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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las ayudas para la participación de las personas trabajadoras en empresas
 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las ayudas para la participación de las personas trabajadoras en empresas

Antecedentes

Con fecha 11 de mayo de 2006 ha tenido entrada en el Consejo de Relaciones Laborales por conducto de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Proyecto de Orden por la que se establecen las ayudas para la participación de las personas trabajadoras en empresas, con la solicitud de que dicho texto sea examinado en el seno del Consejo y a fin de que, en el marco de sus competencias, éste emita el correspondiente informe.

Consideraciones generales

La iniciativa de establecer ayudas a la participación de los trabajadores en las empresas no es nueva ya que se trata de un programa que tiene 6 años de vigencia tal y como se hace constar en su exposición de motivos. Ésta es la primera vez, sin embargo, que una norma de estas características se remite a informe del Consejo de Relaciones Laborales, quizá por una valoración equivocada de su alcance real, pues a pesar de que se trata de una disposición impulsada desde la Dirección de Economía Social y gestionada por ella, sus previsiones se aplican, aunque con un alcance diferente, a todas las empresas.

En consecuencia y a pesar de que se trata, como se ha dicho, de un programa con varios años de vigencia no existen en el Consejo antecedentes ni pronunciamientos previos sobre él.

De cualquier manera, el contraste del contenido de este proyecto de norma con el de las que, con el mismo objeto, la han precedido en el tiempo, muestra que apenas se han introducido modificaciones. Quizá la única diferencia reseñable, con respecto a su antecedente normativo inmediato, la orden de 6 de julio de 2005,es la desaparición como acción susceptible de ser subvencionada de la transformación de empresas que no son de economía social, en entidades de economía social. Esta acción, incluida en la orden de 2005, desaparece ahora del elenco de las que se relacionan en el artículo 2 del proyecto de orden.

Contenido material de las ayudas incluidas en la orden

Este proyecto de orden establece ayudas económicas para apoyar la realización de acciones cuyo objetivo es, directa o indirectamente, incentivar la participación de los trabajadores y trabajadoras en su empresa.

Los niveles de intensidad con los que se aborda este objetivo son, sin embargo, diferentes. Y por ello conviene distinguir tres grupos entre las diferentes acciones subvencionadas.

a) la realización de diagnósticos sobre el grado de participación de las personas trabajadoras en una empresa determinada. Esta acción se complementa, en su caso, con otra dirigida a la elaboración y aprobación de planes concretos para “mejorar” –según la expresión de la norma- la participación en esa empresa de sus trabajadores por cuenta ajena.

b) la realización de acciones de investigación, formación y divulgación para fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas.

c) Ayudas directas, con diferente contenido en función de las características de la empresa y del tipo de acción concreta de que se trate, para la suscripción de acciones o participaciones del capital social por parte de los trabajadores por cuenta ajena o para su incorporación como socios a entidades de economía social.

Ámbito de aplicación y sujetos destinatarios de las ayudas

Como ya se ha señalado, la orden se dirige al conjunto de las empresas, aunque en muchos casos y para definir el alcance de la acción subvencionada y el contenido concreto de la ayuda distingue entre empresas de economía social y el resto, sin definir por otra parte de manera expresa el concepto de lo que ha de entenderse por entidades de economía social, olvidando quizá que no se trata de un concepto normativo y que carece por tanto de un contenido preciso y unívoco desde el punto de vista jurídico.

La orden incluye también como sujetos destinatarios de alguna de las ayudas a lo que denomina, sin mayor aclaración, instituciones públicas y privadas.

A partir de la caracterización general de estas acciones y mediante una técnica en muchos casos bastante compleja, la orden identifica el destinatario de la ayuda en función del tipo de acción.

-Para las acciones del grupo A, (diagnósticos y planes) la ayuda se reconoce con el mismo alcance a cualquier empresa que acometa su realización, siempre que lo haga a través de sociedades consultoras con unas determinadas características (definidas a su vez en el artículo 4 del proyecto), o ponga en marcha, a partir de aquel diagnóstico, un plan de mejora del nivel de participación. Aquí la orden se limita a diferenciar entre empresas de economía social y las que no lo son, únicamente para definir el contenido mínimo de este diagnóstico. En todo caso, las cuantías de las ayudas son las siguientes:

  • Para la realización del diagnóstico: la cuantía de la subvención es del 75% de su coste neto (previamente aprobado por la dirección de economía social) con el límite de 12.000 euros.
  • Para la puesta en marcha del plan: el 50% de los costes netos, igualmente aprobados por la dirección de economía social, con el límite de 30.000 euros.

Acciones del grupo B (de investigación, formativas o divulgativas), la ayuda se reconoce a entidades e instituciones públicas y privadas, sin mayor especificación. En este caso, la ayuda se concreta en:

  • El 75% del coste neto de la acción de que se trate (previamente aprobado por la dirección de economía social) con el límite máximo de 30.000 euros.

Acciones del grupo C. Su tipología es más compleja y en relación con ellas la distinción entre empresas de economía social y las que no lo son, tiene mayor incidencia.

Empresas ordinarias: únicamente se subvenciona la adquisición de acciones o participaciones sociales cuando esta adquisición se realice por un tercio de las personas trabajadoras de la empresa con contrato indefinido que suscriban como mínimo el 10% del capital social. Si se cumplen estas condiciones, el contenido de la ayuda tiene un doble alcance:

a) De una parte se subvenciona a cada trabajador con una cantidad equivalente al 50% del valor de las acciones o participaciones suscritas, con un límite de 1.500 euros, y

b) De otra, se subvenciona a la empresa con el 50% de los costes netos – aprobados en todo caso, por la dirección de economía social- relativos a la formalización de la operación societaria con un límite de 12.000 euros.

Empresas de economía social: se subvenciona la incorporación como socio de la entidad de sus propios trabajadores por cuenta ajena, con contrato indefinido y un año de antigüedad, al menos, en aquella entidad de economía social. En este caso, la subvención cubre el importe de la participación adquirida por el trabajador con un límite de 1.500 euros. Aquí, a diferencia por tanto del caso anterior, no se exigen otros requisitos adicionales relativos al número mínimo de trabajadores implicados y al importe de la operación en su conjunto.

Supuesto especial establecido únicamente para empresas de economía social. La exposición de motivos del proyecto de orden destaca este supuesto como una de las novedades de la norma. Sin embargo, esta previsión específica ya se contenía en la orden aprobada el año anterior(orden de 6 de julio de 2005).

A pesar de que la norma no lo expresa con la claridad deseable el supuesto que se regula es el siguiente: cuando la incorporación del trabajador por cuenta ajena a la entidad de economía social se hubiese producido por la vía de una subrogación legal de la entidad en la condición de empleador, a consecuencia de la adjudicación a ésta de una contrata o concesión administrativa, se suprime la exigencia de que quien se incorpore como socio sea un trabajador indefinido con una antigüedad mínima (un año)

Otras disposiciones incorporadas al proyecto de orden

En el resto de su articulado la orden responde a la estructura típica de las normas de carácter subvencional, fijando los requisitos exigidos para el acceso a las ayudas y las obligaciones que adquieren los beneficiarios de las mismas, así como el régimen de compatibilidad de estas ayudas con otras de contenido similar, el procedimiento aplicable para su tramitación, el órgano competente para resolver y el régimen de recursos, forma de pago, y consecuencias y responsabilidades derivadas del incumplimiento de las prescripciones establecidas en la norma. En todos estos aspectos el proyecto de orden reproduce también el contenido de la orden de 6 de julio de 2005 que constituye como se ha advertido su antecedente inmediato.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Con fecha 19 de Mayo se han recibido en el Consejo de Relaciones Laborales las alegaciones y consideraciones particulares de los miembros de la comisión de informes en relación con el referido proyecto de norma.

Opinión sindical

El miembro de la comisión designado por LAB considera que el proyecto de orden no tiene como objetivo el fomento real dela participación de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de cambio de la organización empresarial, tanto de tipo productivo como societario o de estatus jurídico, sino el incremento de la competitividad empresarial dentro de un sistema de gestión avanzada de corte neoliberal. La organización a la que representa rechaza, por tanto, el modelo de participación que preconiza la orden,basado en favorecer con fondos públicos la adquisición de algunas acciones por parte de los trabajadores y trabajadoras y se pronuncia por el de profundizar en la democratización de las relaciones laborales garantizando la participación sindical activa en aquellos procesos de cambio.

En consecuencia, manifiesta su opinión contraria al proyecto de orden y rechaza de forma expresa el desvío de fondos públicos para financiar iniciativas ajenas a los intereses y prioridades de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la CAPV.

Por su parte el miembro designado por UGT manifiesta su aceptación, en términos generales, de este proyecto de orden, que en lo sustancial reproduce el contenido de otras disposiciones anteriores de contenido similar, aunque realiza alguna propuesta concreta de modificación.

En concreto, solicita la supresión como criterio en el artículo 6.6 párrafo 2º, (que se refiere a los criterios para la asignación de la subvención en actividades de investigación, formativas y divulgativas), de la “cualificación y prestigio profesional de la entidad o institución”, por considerar que se trata de un criterio poco objetivo que podría abrir un portillo a decisiones arbitrarias y que no se basa además en el contenido concreto del proyecto planteado por la entidad peticionaria, sino en factores subjetivos. En este sentido, solicita la adición, en su lugar, de un nuevo criterio basado en el grado de participación real de los trabajadores que se contempla en el proyecto presentado.

En segundo lugar solicita que entre los requisitos generales para tener acceso a la subvención (artículo 7) se incluya que la empresa no haya sido sancionada en un periodo previo (que deberá ser suficientemente amplio) por infracciones graves o muy graves por conductas atentatorias contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en especial en materia de prevención de riesgos laborales, tipificadas en el texto refundido de infracciones y sanciones aprobados por el Real Decreto Legislativo 5/2000.

Opinión empresarial

Por su parte, el miembro de la comisión de informes designado con Confebask, considera que tratándose de un programa que tiene una vigencia de 6 años y que este proyecto de orden mantiene en sus líneas básicas, habría que evaluar con carácter previo los resultados obtenidos para emitir una opinión suficientemente fundada sobre la decisión de mantenerlo.

Por otra parte, entiende que carecen de fundamento y de justificación objetiva las diferencias que se establecen entre las empresas de economía social y el resto.

REUNIDA CON FECHA 24 DE MAYO DE 2006 LA COMISIÓN DE INFORMES DEL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES REALIZÓ LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

En primer lugar puso de manifiesto la ausencia de información y datos precisos relacionados con el alcance real de esta iniciativa durante los 6 años que lleva aplicándose, lo que plantea dificultades evidentes para valorar sus resultados y emitir una opinión fundada sobre la conveniencia de mantenerla o modificarla.

En el curso de esta reunión los miembros designados por ELA y LAB dejaron constancia de que el modelo de participación que maneja el proyecto de orden no es el que preconizan sus respectivas organizaciones, por lo que expresan su oposición a que se destinen fondos públicos a financiar la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa por los trabajadores y trabajadoras de ésta.

CC.OO manifestó que era necesario disponer de información sobre la marcha de este decreto a lo largo de los seis años de funcionamiento, pero que a falta de esta información todo parece indicar que es un decreto orientado en exclusividad a la economía socia l. Entiende, no obstante, que para la concesión de este tipo de ayudas sería deseable en las empresas que no sean de economía social la exigencia de un informe por parte de la representación legal de los trabajadores.

Por su parte, y aunque considera que la norma no explica suficientemente por qué se extienden sus previsiones a trabajadores por cuenta ajena en empresas ordinarias, el miembro designado por UGT hizo constar que no se opone a la iniciativa de fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras a través del sistema que se establece en el proyecto de orden.

Por último, el miembro designado por Confebask afirmó que, sin perjuicio de la falta de información y la ausencia de una justificación explícita sobre las diferencias de trato que el proyecto de orden establece entre las empresas de economía social y el resto, la iniciativa de facilitar el acceso de los trabajadores y trabajadoras al capital social de la empresa, debe considerarse como positiva.

Ante la ausencia de una opinión común sustentada por una mayoría suficiente de los miembros de la comisión de informes, la reunión concluyó sin un dictamen del Consejo de Relaciones Laborales sobre el proyecto de orden por la que se establecen ayudas para la participación de las personas trabajadoras en empresas.

Bilbao 8 de junio de 2006