las prioridades de los poderes públicos para orientar la salida en una u otra dirección.
  • resulta llamativo que este Gobierno presente un Plan tomando como referencias el Pacto de Toledo y el Acuerdo entre el Gobierno del PP, CEOE y CC.OO.
  • la implantación y extensión de las EPSV no es hoy una prioridad en las líneas reivindicativas de LAB en la negociación colectiva.
  • la pretendida generalización de los sistemas de empleo requiere un fuerte dinamismo del espacio sectorial de negociación colectiva, existiendo hoy por hoy notorias dificultades para ello.
  • la dimensión fiscal y el tratamiento tributario de la cuestión no dependen del Gobierno de la CAPV sino de las Haciendas Forales con las que no consta que exista un acuerdo.
  • este Plan parece apostar por un modelo que contrasta vivamente con el que el Gobierno ha establecido para sus empleados/as públicos mediante la creación de Itzarri.
  • una de las principales reservas hacia los sistemas de previsión complementaria es el elevado coste fiscal que suponen, siendo ingentes los recursos que las Haciendas Forales dejan de ingresar, redundando así en perjuicio de la financiación de necesidades sociales básicas. Y ello, aún considerando que resulta conveniente una discriminación positiva del ahorro finalista de los sistemas de empleo en relación a los meros productos financieros ofertados por las entidades financieras, ajenos a un esquema de previsión social.
  • se debe analizar más en profundidad la modalidad de desgravación fiscal propuesta en el Plan.
  • no se hace referencia a la política de inversiones,
  • se echa en falta la regulación del impago y/o morosidad de las aportaciones por parte del empresario.

Por parte de los miembros de la Comisión designados por ELA se señalan, entre otras cuestiones, las siguientes:

  • La prioridad de ELA es el mantenimiento y desarrollo de un primer pilar universal, de reparto y solidario, pero también se considera importante el desarrollo de un segundo pilar apoyado en sistemas complementarios de empleo.
  • Los Órganos de Dirección han de estar compuestos al 50% de cada parte, y las decisiones se deben adoptar por mayoría de cada una de ellas.
  • Las aportaciones y las prestaciones a EPSV en ningún caso deben tener un tratamiento fiscal más favorable que el de las pensiones públicas.
  • En relación con los nuevos órganos que se reflejan en el Plan se señala lo siguiente:
  • El Consejo Superior de Previsión Social de Euskadi, es uno de los órganos que se pretende crear, como órgano de carácter consultivo según el Plan, pero a la vista de las paginas 134 y 138 no podemos saber quienes la van a componer, ni cuantas veces se va a reunir, ni como se tomarán las decisiones oportunas. Y en cuanto a las funciones no se entiende que dentro de las funciones del Consejo, deba de estar la de arbitrar en los conflictos que surjan en el ámbito de la previsión social ya sea entre EPSVs, y menos, entre las mismas y sus componentes.
  • Del Observatorio de la Previsión Social, también se desconoce quienes lo van a componer, como, donde se ubica, y con base a que presupuesto se mantiene dicho observatorio.

Por parte del miembro designado por UGT se señala, entre otras cuestiones, lo siguiente:

  • que respecto a las propuestas concretas que se hacen de modificación del marco legislativo y cambios fiscales, su postura es favorable, aunque mantienen una reserva hasta conocer las medidas concretas.
  • que la voluntariedad es, un elemento clave en estos sistemas y sin ella no apoyarían su introducción en la negociación colectiva.
  • que son contrarios a establecer un sistema de ayudas públicas directas desde el Gobierno Vasco para estos sistemas, ya que no se ha de olvidar que son sistemas privados y los fondos públicos no deben dirigirse a su dotación.
  • que la defensa principal para UGT es la del primer pilar: el sistema de la Seguridad Social, y que su mejora haría innecesaria toda esta ingeniería.
  • que las EPSVs no son para UGT un modelo, ni comparable, ni alternativo al sistema público, porque sus desventajas y sus riesgos son manifiestamente mayores.
  • que existen, además, problemas evidentes para la implantación de estos sistemas en la negociación colectiva.

4. DICTAMEN

En fecha 28 de diciembre de 2004 la Comisión de Informes del CRL adoptó, con los votos a favor de los miembros en representación de ELA, CC.OO. , UGT y ConfeBask, y con el voto en contra del miembro designado por LAB, el siguiente

DICTAMEN

“En los apartados que preceden a este dictamen se recogen y sintetizan las posturas particulares de los miembros de la comisión de informes del CRL. Estas consideraciones se refieren al marco jurídico de la seguridad social desde el punto de vista sustantivo y desde la perspectiva competencial, y a cuestiones concretas sobre las diferentes medidas que propone el plan.

Sin perjuicio de aquellas manifestaciones, el Consejo de Relaciones Laborales:

Primero.- Muestra su disconformidad con el diagnóstico del que parte el Plan de Previsión Social Complementaria que ha elaborado el Gobierno Vasco.

Dicha disconformidad se fundamenta en que, por un lado, se plantea como la solución que desde la Comunidad Autónoma puede darse a la problemática de la previsión social, cuando en realidad la CAPV carece en estos momentos de los instrumentos competenciales necesarios para acometer el problema en su integridad, única forma viable y realista de hacerlo, dado que sólo cuenta con la herramienta, importante pero parcial, de las entidades de previsión social voluntaria, y de otro lado,el Plan presenta como premisa indiscutible el inevitable envejecimiento de la población vasca en los próximos 50 años y en él se mantiene como “única” solución a los problemas derivados de ese envejecimiento la potenciación de la previsión social complementaria.

Las proyecciones resultan de interés pero cuando se realizan contemplando un escenario de 50 años no dejan de ser un ejercicio de especulación y, por lo tanto, no resultan fiables. A la hora de analizar y prever el futuro no se puede obviar que la evolución del sistema público de seguridad social depende sobre todo de factores como la evolución económica y del empleo, el incremento de la productividad y los niveles de actividad, flujos migratorios, etc. La incidencia de estos factores no se evalúa en el Plan.

Como consecuencia de lo señalado, se desliza en el diagnóstico una doble idea errónea: un pronóstico excesivamente alarmista acerca del futuro de la seguridad social pública; y la consideración de que la CAPV puede resolver ese futuro incierto de las prestaciones públicas desde el mero ejercicio de sus actuales competencias sobre la previsión social complementaria.

De otro lado, en cuanto al ámbito de lo que se considera previsión social complementaria, a diferencia de lo que plantea el Plan, a juicio del Consejo materia de dependencia, entendida como la atención a las personas mayores y /o discapacitadas,no debería abordarse desde ésta modalidad de previsión.

Segundo- Está de acuerdo con el desarrollo de la previsión social complementaria pero, dada la configuración actual del sistema, cualquier análisis o propuesta debería pasar por reconocer que es la seguridad social pública la que tiene la capacidad de adaptación suficiente como para garantizar en todo caso el nivel de suficiencia de las prestaciones sociales frente a las contingencias y situaciones de necesidad de las personas.

En consecuencia, la finalidad de la previsión social voluntaria y complementaria no debe ser la de sustituir al régimen público de seguridad social sino complementarlo. Esta modalidad de previsión social debe utilizarse por lo tanto como un mecanismo adicional que, a partir de prestaciones públicas suficientes, permita conseguir el deseable objetivo de complementarlas.

Sin perjuicio de lo anterior, entiende que la contribución de los poderes públicos al desarrollo y potenciación de los sistemas de previsión complementaria pasaría, entre otras, por el fomento de la reflexión acerca de los mismos, contando con la participación de los agentes sociales. Igualmente deben procurar adoptarlas medidas necesarias para el desarrollo de la previsión social en orden a garantizar el bienestar y el desarrollo social y económico de la comunidad.

Pero en cuanto que esas posibles medidas puedan incidir en diferentes ámbitos y materias, es necesario que su adopción se realice teniendo en cuenta las concretas circunstancias socioeconómicas de cada momento y la más rigurosa evaluación de todos los costes y factores implicados.

Tercero.- En su condición de órgano consultivo en materia sociolaboral, considera que le corresponde específicamente expresar su opinión sobre esta materia desde la perspectiva de las relaciones laborales. Y desde esta perspectiva entiende que el Plan del Gobierno Vasco debería tener en cuenta las siguientes consideraciones y premisas:

1º.- Que la previsión social complementaria no puede ni debe plantearse como la solución al problema de un presunto futuro incierto sobre la suficiencia de la Seguridad Social pública.

2º.- Que, sin perjuicio del necesario rigor en el seguimiento de la evolución de la seguridad social, hay que evitar caer en análisis alarmistas sobre los problemas que se ciernen sobre la viabilidad del sistema en un futuro próximo.

A juicio de este Consejo, el Plan debería estar sustentado en un diagnóstico compartido de la situación de la previsión social en su conjunto y de las variables que inciden en su futuro.

3º. - Que la contribución de las relaciones laborales al desarrollo de la previsión social complementaria pasaría por su consideración como una materia susceptible de incluirse en el diálogo social y la negociación colectiva, a través de los sistemas de empleo y bajo el principio del respeto a la voluntad de las partes.

A través del diálogo social cabría el estudio de la actual situación de la previsión social y su eventual desarrollo e implantación a través de los acuerdos entre las partes. Pero, en todo caso, el eventual diálogo y negociación entre las partes acerca de esta materia debe producirse de manera libre y voluntaria y observando siempre de forma escrupulosa los principios que informan la negociación colectiva.

4º.- Que, cualquier aproximación a esta materia debe realizarse teniendo en cuenta las características de nuestro tejido empresarial compuesto en gran medida por pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales y las circunstancias de las empresas. Asimismo, las iniciativas a adoptar deben tener muy presente su repercusión en la estabilidad económica de las empresas para evitar que las obligaciones derivadas de los acuerdos comprometan la viabilidad de aquellas. Mas concretamente, las medidas contempladas en el Plan para su aplicación deben estar acompañadas de un análisis de sus repercusiones y una evaluación de todos los costes.

Cuarto.- Considera adecuado que los poderes públicos, con sujeción a las consideraciones y premisas señaladas, desplieguen una labor de apoyo a la previsión social complementaria, dotándola de un régimen jurídico adecuado y acorde con su finalidad.

Quinto.- Por último y dado que en cumplimiento del plan de previsión está previsto abordar la modificación de la actual Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria, el Consejo de Relaciones Laborales expresará en su momento su opinión con respecto a las previsiones normativas que se incluyan, en su caso, en el correspondiente proyecto de ley.

Asimismo, en la reunión de la Comisión de Informes de 28 de diciembre de 2004, se anunció la presentación de “explicación de voto”, por parte de los miembros designados por ELA, CC.OO. y ConfeBask, así como la formulación de “voto reservado” por parte del miembro designado por LAB.

Bilbao, a 30 de diciembre de 2004.

VOTO RESERVADO PRESENTADO POR EL MIEMBRO DESIGNADO POR LAB

El sindicato LAB se pronuncia en contra del Texto transaccional para el Dictamen sobre el Plan de Previsión Social Complementaria. Por consiguiente, emite el siguiente VOTO RESERVADO:

Primero.- LAB mantiene en su integridad la enmienda a la totalidad presentada en su escrito de 6 de diciembre pasado:

“El Consejo de Relaciones Laborales considera necesario que las Instituciones de la CAPV adopten una estrategia política firme encaminada a la conformación de un sistema propio de protección social, con plena capacidad legislativa y de gestión para desarrollar un sistema vasco de seguridad social integral que garantice para todas las personas unas prestaciones públicas suficientes para una vida digna, autónoma y de calidad. Todo ello desde la premisa de que la previsión social voluntaria carece de la centralidad necesaria para configurar un sistema de protección social propio, aspecto medular en la edificación de un Marco vasco de relaciones laborales.

En el contexto señalado, el Gobierno de la CAPV podrá promover la regulación de la previsión social complementaria, particularmente los sistemas de empleo emanados de la negociación colectiva”.

Segundo.- Sin perjuicio de lo anterior, LAB presenta su voto reservado por disconformidad también con los siguientes apartados del texto propuesto:

Párrafo segundo del apartado segundo. La posición de LAB se refleja en el siguiente texto:

“ En consecuencia, la finalidad de la previsión social complementaria no debe ser la de sustituir al régimen público de seguridad social sino complementarlo. Esta modalidad de previsión social debe utilizarse por lo tanto como un mecanismo adicional a unas prestaciones públicas suficientes y cuyo nivel de cobertura en ningún caso debe sufrir disminución alguna”.

Párrafo tercero del apartado tercero. La posición de LAB es la que se consigna a continuación:

“ Que la contribución de las relaciones laborales al desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios pasa por su consideración como una materia susceptible de incluirse en la negociación colectiva, bajo el principio de la autonomía colectiva de las partes. En este sentido, la negociación colectiva sectorial ocupa un lugar preeminente e insustituible en la implantación y extensión de la previsión social complementaria, máxime si se pretende cubrir las necesidades de las y los trabajadores de la pequeña y mediana empresa”.

EXPLICACIÓN DE VOTO DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS POR ELA

En relación al diagnóstico del plan

El Plan destina la mayor parte de las páginas a realizar un diagnóstico de la situación. Sin duda, hay elementos en los que estamos de acuerdo, pero en otros no. En especial, no compartimos todas las cuestiones que, de manera directa o indirecta, tratan de reflejar un escenario en el que el recorte del sistema público de pensiones es inevitable. Pensamos que esta opción obedece a un interés, a una opción política que rechazamos rotundamente, tanto en el momento actual como de cara a los próximos años.

ELA no comparte ni aceptará una minoración de la pensiones (ya sea vía ampliación de años para acceder, o sea por minoración de la cuantía). ELA no está de acuerdo con el Pacto de Toledo, ni con las “bondades” señaladas en el diagnostico del Plan, porque el Pacto no soluciona los problemas de unas prestaciones dignas para los pensionistas del futuro ( menos dinero = más tiempo de cobro = no solución del problema social apuntado para el futuro).

DEMANDAMOS LA CAPACIDAD LEGISLATIVA PLENA EN PROTECCIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA PROPIO

ELA demanda la capacidad legislativa plena en materia de empleo y protección social. Esta cuestión no está recogida en el actual marco jurídico. Éste recoge la gestión del régimen económico de la seguridad social, a pesar de lo cual ésta no ha sido transferida.

En el denominado Plan Ibarretxe las competencias legislativas plenas en materia de empleo y de protección social tampoco se recogen, por lo que se da por bueno que la legislación sobre pensiones siga dependiendo de lo que se decida en el parlamento español. ELA ha denunciado esta situación, y en su día propuso varias enmiendas para corregir la misma.

El sistema público

La defensa de un sistema público de pensiones vasco es la actuación central que en materia de pensiones debe abordar el ejecutivo de la CAPV. Es necesario e imprescindible mantener un sistema público de pensiones, de la modalidad de reparto y basado en la solidaridad intergeneracional. Este modelo ha de cubrir con dignidad el retiro de las personas que se jubilan, así como las prestaciones de incapacidad, viudedad y orfandad.

El Gobierno Vasco debería apostar por la creación de un Primer Pilar Vasco, con aportaciones y prestaciones propias, al objeto de cubrir con los objetivos expuestos, de tener unas pensiones dignas.

El sistema complementario de empleo

La prioridad de ELA es el mantenimiento y desarrollo de un primer pilar universal, de reparto, y solidario. No es justificable su recorte y reiteramos nuestra voluntad de trabajar en contra de las reformas que se anuncian para los próximos años.

También consideramos importante el desarrollo de un segundo pilar, apoyado en sistemas de previsión complementarios de empleo que potencien y complementen niveles de ingresos suficientes entre la población trabajadora para afrontar en su jubilación una mayor longevidad asumiendo los retos que ello conlleva.

Ante el plan presentado, nos parece oportuno reflejar nuestra visión sobre lo que debe de ser la Previsión Social de Empleo de calidad. Favorecer la incorporación a la previsión complementaria de empleo de aquellas personas que no lo están y que además, van a ser las más necesitadas de ella, pasa por tener claros cuáles deben ser los objetivos, para que éstos puedan ser difundidos y a su vez reconocidos por el conjunto de la población trabajadora.

Para ELA, la Previsión Social Complementaria de empleo debe consistir en que todo trabajador o trabajadora pueda disponer de una pensión complementaria a la del primer pilar, sostenible en el tiempo (las prestaciones se percibirán mayoritariamente en forma de renta vitalicia), con aportaciones de trabajadores y empresas, por lo que consideramos que su desarrollo debe de tener como base la negociación colectiva, los Órganos de Dirección han de estar compuestos al 50% de cada parte, y las decisiones en los mismos se deben adoptar por mayorías de cada una de ellas.

La previsión social complementaria de empleo debe a su vez, promover mecanismos de solidaridad acordes con su objeto y finalidad (complementar las prestaciones de la Seguridad Social y Clases Pasivas), ante situaciones ya tipificadas por la propia administración pública en materia de pensiones, como son la Jubilación, Invalidez y derivaciones de Fallecimiento así como las prestaciones de riesgo: muerte e invalidez.

En relación al tratamiento fiscal, ELA está de acuerdo con la crítica que realiza el Plan a la situación actual. Las competencias fiscales están en manos de las Diputaciones Forales, por lo que sería necesario un compromiso de éstas en esta dirección. Sobre este tema, ELA reitera sus propuestas, realizadas a la hora de las reformas del IRPF. Las aportaciones y las prestaciones a EPSVs en ningún caso deben tener un tratamiento fiscal más favorable que el de las pensiones públicas. Y las EPSVs de empleo deben tener un mejor tratamiento que las individuales. Es claro que el tratamiento fiscal no puede quedar al margen de un plan de estas características.

Las entidades de Empleo que cubran estos objetivos, son las que tienen que ser las beneficiarias de las ayudas económicas establecidas en el Plan. ELA comparte la necesidad de crear un marco específico para la regulación de las EPSVs de empleo, cualificándolas.

Para ELA, en la previsión complementaria de empleo, no tiene sentido hablar de figuras que existen hoy en día en las EPSVs como es el rescate, o la generalización del pago de las prestaciones en forma de capital. Ambos aspectos desvirtúan lo que a nuestro juicio es el objeto de la previsión.

Otros temas

Se debe sacar del Plan la cuestión de la dependencia. La atención a las personas se debe abordar como un derecho universal, garantizado por ley.

En relación a los nuevos órganos que se reflejan en el plan:

  • El Consejo Superior de Previsión Social de Euskadi, es uno de los órganos que se pretende crear, como órgano de carácter consultivo según el Plan, pero si vemos las paginas 134 y 138 no podemos saber quienes la van a componer, ni cuantas veces se va a reunir, ni como se tomaran las decisiones oportunas.
  • En cuanto a las funciones:
    • En el primer apartado entendemos que debería decir: analizar la viabilidad del Sistema Publico Vasco de Protección Social.
    • No entendemos que dentro de las funciones del Consejo, deba de estar la de arbitrar en los conflictos que surjan en el ámbito de la previsión social ya sea entre EPSVs, y menos, entre las mismas y sus componentes.
  • Del Observatorio de la Previsión Social, también desconocemos quienes la van a componer, como, donde se ubica, y con base a que presupuesto se mantiene dicho observatorio.

Por ultimo, ELA en su momento expresará su opinión respecto a las modificaciones normativas que se puedan presentar a la actual Ley de EPSVs.

EXPLICACIÓN DE VOTO DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS POR CC.OO.

El apoyo de CC.OO. de Euskadi al Dictamen elaborado en el seno del CRL sobre el Plan de Previsión Social Complementaria remitido en su día por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, se sustenta, entre otras en las siguientes consideraciones:

  1. Se ha constatado un importante esfuerzo por todas las partes para llegar a un acuerdo de síntesis que, en algunos casos, ha supuesto renuncias a las cuestiones de principio que mantenían las diferentes organizaciones. Además el debate se ha realizado a través de un diálogo que ha sido enriquecedor y que debiera de producirse con más asiduidad en el seno del Consejo.
  2. Como es conocido CC.OO. ha defendido la implantación del Sistema Complementario de Previsión Social porque la actual estructura de las pensiones públicas permite incorporar un segmento complementario al sistema público de reparto más allá de las grandes empresas y de los trabajadores con mayores salarios. Hemos compartido también la conveniencia de generalizar la Previsión Social Complementaria en Euskadi con el objetivo de que alcance al 70% de la población y hemos mostrado nuestra posición de que, en materia de cuantía de las prestaciones que se deriven de la Previsión Social Complementaria, el objetivo es el alcanzar como máximo, entre la pensión pública y la complementaria, el 100% del último salario en activo.
  3. El modelo que defiende CC.OO. ha quedado reflejado en las diferentes enmiendas presentadas al texto del plan y entendemos que en lo referente a las aportaciones, su financiación, instrumento utilizado para la previsión social, forma de adopción de decisiones o contenidos de las coberturas es algo que se debe realizar en el marco de la negociación colectiva.
  4. CC.OO. entiende que la mejor manera de generalizar la Previsión Social Complementaria es a través de la negociación colectiva sectorial, es decir, los sistemas de empleo sólo se pueden generalizar si son objeto de discusión y acuerdo en el ámbito sectorial, sin que ello excluya, de ninguna manera, otros ámbitos de negociación.
  5. En relación con el contenido del Dictamen CC.OO. entiende que recoge perfectamente la posición de las partes en relación con el capítulo del diagnóstico que ha elaborado el Gobierno Vasco. Asimismo en relación con el contenido del plan para CC.OO. el Dictamen es un apoyo claro a los elementos básicos del plan en lo referido a la necesidad de que los poderes públicos impulsen y desarrollen sistemas de previsión social complementaria y en concreto es un apoyo a los sistemas de empleo. En el Dictamen queda también perfectamente recogido el papel que la negociación colectiva debe jugar en la generalización de los mismos, cuestiones todas éstas que coinciden con las propuestas que hemos venido realizando desde nuestra organización y que por sí mismas son suficientes para dar nuestro apoyo al Dictamen.

EXPLICACIÓN DE VOTO DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS POR CONFEBASK

Partiendo del entendimiento compartido por los agentes sociales de que el Gobierno Vasco establezca un marco favorable de previsión social voluntaria vinculada a la ocupación, para ConfeBask, el sentido negativo del Dictamen emitido por el CRL respecto al Plan de Previsión Social Complementaria remitido por el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social, se apoya en una consideración fundamental:

Que tal marco favorable a la previsión social complementaria debe establecerse en las condiciones que establece el propio Dictamen. Pues bien, la propuesta remitida por el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social no las cumple.

Como señala el propio Dictamen, la propuesta parte de un diagnóstico alarmista e irreal que, por un lado, niega el sistema público de Seguridad Social a capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, y, por otro lado, plantea la ficción de que el problema al que se enfrenta puede ser resuelto desde la CAPV con el ejercicio de las competencias que se ostentan en materia de previsión social voluntaria.

Ya en el contenido mismo de la propuesta, que tiene, además, la peculiaridad de apoyarse en dos pilares, la negociación colectiva y la fiscalidad, que no dependen del proponente, plantea, entre otros, varios inconvenientes mayores:

  • En primer lugar, se formula sin un estudio que determine, ni poco, ni mucho, su incidencia sobre la economía vasca y sobre la competitividad de la empresa. La cuestión es grave en cuanto que en la propuesta se barajan aumentos de cotización de 6 a 7 puntos que recaerían sobre un tejido empresarial que ya soporta aportaciones al sistema público de Seguridad Social de las más altas del mundo.

La propuesta del Departamento tampoco estudia el efecto que la misma puede tener sobre el empleo, especialmente, sobre el que va a percibir retribuciones bajas y medias, sobre las que impone un sobrecoste que va, directamente, en el sentido contrario de una de las medidas de fomento de empleo que suscita un mayor grado de aceptación: la disminución de costes extrasalariales, especialmente, de los empleos con ingresos bajos y medios.

  • En otro orden de cosas, la propuesta que, necesariamente debe ser materializada a través de la negociación colectiva, se presenta en un momento especialmente crítico de las relaciones laborales vascas y, por lo mismo, manifiestamente inoportuno.

Desde luego, constituye una ingenuidad pensar que la eventual implantación de los sistemas complementarios pueden contribuir por sí mismo a la normalización de las relaciones laborales, como desgraciadamente demuestra la realidad.

En un tema de las características de la previsión social voluntaria, la oportunidad del momento resulta crucial y la falta de acierto en el mismo, constituye una injerencia que, seguramente, tenga como resultado en las relaciones laborales o en la previsión social complementaria, efectos contrarios a los que se pretenden.

  • En tercer lugar, las medidas fiscales que se proponen, plantean, primeramente, problemas técnicos serios en cuanto que no puede establecerse para los sistemas complementarios, tratamientos más favorables que los reservados para el sistema público de la Seguridad Social a base de hacer a aquellas aportaciones deducibles de la cuota tributaria y no de la base imponible. Si las aportaciones a los sistemas complementarios tienen el carácter de salario diferido, como tales salarios solo deben desgravarse, igual que se hace con las cotizaciones a la Seguridad Social, de la base imponible de la que forman parte y en la que volverán a integrarse posteriormente en el momento de su percepción.

Independientemente de las manifestaciones técnicas, uno de los inconvenientes que esta propuesta plantea desde el punto de vista fiscal, es que compromete la fiabilidad misma del sistema fiscal en su globalidad, en cuanto que realiza planteamientos a 50 años partiendo de la modificación de otras propuestas previas que han generado en quienes han creído en ellas, unas expectativas que van a verse defraudadas. Difícilmente puede reclamarse credibilidad a un sistema fiscal que realiza propuestas a futuro que se apoyan en la ruptura de compromisos del pasado.

En síntesis, ConfeBask entiende que la implantación de un marco favorable en la previsión social complementaria requiere de una serie de condiciones que se detallan en el Dictamen del CRL y que la propuesta remitida del Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social no cumple, básicamente, porque:

  • Parte de un diagnóstico alarmante e irreal.
  • No es posible determinar sus costes en términos de competitividad empresarial y de empleo.
  • Se plantea en un momento particularmente inoportuno dadas las características actuales de las relaciones laborales en la CAPV.
  • Compromete la fiabilidad del sistema fiscal en su globalidad.