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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales

 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco ha remitido a este Consejo de Relaciones Laborales por conducto de su Dirección de Estudios y Régimen Jurídico el anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, a fin de que por este organismo se emita el correspondiente informe.

1. Informe técnico

1.1 Antecedentes normativos

La Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social estableció los instrumentos de carácter social y las prestaciones económicas necesarias para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como para contribuir a la inserción de quienes carecen de recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente.

Con posterioridad esta Ley se ha visto modificada por otras y afectada, en lo que no se opusiera a la misma, por la Ley 10/2000, de 27 de noviembre, de Carta de Derechos Sociales, que consagra el derecho a una Renta Básica.

En el ámbito de las leyes modificatorias de la Ley contra la Exclusión Social, la ley 8/2000, de 10 de noviembre permitió la extensión de la protección ofrecida por la Renta Básica a las personas mayores de 60 años, hasta entonces excluidas de este dispositivo.

Se estima ahora que, a pesar del indudable avance que ha supuesto la apertura de acceso a la prestación a estas personas, la regulación actual de la Renta Básica limita considerablemente el acceso real a la misma, en la medida en que la insuficiencia del nivel de ingresos de estas personas sólo es susceptible de tal derecho cuando dicha insuficiencia se observa en el cómputo de los ingresos de la unidad convivencial.

Se considera así necesario arbitrar un tratamiento específico para estos casos pues las personas beneficiarias de una pensión tienen, por lo general, escasas probabilidades de ver modificada su situación económica mediante la aparición de nuevas fuentes de ingresos, quedando muy limitadas sus posibilidades de independencia y autosuficiencia económica.

En consecuencia el anteproyecto de Ley modifica la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales con dos objetivos principales:

  • Recoger explícitamente el carácter de unidad convivencial para pensionistas incluso cuando convivan con otros familiares, que formen a su vez otra unidad convivencial.
  • Incrementar, en muchas ocasiones, la cuantía máxima de la prestación en estos supuestos dada la gran dificultad para estas personas de ver incrementado su nivel de ingresos mediante su incorporación al mercado laboral.

En este contexto, parece procedente señalar que las modificaciones planteadas en este anteproyecto de Ley vienen igualmente plasmadas en el anteproyecto de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que ha sido también remitido al Consejo de Relaciones Laborales, para el correspondiente informe.

La razón que, según se nos ha manifestado, aconseja la elaboración de este anteproyecto que ahora informamos, tiene su fundamento en el propósito de establecer una regulación transitoria, dada la posibilidad de que la aprobación del segundo anteproyecto citado se demore algún tiempo.

1.2. Modificaciones planteadas en el anteproyecto

1. Modificaciones planteadas en el Artículo 1 del anteproyecto objeto de este informe, respecto a la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social.

Los tres primeros apartados del artículo 1 presentan, únicamente, variaciones terminológicas para adaptar ciertos términos de la Ley contra la Exclusión Social a la Carta de Derechos Sociales. Son los siguientes:

  • “Unidad de convivencia”, que sustituye al de “unidad económica de convivencia independiente”.
  • “Renta básica”, que sustituye al de “Ingreso Mínimo de Inserción”, e
  • “Inclusión social”, que sustituye al de “inserción social”.

El apartado cuarto de dicho artículo 1, añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 3º de la Ley contra la Exclusión Social para reconocer, de manera explícita, la consideración de unidad de convivencia a: “las personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cónyuge o persona unida a ella por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que dependen económicamente de ella”, incluso aunque vivan en una misma vivienda o alojamiento junto con otras unidades de convivencia de las que se señalan en el apartado 1 del mencionado artículo 3º.

Por su parte, el apartado quinto de dicho artículo 1 del anteproyecto de Ley estipula que, en el caso de la Renta Básica destinada a personas beneficiarias de pensiones, “la prestación sólo irá acompañada de apoyos específicos para la inclusión social y/o laboral, cuando el Servicio Social correspondiente, tras realizar el diagnóstico de necesidades, lo estime adecuado o necesario”.

2. Modificaciones planteadas en el Artículo 2 del anteproyecto que se informa respecto a la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.

El primer apartado del artículo 2 presenta, únicamente, una variación terminológica, consistente en entender sustituidas las menciones a la “inserción social”, por menciones a la “inclusión social”.

El apartado segundo del artículo 2 añade un párrafo en el apartado 1 del artículo 7 de la Carta de Derechos Sociales y señala las cuantías mensuales de la Renta Básica para las personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas reguladas en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley contra la Exclusión Social. Y fija tales cuantías en porcentajes iguales o por encima del SMI en función del número de personas componentes de la unidad de convivencia.

Por su parte, el apartado tercero del artículo 2 modifica el artículo 7.2 de la Carta de Derechos Sociales añadiendo, al límite general del 125 % del SMI para la Renta Básica al elevar el límite máximo a 135 % en el caso de unidades de convivencia configuradas por titulares de pensiones.

2. Síntesis de aportaciones

Los miembros en representación de CC.OO. UGT y de Confebask se muestran conformes con las modificaciones planteadas en este anteproyecto de Ley.

Junto a ello realizan algunas consideraciones:

Por parte de la representación de CC.OO. se manifiesta que si la Ley de Garantía de Ingresos se demorara en exceso, estas modificaciones serían consideradas como insuficientes.

Por parte de la representación de UGT, se manifiestan dos matizaciones:

  • Muestra su reserva con respecto al hecho de que la concesión de los apoyos específicos para la inclusión social y/o laboral de las personas beneficiarias de pensiones que fueran a recibir la prestación de renta básica quede a la plena discrecionalidad del servicio social correspondiente, al no prever el texto legal propuesto la determinación de criterio alguno para estimar o no su procedencia.
  • Muestra su preocupación de que el nuevo párrafo del artículo 3, apartado 2 de la Ley Contra la exclusión Social pueda quedar redactado de manera que no determine de manera exhaustiva cuáles serán las relaciones de pareja de carácter permanente que a estos efectos puedan ser consideradas como análogas a la relación conyugal.

Por parte de la representación de Confebask se manifiesta que considera oportuno que se destinen recursos públicos a atender las necesidades de los más necesitados y a financiar políticas de inclusión social, siempre que ello se haga sin desincentivar la actividad laboral de esas personas, lo que a la postre sumaría un factor más de exclusión, y considera que ambas condiciones se cumplen en las modificaciones propuestas.

Por su parte, el miembro en representación de LAB manifiesta que no se considera conforme con el proyecto de Ley por las siguientes razones:

  • Porque respecto a las cuantías de las prestaciones estipuladas, al igual que en el proyecto de Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social resulta inadecuado establecerlas tomando como referencia el SMI, y propone que, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea, debería ser el 60% del salario medio (a tiempo completo) y que se fije en 1.341 euros mensuales para 2008 con referencia a las unidades de convivencia unipersonales.
  • Porque considera que el impulso de este proyecto de Ley, con vocación transitoria, responde a razones electoralistas.

3. Consideraciones finales

Con respecto a este anteproyecto de Ley los miembros de la Comisión de Informes expresan su preocupación de que no se trate de una medida provisional hasta la aprobación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, sino definitiva ante la eventualidad de que aquella no sea aprobada, en cuyo caso las modificaciones previstas en él se consideran manifiestamente insuficientes, pues se requiere una reforma que ordene coherentemente todo el sistema.

De esta forma, en cuanto al contenido de las medidas, los miembros de la Comisión de Informes se remiten a las alegaciones realizadas en el informe relativo al anteproyecto de Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Aún así, el miembro designado por LAB considera inadecuado que se utilice como referencia el SMI para las cuantías de las ayudas, y propone que siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea, la referencia sea el 60% del salario medio a jornada completa de la CAPV. Asimismo el miembro designado por Confebask valora positivamente el proyecto.

Bilbao, a 6 de junio de 2008