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Proyecto del Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en la Comunidad Autónoma de Euskadi
 

El director de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco ha remitido a este Consejo de Relaciones Laborales el capítulo V del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Bingo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de que, si fuera procedente, el Consejo emita informe sobre su contenido.

Corresponde analizar, por tanto, en primer lugar si el referido proyecto -o más exactamente su capítulo V, que es el que se nos ha remitido- puede ser considerado, en sentido amplio, una materia socio-laboral, a lo que se ciñe la función consultiva de esta institución.

Lo sociolaboral aglutina en capas concéntricas, pero vinculadas entre sí, lo laboral y lo social. La primera capa (la materia estrictamente laboral) gira directamente en torno al contrato de trabajo. A ella pertenece todo el conjunto de disposiciones que pretenden regular el intercambio recíproco de prestaciones entre el trabajador y su empresario (función que incumbe en lo esencial a la autonomía colectiva) o fijar a través de normas estatales e indisponibles el contenido mínimo de las relaciones laborales. Dentro de este primer nivel habría que incluir también aquellas otras normas que, desde una perspectiva más instrumental, tienen también como objetivo último disciplinar las relaciones de empleo, bien en cuanto a su nacimiento (servicios de contratación, etc), desenvolvimiento (seguridad y salud laboral,etc.) o cumplimiento (instancias administrativas, justicia laboral), bien en cuanto a las estructuras relacionadas con el ejercicio de autonomía colectiva (derecho sindical). El denominador común de estas normas es, en todo caso, el contrato de trabajo, pues a través de ellas se pretende incidir, en sus aspectos internos o externos, en la relación jurídica que vincula al trabajador y al empresario.

La segunda capa, lo social, abarca un ámbito más amplio y también más indeterminado. En todo caso la competencia de este Consejo se extiende a lo “sociolaboral” concepto más estricto que lo social en general. En consecuencia, el ejercicio de la función consultiva debe quedar vinculado con aquella parte de la política social que, no relacionándose directamente con el contrato de trabajo, puede conectarse, sin embargo, con “el hecho social del trabajo”. A este nivel pertenecen, por ejemplo, las normas de fomento del empleo, las disposiciones en materia de seguridad social básica o complementaria… En todos estos casos las normas no afectan a las obligaciones recíprocas derivadas del contrato de trabajo, pero hacen referencia a consecuencias jurídicas vinculadas al hecho social del trabajo y por ello han ser consideradas materia “sociolaboral” a efectos del ejercicio de sus competencias consultivas por parte de este Consejo de Relaciones Laborales. Lo común a estas normas o políticas es que tienen una finalidad protectora del bienestar del personal asalariado.

El proyecto de decreto remitido para consulta, en concreto su capítulo V, contiene una enunciación de cometidos aparentemente laborales. Se trata de preceptos que presentan una cierta similitud con los listados de categorías profesionales y de sus cometidos respectivos que suelen contener los convenios colectivos. Desde el punto de vista material, existen muchas razones para concluir que esta apariencia de laboralidad no le confiere al proyecto el carácter de “norma sociolaboral”. En este sentido, por ejemplo, es claro que, desde una perspectiva laboral, la especificación de categorías profesionales excede de las competencias no ya de la Administración autonómica, sino de la propia ley, pues constituye una materia que el legislador ha atribuido a la autonomía colectiva; pero desde un punto de vista formal esta comisión del Consejo de Relaciones Laborales entiende también que sería conveniente que la norma tratara de evitar cualquier confusión terminológica especificando, por ejemplo, que la definición de categorías que contiene se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la determinación del contenido funcional inherente a las relaciones contractuales establecidas entre el empresario y el trabajador. De este modo quedaría también constancia formal de que la enunciación de funciones se efectúa exclusivamente con la finalidad de disciplinar la actividad empresarial del juego al amparo de las facultades administrativas de policía.

En efecto, aquella enumeración de “funciones laborales” se dirige en realidad a la empresa titular del establecimiento de juego que es quien debe garantizar su cumplimiento a través de personas que estén en posesión de unas habilitaciones profesionales determinadas. Para ello exige la norma la obtención de un carnet profesional cuya posesión constituye un requisito previo y necesario para el ejercicio de la actividad profesional. La identificación de categorías y la asignación a cada una de ellas de cometidos concretos no cumple aquí, por tanto, una función de identificación de los derechos y deberes recíprocos de las partes del contrato laboral, sino un objetivo de ordenación de una actividad empresarial intervenida.

La extralaboralidad del proyecto de decreto debería quedar también claramente establecida en el apartado relativo a la regulación de las gratificaciones voluntarias. En este sentido, el representante de CCOO considera de interés remarcar que la facultad de suprimir, temporal o definitivamente, estas gratificaciones ha de responder estrictamente al ejercicio de funciones de policía y en ningún caso a la finalidad de impedir a los trabajadores, por razones o motivos distintos, el acceso a unos rendimientos económicos adicionales.

Hechas las consideraciones anteriores y a modo de conclusión esta Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales entiende que en el proyecto de decreto de cuyo capítulo V se nos da traslado, el departamento competente del Gobierno Vasco en materia de juego (art. 10.35 EAPV) se limita a ejercitar funciones vinculadas a su condición de autoridad administrativa para el establecimiento de las condiciones que permitan un desarrollo ordenado de una actividad intervenida como ésta. El hecho de que el contenido del capítulo V del proyecto de reglamento pueda incidir de manera indirecta en las relaciones de empleo de este sector de actividad, es solo una consecuencia refleja del ejercicio de aquellas competencias indeclinables que no justifica, sin embargo, la intervención en fase de consulta de este Consejo.

Bilbao, 23 de junio de 2003