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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el proyecto de Decreto por el que se crea en Euskadi el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE) y se regula su funcionamiento

 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el proyecto de Decreto por el que se crea en Euskadi el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE) y se regula su funcionamiento

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco ha remitido a este Consejo de Relaciones Laborales por conducto de su Dirección de Estudios y Régimen Jurídico el proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción/Eraikuntzako Enpresa Bermauten Erregistroa, a fin de que por este organismo se emita el correspondiente informe.

1. Informe técnico

Fundamento de este Decreto

El contenido de este Decreto responde a la previsión contemplada en el artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, de creación del Registro de Empresas Acreditadas, dependiente de la Autoridad Laboral competente por razón del territorio en que radique el domicilio social de la empresa en cuestión, sea ésta contratista o subcontratista.

Esta ley regula la subcontratación en el sector de la construcción, y lo hace dado que siendo este sector uno de los ejes del crecimiento económico de nuestro país, está sometido a unos riesgos especiales y registra una siniestralidad laboral muy notoria, tanto por sus cifras como por su gravedad.

En el sector de la construcción, aunque el recurso a la subcontratación es habitual, se ha puesto de manifiesto que el exceso de cadenas de subcontratación ocasiona en no pocos casos la participación de empresas sin una estructura organizativa mínima que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Por esta razón ante tales posibles riesgos, esta ley establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Una de tales garantías consiste en exigir a las empresas que vayan a actuar en este sector una serie de requisitos de organización funcional y sobre prevención de riesgos laborales, así como que asuman determinadas responsabilidades para lo que les es necesario estar inscritas en un registro de empresas acreditadas.

Normativa de referencia para la fijación del contenido del Decreto

El Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la ley antes citada, regula en su Capítulo II, tanto la inscripción de contratistas y subcontratistas como las normas generales sobre registros, y a dicho Capítulo se remite el artículo 3, “Funcionamiento del Registro”, del proyecto de Decreto ahora sometido a informe.

El mencionado Capítulo II, regula el régimen de funcionamiento de los registros de empresas acreditadas dependientes de las autoridades laborales autonómicas. En él se señala que los registros tienen como fin permitir el acceso público a los datos identificativos de las empresas inscritas y la emisión de las certificaciones relativas a las inscripciones practicadas. Asimismo, dice que las empresas contratistas y subcontratistas deberán inscribirse en el registro, renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación de la inscripción cuando dejen de cumplir los requisitos previstos para la entrada y permanencia en el Registro, pudiendo la Autoridad Laboral proceder en otro caso a la cancelación de oficio de esa inscripción. Por último, añade que para llevar a cabo estas obligaciones se configuran unos procedimientos administrativos en los que prima la agilidad y la simplificación de los trámites, con el doble objetivo de favorecer la seguridad jurídica y facilitar el tráfico económico.

En su anexo 1 establece los modelos de declaración que han de formular las empresas ante el citado Registro.

Y, en su Disposición Adicional Tercera, prevé la adaptación de los modelos a las necesidades específicas y lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

Finalidad básica del Decreto

El proyecto de Decreto, ahora sometido a informe del CRL, en ejercicio del derecho de autoorganización procede, por una parte, a la asignación competencial legalmente establecida y, por otra, a la adaptación de las especificidades, incluida la lengua propia cooficial en el territorio que actualmente comprende la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Contenido del Decreto

El texto del proyecto de Decreto consta de cuatro artículos, dos disposiciones adicionales y dos finales.

El objeto del Decreto consiste en regular en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la creación, organización y funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción/Eraikuntzako Enpresa Bermauten Erregistroa, previsto en el artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

El carácter de tal Registro se configura como administrativo y como servicio público para los ciudadanos y ciudadanas así como para las entidades públicas o privadas interesadas en acceder a él.

El Registro se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, debiendo entenderse por Autoridad Laboral competente, la delegada o delegado territorial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social correspondiente al territorio histórico en que radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista. Se especifica que el funcionamiento y gestión del Registro se llevará a cabo mediante un sistema informático.

De lo regulado en el Capítulo II del Real Decreto, merece especial atención, lo dispuesto en su artículo 4, ya que en él se fija el contenido de la solicitud y el de una declaración aneja, que conforma las garantías de las empresas que van a estar inscritas en el Registro. Así, además de exigirse unos datos identificativos de cada empresa, se exige una declaración suscrita por el empresario o su representante legal relativa las siguientes cuestiones:

  • El cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a) del artículo 4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre: poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada, asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial, ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

Se exige asimismo adjuntar la documentación acreditativa de:

  • Que la empresa dispone de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Y que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales.

Por lo demás, en cuanto a su estructura y organización, se configura como un registro único, con adscripción y dependencia de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, pero sin perjuicio de su desconcentración en las delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa. Es en cada una de estas delegaciones donde las empresas contratistas tramitarán sus solicitudes dependiendo del lugar donde radique su domicilio social. Y son, asimismo, estas delegaciones las competentes para resolver los expedientes de inscripción, comunicación de variación de datos, renovación y cancelación de las inscripciones, así como para emitir las certificaciones pertinentes.

Por su parte, la Disposición Adicional Primera señala que se hacen públicos en anexo al Decreto, para su edición en forma bilingüe, los modelos de declaración empresarial ante el Registro. Y la Disposición Adicional Segunda, establece la modificación del Decreto 315/2005 de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, a efectos de incluir la llevanza del Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción que tengan su sede social en la Comunidad Autónoma de Euskadi.


La Disposición Final Primera faculta al consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para el desarrollo reglamentario y la ejecución del Decreto. Y la Segunda, fija la entrada en vigor del Decreto para el día 15 de mayo de 2008.

2. Síntesis de las aportaciones

En esta síntesis hemos distribuido las diversas aportaciones efectuadas por los miembros de la Comisión de Informes, en tres grupos de cuestiones por su diversa relación con el contenido del Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto:

  • Desarrollo.
  • Modificación.
  • Inclusión de materias nuevas.

Opinión del miembro de la Comisión designado por CC.OO. de Euskadi

Manifiesta que el Gobierno Vasco pierde en este proyecto de Decreto una oportunidad de mejorar y completar el Real Decreto 1.109/2007, y que en su opinión existen algunos aspectos susceptibles de mejora.

Cuestiones de desarrollo:

  • Que se debería reflejar la forma en que se vaya a realizar la emisión de las certificaciones.
  • Que se debería reflejar cómo va a ser la actuación de oficio por parte de la Autoridad Laboral para cancelar una inscripción cuando se dejen de cumplir los requisitos previstos para la entrada en el registro y la empresa no lo haya notificado.
  • Que debería posibilitarse un acceso continuado a los datos del Registro, para lo que sería adecuado establecer un sistema de publicidad y de acceso permanente.
  • Que se debería clarificar la posibilidad de acceso a otros registros y determinar la forma en que se facilitarán los datos registrados en nuestros territorios, y que, a estos efectos, se debería tener acceso al código del territorio donde está dada de alta la empresa.

Cuestión de modificación:

  • Que en base al altísimo índice de rotación de los recursos humanos en las empresas de construcción, debería reducirse el plazo de tres años, previsto en la norma estatal, para la renovación de la inscripción en el registro.

Cuestiones de inclusión de materia nueva:

  • Que en relación con la documentación acreditativa exigida respecto de los recursos personales y materiales, deberían exigirse los contratos del personal en vigor y de los dos últimos años.
  • Que se debería hacer constar información relativa a las sanciones administrativas y sobre todo las de incumplimiento de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo de que pudiera haber sido objeto la empresa o si la empresa está siendo objeto de requerimiento en el momento de la inscripción.

Opinión del miembro de la Comisión designado por la UGT de Euskadi

Manifiesta que el proyecto de Decreto adolece de fallos importantes con referencia a elementos que no aparecen regulados en su contenido.

Cuestión de desarrollo:

  • Que el propio Decreto debería incluir el procedimiento registral en el que se especifique la documentación que se debe presentar y los datos que se deben requerir. Y que se establezca, igualmente, un procedimiento de inscripción, sus efectos y la posibilidad de la cancelación de dicha inscripción.

Cuestión de inclusión de materia nueva:

  • Se cree necesario que las empresas presenten las actas de nombramiento de los delegados de prevención y la acreditación de la puesta en marcha de las comisiones de salud y seguridad laboral.

Opinión del miembro de la Comisión designado por Confebask

Manifiesta que el proyecto de Decreto es meramente instrumental en el sentido de que la regulación sustantiva del registro que se crea en él se establece de forma pormenorizada en la normativa estatal.

Cuestión de desarrollo:

  • Que se dé una absoluta permeabilidad e intercomunicación respecto de todos los datos registrados (salvo los protegidos) independientemente de la comunidad autónoma en la que se haya producido el registro de la empresa en cuestión.

Cuestión de inclusión de materia nueva:

  • Que sería deseable que la habilitación del Libro de Subcontratación pudiera beneficiarse también de una gestión telemática.

3. Consideraciones finales

Reunida la Comisión de Informes y abierto el debate sobre las cuestiones más relevantes relacionadas con el proyecto de Decreto por el que se crea en Euskadi el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción, se advierte en primer lugar que algunas de las propuestas realizadas en las consideraciones particulares podrían implicar una eventual modificación de la normativa básica de la que dimana el texto que se ha sometido a informe, lo que, a la vista de las reglas relativas a la distribución de competencias en materia laboral, vendría a suponer que al amparo de una competencia de ejecución se solicita la modificación de aspectos que tienen carácter normativo y que se sitúan fuera del ámbito competencial de la autoridad que dicta la norma correspondiente. Por tal razón, las cuestiones apuntadas por los miembros de la Comisión de Informes designados por CC.OO. y por UGT que impliquen el ejercicio de una competencia legislativa no podrían introducirse por una norma autonómica, sino en su caso por una norma estatal con rango de ley o por el reglamento dictado en desarrollo ejecutivo de ésta.

El miembro designado por Confebask entiende, en relación con ello, que se trata de cuestiones que no deberían ser objeto de debate en este trámite concreto, pues las consideraciones de las partes deben guardar correspondencia con el ámbito competencial de la autoridad que ha elaborado la norma y solicita el informe consultivo.

Por su parte los miembros de la Comisión de Informes designados por CC.OO. y UGT, aún reconociendo que en el actual marco competencial tales cuestiones desbordan el ámbito del presente proyecto de Decreto, dan por reproducidas sus alegaciones particulares y quieren reiterar de forma expresa que la regulación sustantiva del registro debería ser completada y modificada por quien corresponda fundamentalmente para acortar a dos años el plazo de vigencia formal de la inscripción; incluir entre la información publicable las sanciones impuestas a las empresas registradas en materia de seguridad y salud laboral y, entre la documentación que aportar, una referencia a los recursos personales y materiales de que dispongan las empresas registradas que incluya los contratos laborales correspondientes a los dos últimos años.

Igualmente, entre las menciones relativas a la organización preventiva de la empresa, debería exigirse también la aportación de las actas de nombramiento de los delegados y delegadas de prevención y las de constitución de los órganos paritarios legalmente previstos, al entender que se trata de aspectos que forman parte en sentido amplio de la organización empresarial en materia de prevención.

Hecha esta aclaración previa y acotado así el ámbito de discusión, los miembros de la Comisión de Informes advierten en primer lugar que la norma no define los medios y recursos necesarios para la gestión del registro, pues el proyecto carece de memoria económica. Por su parte y en lo que se refiere a su contenido se limita prácticamente a crear el registro y a realizar las adaptaciones lingüísticas correspondientes en relación con los modelos incluidos en el anexo del Real Decreto estatal sin hacer referencia alguna a todos los aspectos relativos al procedimiento registral (tanto en la fase de inscripción como de cancelación), a la documentación que han de aportar por las empresas solicitantes o al acceso, permeabilidad e intercomunicación de los datos que obren en el conjunto de los registros. En este sentido entienden que, aunque estas cuestiones estén reguladas en el Real Decreto 1.109/2007, su traslación a la norma que crea el registro en Euskadi, en ejercicio de las facultades de ejecución y autoorganización que competen a la CAPV, aportaría claridad y facilitaría el conocimiento de los trámites sin necesidad de acudir a la consulta expresa de la norma estatal.

Por último, el miembro de la Comisión de Informes designado por LAB manifiesta que el presente proyecto de Decreto es una derivada meramente instrumental de una ley y un reglamento estatales cuyo contenido rechaza. En consecuencia, ni ha realizado alegaciones en el trámite correspondiente, ni hará en este momento consideración alguna sobre el referido proyecto.

Bilbao, 19 de mayo de 2008