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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el Proyecto de Orden del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas
 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el Proyecto de Orden del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas

Antecedentes

Como señalábamos en el informe técnico correspondiente al proyecto de orden de similar contenido correspondiente al año 2006, la iniciativa de establecer ayudas a la participación de los trabajadores en las empresas no es nueva ya que se trata de un programa que tiene siete años de vigencia, tal y como se hace constar en la exposición de motivos del proyecto de orden ahora sometido a informe.

Ésta es la segunda vez que una norma de estas características se remite a informe del Consejo de Relaciones Laborales. La justificación de dicha remisión estriba en que aunque se trata de una disposición impulsada desde la Dirección de Economía Social y gestionada por ella, sus previsiones se aplican, aunque con alcance diferente, a todas las empresas.

En BOPV de fecha 18 de julio de 2006 se publicaba la Orden de 12 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecían las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas y respecto de la que el Consejo de Relaciones Laborales emitió el correspondiente informe. A ella nos vamos a referir como la OP (orden precedente).

Al nuevo proyecto de orden sobre el que ahora informamos nos vamos a referir como el PO.

Modificaciones que plantea este proyecto en relación con la norma precedente

1. Actividades subvencionables ( artículo 2 PO)

1.a) La actividad subvencionable regulada en el art. 2.1 del PO “actividades de sensibilización sobre los beneficios de la participación de las personas trabajadoras en empresas” se corresponde, sustancialmente, con lo regulado en el art. 2.6 de la OP, si bien con algún cambio y una supresión.

El PO se refiere a “la realización de actividades de sensibilización de los agentes económicos y sociales sobre los beneficios de la participación de las personas trabajadoras en empresas consistentes en…”, mientras que la OP se refería a “la realización de actividades de investigación, formativas y divulgativas en materia de participación de las personas trabajadoras en empresas consistentes en…”

Por otra parte, en el PO se suprime la referencia a la actividad subvencionable recogida en el art. 2.6.c) de la OP consistente en “El fomento del conocimiento de otras experiencias en la implantación del modelo participativo”.

1.b) La actividad subvencionable regulada en el art. 2.2 del PO “elaboración e implantación, previo diagnóstico, de un Plan de participación institucional”, se corresponde en buena medida con lo regulado en el art. 2.1 y 2 de la OP, pero con algunas modificaciones.

El art. 2.1 y 2 de la OP establecía como posible objeto de ayuda, de forma separada e independiente, tanto los gastos directamente relacionados con la realización de diagnósticos sobre el grado de participación de los/las socios/as trabajadores/as y/o personas trabajadoras por cuenta ajena de una empresa o de sus centros de trabajo y sus posibilidades de desarrollo, como los gastos directamente relacionados con la elaboración e implantación de un Plan de participación o de mejora del nivel de participación de esas mismas personas. Por su parte el PO establece en su art. 2.2, como objeto de posible ayuda, no la elaboración de un diagnóstico y de un Plan de manera separada e independiente, sino la elaboración de ambos formando parte de un todo objeto de la posible ayuda. Efectivamente lo que ahora puede ser objeto de ayuda es la elaboración de un Plan de participación institucional, previa la realización del correspondiente diagnóstico.

Además, en el PO el Plan viene referido, exclusivamente, a personas trabajadores/as por cuenta ajena sin mención alguna a los socios/as trabajadores/as, quedando así fuera las empresas de economía social.

Por último, el PO matiza y precisa el tipo de Plan objeto de ayuda respecto a lo regulado en la OP. El PO refiere a un Plan de “participación institucional que posibilite una participación en los órganos de decisión de la empresa, con o sin una participación paralela en la gestión de la propia empresa”. Esta referencia a que la participación sea en los órganos de decisión de la empresa, es nueva y de suficiente relieve para ser tenida en cuenta como diferencia sustancial respecto a lo regulado en la OP y, por otra parte, porque ya se hace referencia a la misma en la Exposición de Motivos como uno de los objetivos estratégicos de la reflexión estratégica en materia de Economía Social para el período 2007-2009. La OP se refería a un Plan de participación o de mejora del nivel de participación de los/las socios/as trabajadores/as y/o personas trabajadores/as por cuenta ajena, pero sin mencionar nada sobre la participación en los órganos de decisión de la empresa.

1.c) Las actividades subvencionables establecidas en los apartados 3 (la incorporación como socios/as trabajadores/as o de trabajo de los/as trabajadores/as por cuenta ajena, en activo, en la Entidad de Economía Social); 4 (los gastos generados a la empresa como consecuencia directa de la suscripción de acciones o participaciones por sus trabajadores/as, en su caso); 5 (la suscripción de acciones o participaciones por los/as trabajadores/as, en su caso) y 6 (la incorporación como socios/as trabajadores/as o de trabajo en una entidad de Economía Social como consecuencia de una subrogación legal en virtud de una contrata de servicios o una concesión administrativa en la que la entidad de Economía Social resulte adjudicataria) del art. 2 del PO se corresponden de manera idéntica con las actividades subvencionables previstas en los apartados 3, 4, 5 y 7 del art. 2 de la OP.

1.d) Se incluye en el apartado 7 del PO una actividad subvencionable nueva en relación con las previstas en la OP, consistente en “el diseño e implantación en las empresas de economía social, de instrumentos que favorezcan la participación financiera de nuevas personas socios trabajadores, posibilitando el relevo generacional y el que estas empresas continúen siendo de economía social”.

2. Personas, sociedades, entidades o instituciones beneficiarias ( artículo 3 PO)

2.a) El art. 3.2. del PO señala que podrán acceder a las ayudas previstas para las actividades del art. 2.2 (elaboración e implantación de un Plan de participación institucional) “las sociedades o entidades con estructura empresarial, que no sean de economía social, que hayan realizado el correspondiente diagnóstico”. Esta nueva regulación presenta algunas diferencias con la precedente recogida en el art.3.1 de la OP.

Una, que ahora la referencia del PO se realiza a la actividad recogida en el art. 2.2, actividad que aglutina la elaboración de un Plan, con diagnóstico previo. Y ello, a diferencia de lo previsto en la OP, que en su art. 3.1 y 3.2 se refería, de manera separada e independiente, tanto a la actividad de realización de diagnósticos (art. 2.1) como a la elaboración e implantación de un Plan (art. 2.2).

Otra, que en el art. 3.2 del PO se especifica que las posibles beneficiarias serán sociedades o entidades con estructura empresarial, pero que “no sean de economía social”. La OP, por su parte, no excluía a las entidades de economía social.

Y una última, consistente en que ahora no se exige en el art. 3.2 del PO, a diferencia de lo que se hacía en el art. 3.1 de la OP, que el diagnóstico sea realizado “con el apoyo y asesoramiento de una Entidad Consultora externa que poseyera los requisitos establecidos en el art. 4 de dicha Orden”. No obstante, pensamos que la ausencia de una referencia al apoyo y asesoramiento de una entidad consultora externa puede más bien deberse a un olvido ya que en el art. 4 del PO se regulan los requisitos que deben cumplir las “Entidades consultoras mencionadas en el artículo anterior”.

2.b) Se establecen como beneficiarias a las correspondientes entidades de economía social en concordancia con la nueva actividad prevista en el art. 2.7 del PO. Dicha actividad consiste en “el Diseño e implantación en las empresas de economía social, de instrumentos que favorezcan la participación financiera de nuevas personas socios trabajadores, posibilitando el relevo generacional y el que estas empresas continúen siendo de economía social”

3. Entidades consultoras (Artículo 4 PO)

Como ya hemos señalado en el apartado 2.a) de este informe, el artículo 4 del PO establece los requisitos que deben reunir “las entidades consultoras mencionadas en el artículo anterior” pero en dicho artículo no se mencionan éstas para nada.

4. Contenido del diagnóstico y plan de participación (Artículo 5 PO)

En este artículo hay dos referencias. Una al diagnóstico (art. 5.1) y otra al Plan (art. 5.2) y en ambas la regulación difiere de la precedente.

En primer lugar y en relación con la elaboración de un diagnóstico, porque para el PO solamente es actividad subvencionable la elaboración del mismo en empresas “que no sean de economía social”, y sólo para ellas establece los datos que deberá contener el correspondiente diagnóstico. En cambio, el art. 5.1 de la OP diferenciaba entre los datos que debiera contener dicho diagnóstico, según se tratara de empresas de economía social o de empresas que no fueran de economía social.

En segundo lugar, la referencia al Plan ofrece algunas diferencias en cuanto a su contenido. La OP señalaba en su art. 5.2. que el Plan debiera contener “la descripción detallada de las medidas aplicadas en los distintos ámbitos de la estructura societaria y los indicadores aplicables para evaluar la incidencia de las mismas en la Sociedad”. Por su parte el PO en su art. 5.2. señala que el Plan contendrá “la descripción detallada del programa, consensuado entre empleada y empleados, que posibilite la participación de los trabajadores/as en lo órganos de decisión de la empresa”.

5. Cuantía de las subvenciones y criterios de determinación de las mismas (Artículo 6 PO)

Se pueden apreciar algunas diferencias entre lo establecido en el art. 6 del PO y el correspondiente art. 6 de la OP en relación con la cuantía de las subvenciones. Y tanto con referencia a los porcentajes como a las cantidades.

5.a) En el art. 6.2 del PO se establece conjuntamente para el diagnóstico y el Plan, un porcentaje de un 75% de los costes netos de la elaboración e implantación de los mismos, con un límite de 30.000e. Por su parte, en el art. 6.1 y 2 de la OP se establecían para el diagnóstico y para el Plan, cifras diferentes. Un porcentaje del 75% de los costes netos y un límite de 12.000e con referencia al diagnóstico. Y un porcentaje del 50% y un límite de 30.000e con referencia al Plan.

5.b) El art. 6.4 del PO eleva a un 75% la subvención por los costes netos relativos a la formalización de la suscripción de acciones o participaciones, desde un 50% que era el porcentaje establecido en la OP. Se mantiene, no obstante, el límite en 12.000e.

5.c) El art. 6.5 del PO eleva también a un 75% la subvención por la suscripción de acciones o participaciones en tanto que en la OP se establecía un porcentaje de un 50%. Se mantiene el límite de 1.500e.

5.d) Se establece para la nueva actividad prevista en el art. 2.7 del PO, es decir para “el diseño e implantación en las empresas de economía social, de instrumentos que favorezcan la participación financiera de nuevas personas socios trabajadores, posibilitando el relevo generacional y el que estas empresas continúen siendo de economía social”, un porcentaje del 75% de los costes netos de elaboración e implantación mencionada en dicho artículo 2.7, con un límite de 6.000e.

6. Obligaciones de los/as beneficiarios/as (Artículo 8 PO)

Se establece en el artículo 8.d) una obligación correspondiente a la nueva actividad subvencionable prevista en el artículo 2.7. Dicha obligación consiste en que las empresas de economía social beneficiarias de dicha actividad deberán remitir, en el plazo de un año desde la finalización de la actividad, “memoria relativa a la implantación en las empresas de economía social, de instrumentos que favorezcan la participación financiera de nuevas personas socios trabajadores, posibilitando el relevo generacional y el que estas empresas continúen siendo de economía social”.

7. Documentación preceptiva. (Artículo 11 PO)

Se establece en el artículo 11.2.f) en relación con la nueva actividad prevista en el art. 2.7 del PO una documentación preceptiva de carácter específico. Dicha documentación consiste en “la presentación del proyecto relativo a la implantación en la empresa de economía social, de instrumentos que favorezcan la participación financiera de nuevas personas socios trabajadores, posibilitando el relevo generacional y el que esta empresa continúe siendo de economía social”.

8. Forma de pago y justificación de la subvención (artículo 14 PO)

Se establece en el art. 14.1e) y en relación con la nueva actividad prevista en el artículo 2.7 la necesidad de presentar una “memoria justificativa”.

Contenido del PO y las opiniones manifestadas en la “Síntesis de las aportaciones” y recogidas en el Informe definitivo del Consejo respecto a la OP

En el actual PO no existe reflejo alguno de las distintas opiniones expresadas en la “Síntesis de aportaciones” del Informe definitivo del Consejo de Relaciones Laborales emitido en relación con la OP.

Contenido del PO y las consideraciones expresadas en la Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales de fecha 24 de mayo de 2006 y recogidas en el Informe definitivo respecto a la OP

En el actual PO no existe reflejo alguno de las distintas consideraciones expresadas en la Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales de 24 de mayo de 2006 y que fueron aportadas en el Informe definitivo emitido en relación con la OP.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Con fecha 18 de abril de 2007 se han recibido en el Consejo de Relaciones Laborales las alegaciones y consideraciones particulares de los miembros de la comisión de informes en relación con el referido proyecto de norma.

Opinión sindical

El miembro de la comisión de informes en representación de LAB considera que con el fin de lograr lo que se ha dado en llamar“competitividad total” se ha ido imponiendo la necesidad de buscar ventajas en todos los ámbitos de la empresa y para ello se ha introducido un paradigma de dirección empresarial orientado a favorecer la “participación” de la plantilla de la empresa como instrumento para generar un cambio positivo en la actitud de los/as trabajadores/as en su función productiva. Y, por tanto, los nuevos modelos de gestión “participativa” en la dirección de la empresa son, en esencia, un factor de competitividad. En ese contexto, el miembro de LAB de la comisión, considera necesario democratizar las relaciones laborales, garantizando la participación sindical activa en los procesos de cambio en la organización empresarial. A tales efectos considera que la participación sindical debiera ser impulsada reforzando y extendiendo los derechos de información, consulta y negociación de las representaciones unitaria y sindical en la empresa, con carácter previo a la adopción de las decisiones empresariales, en orden a impedir las prácticas de arbitrariedad y autoritarismo patronal tan comunes hoy en día en los centros de trabajo.

El miembro de LAB considera, igualmente, que la política gubernamental del Departamento no se corresponde con las líneas de trabajo de LAB en este terreno y rechaza el desvío de fondos públicos para financiar iniciativas ajenas a los intereses y las prioridades de la mayoría de los/as trabajadores de la CAPV.

Por su parte, el miembro en representación de UGT hace, en su aportación, una valoración de los que considera los fundamentos básicos del Proyecto. A tales efectos, señala que se perpetúan los mismos fundamentos previstos en la Orden de 12 de julio de 2006 y en sus comentarios se refiere, básicamente, a dos de ellos.

Uno, el relativo al “fomento de la participación de los trabajadores/as en los órganos decisorios de sus empresas”. A este respecto señala que todo impulso institucional a dicho fomento debe respetar como presupuesto previo y superior a los órganos de representación sindical y unitaria en las empresas y, en segundo lugar, a la negociación colectiva (en especial a los órganos paritarios surgidos en el seno de la misma). Considera, igualmente, que sólo un respeto absoluto a dichos presupuestos garantiza que los mecanismos de fomento de la participación nunca se utilicen como métodos encubiertos de individualización de las relaciones laborales. El PO, sin embargo, no menciona para nada ni a la representación de los trabajadores ni a la negociación colectiva. Además se señala que la norma no contiene controles que impidan que las ayudas lleguen a empresas que no lo merecen. En este contexto señala, finalmente, que siendo la participación de los trabajadores cuestión prioritaria para UGT – Euskadi, esta cuestión debiera ser afrontada por el Gobierno Vasco en el seno de un proceso de Diálogo Social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Euskadi.

Considera, asimismo, el miembro de UGT que debiera reformularse el Plan de participación del Proyecto en Orden a un adecuado encauzamiento de dicha participación, debiendo ser su contenido mínimo el siguiente:

  • El establecimiento de un procedimiento que respete los presupuestos expresados en el párrafo anterior.
  • La fijación de un protocolo de refuerzo de las garantías de protección para todos los trabajadores en aras de un adecuado ejercicio de la actividad reivindicativa.
  • La determinación de que las empresas sólo deben recibir las ayudas si acreditan el cumplimiento de legislación laboral y ante un informe favorable del Comité de Empresa y/o comisionados negociadores del último convenio colectivo.
  • La especificación de que las entidades colaboradoras previstas en el artículo 4 del Proyecto de orden, tendrían o no cabida según las necesidades apreciadas por los agentes negociadores.

Otro, el referente a “las medidas de fomento de las Entidades de Economía Social”. Respecto a éstas, señala que el Proyecto entiende tales ayudas como un instrumento para fomentar la participación de las personas trabajadoras en las empresas estableciendo una equiparación entre la suscripción de acciones y la participación efectiva, mientras que en su opinión no existe relación entre ser un socio/a trabajador y un trabajador/a al que se le facilita la participación en la empresa. Así que sin poner objeción a que se regulen ayudas a los trabajadores/as para alcanzar la condición de socios/as de entidades de economía social, considera que eso nada tiene que ver con el fomento de la participación. Por último señala que una norma de fomento de la participación en el ámbito de las empresas de Economía Social debe necesariamente comenzar con facilitar la implantación sindical en las mismas.

Opinión empresarial

El miembro de la comisión de informes designado por Confebask tras manifestar su valoración positiva del fomento de la participación de los trabajadores en la empresa, desde el convencimiento de que dicha participación contribuye a la mejora de la propia empresa considera, en general, oportunas las medidas articuladas en el Proyecto de Orden.

No comparte, sin embargo, una de las previsiones del proyecto de orden: la que se refiere al contenido necesario del Plan de participación institucional. Y ello porque no comparte lo previsto en el art. 5.2 en el sentido de que el Plan debe contener, necesariamente, la descripción detallada de un programa que posibilite la participación de los trabajadores/as en los órganos de decisión de la empresa con o sin, como expresa el art. 2.2, participación paralela en la propia empresa. En su opinión, las fórmulas de participación en las empresas, merecedoras de subvención por parte de la Administración, pueden ser muy variadas y no tienen porque circunscribirse a la participación de los trabajadores en los órganos de gestión decisión de las mismas.

Reunida la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales en fecha 25 de Abril de 2007, una vez examinado el informe técnico y la síntesis de las aportaciones realizadas en el curso del procedimiento aprobado para el desarrollo de la actividad consultiva, los miembros de la comisión realizaron las siguientes

CONSIDERACIONES FINALES

Sin perjuicio de las consideraciones particulares de los miembros de la comisión de informes que han quedado recogidas en el apartado denominado “síntesis de las aportaciones”, los miembros designados por la representación sindical acordaron expresar una opinión común sobre el modelo de participación que diseña el proyecto de orden en los siguientes términos:

  • Desde el punto de vista sindical, la participación real de los trabajadores y trabajadoras en las empresas no consiste, al menos con carácter exclusivo, en la simple suscripción de acciones o participaciones de su capital social .Adicionalmente, el modelo establecido por este proyecto de orden suscita además importantes dudas sobre la legitimidad de destinar recursos públicos a la adquisición de capital privado.
  • La participación real no es posible sin la potenciación de la representación sindical o unitaria de los trabajadores y trabajadoras, y su objetivo, desde el punto de vista sindical, es avanzar en la democratización de las relaciones laborales e incrementar la participación e intervención real en los procesos de decisión empresariales. Ninguno de estos objetivos se cumple mediante las ayudas y medidas previstas en este proyecto de orden.
  • Sin perjuicio de ello, la existencia de ayudas directas a la suscripción de acciones o participaciones en las entidades de economía social, aun cuando no constituyen un supuesto real de participación en el sentido expresado en los párrafos anteriores, puede facilitar en ciertos casos la consolidación del empleo de algunos trabajadores y trabajadoras, por lo que los miembros de la comisión de informes designados por la representación sindical no se oponen a ellas.

Por su parte, los miembros designados por Confebask reiteraron que valoran de forma positiva el fomento de la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, en el convencimiento de que es un instrumento que contribuye a la mejora de ésta, por lo que, en general, consideran oportunas las medidas establecidas en el presente proyecto de orden.

Sin perjuicio de ello, muestran su oposición expresa a uno de los contenidos del proyecto de orden, introducido ahora con carácter novedoso y relacionado con el contenido del denominado plan de participación institucional. En este sentido, admiten que el contenido de dicho plan se establezca de forma consensuada entre las empresas y sus empleados, tal y como prevé el artículo 5.2, pero no consideran adecuado, sin embargo, que el resultado de este consenso haya de ser, en todo caso,la introducción de fórmulas de participación en los órganos de decisión de la empresa tal y como se desprende de los establecido en el artículo 2.2 del proyecto de orden. En su opinión, el contenido del plan debería ser el que se decidiera en virtud de aquel acuerdo: la participación en los órganos de decisión en la empresa o cualesquiera otras fórmulas asumidas por consenso, pero sin condicionar y vincular el reconocimiento de la ayuda únicamente a la primera de estas posibilidades.

Bilbao, a dos de mayo de dos mil siete