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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre la Orden de los consejeros de Justicia, Empleo y Seguridad Social y de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula un nuevo modelo organizativo de los ciclos formativos de formación profesional con una oferta flexible, que permite combinar formación y actividad laboral

 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre la Orden de los consejeros de Justicia, Empleo y Seguridad Social y de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula un nuevo modelo organizativo de los ciclos formativos de formación profesional con una oferta flexible, que permite combinar formación y actividad laboral

1. Antecedentes normativos

La regulación autonómica en relación a la ordenación general de la Formación Profesional viene establecida, básicamente, en el Decreto 447/1994, de 22 de noviembre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas de Formación Profesional y las directrices sobre sus títulos. Dicho Decreto fue derogado, parcialmente, por el Decreto 97/1997, de 29 de abril, por el que se establece la regulación del Bachillerato, las enseñanzas de Formación Profesional y las directrices sobre sus títulos, y se dispone su implantación. Y modificado en dos ocasiones por los Decretos 311/1997, de 23 de diciembre y423/1999, de 30 de noviembre.

Tal regulación configura lo que la Orden sometida a Informe denomina “modelo organizativo ordinario”.

La regulación existente prevé, como elemento que permite una mejor adecuación de los nuevos profesionales a las demandas del ámbito productivo y que facilita la conexión entre los centros educativos y los de trabajo, la inclusión obligatoria dentro del currículo de una fase de “formación práctica en centros de trabajo”, como condición imprescindible para la expedición del respectivo título.

Lo novedoso, y a la vez el objeto de la Orden sometida a informe, es la configuración de un nuevo modelo organizativo de los ciclos formativos de formación profesional que hace posible la combinación de la formación con la actividad laboral. Modelo al que se aplica una regulación subvencional para aquellos contratos de trabajo o de sociedad que cumplen ciertos requisitos.

Cabe señalar que en este nuevo modelo la actividad laboral no forma parte del ciclo formativo y, por consiguiente, no sustituye al módulo de formación en el centro de trabajo ya que éste es parte integrante del ciclo formativo, pero ello no obstante, se señala en el preámbulo de la Orden, “posibilitará la exención de la realización del mismo”.

Justificación de la orden

El contenido de la Orden se justifica como una medida que pretende dar respuesta, tal y como se señala en el preámbulo de la misma, a las necesidades del tejido productivo (baja tasa de actividad de la población joven e inexistencia de la modalidad de trabajo de calidad a tiempo parcial), así como a la pretensión de integración laboral de los y las jóvenes en empleo de calidad y tutorizado.

Tal medida se configura, según el preámbulo de la norma, como un proyecto novedoso cuya consolidación y continuidad va a depender de los resultados que arrojen las evaluaciones sobre dicha experiencia y, en particular, sobre su incidencia en el incremento de alumnas y alumnos que cursen estudios de formación profesional.

Si bien tanto el preámbulo de la Orden como su parte dispositiva hacen referencia a que la medida va dirigida a “los y las jóvenes”, no se establece, sin embargo, ningún límite de edad para poder acceder a ella, dejando un margen de incertidumbre en la determinación de las personas que pueden acogerse a tal medida.

Objeto de la orden

El objeto de esta Orden consiste, por un lado, en la implantación de un nuevo modelo organizativo de los ciclos formativos de Formación Profesional que alterna el aprendizaje en el centro formativo con la aplicación real en las empresas a través de un contrato laboral o de sociedad y, por otro, en la regulación de la subvención de los contratos de trabajo o de sociedad que se celebren en virtud de este nuevo modelo organizativo si cumplen ciertos requisitos.

Contenido de la orden

El Cap. I regula en sus dos primeros artículos, las “Disposiciones Generales” que hacen referencia al doble objeto ya expuesto de la Orden, estableciendo, además, quienes no podrán participar en este proyecto por haber sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos o sancionados por cometer infracción administrativa, en ciertas materias y en cierto tiempo que se señala.

El Cap. II regula este nuevo modelo organizativo, en sus artículos3 al 9.

En los artículos 3 y 4 se regula la facultad del Departamento de Educación, Universidades e Investigación para autorizar ciclos formativos de formación profesional en los que se ofrezca, de forma simultánea, formación teórico- práctica en el centro educativo y experiencia laboral a través de un contrato de trabajo o de sociedad. Asimismo se establece que, anualmente, mediante Orden, se determinarán los ciclos formativos ofertados según este nuevo modelo, así como los centros educativos autorizados para impartirlos.

En el artículo 5 se establecen las condiciones de estos ciclos formativos señalando, en primer lugar, que se impartirán a lo largo de tres cursos escolares y que durante el primero de dichos cursos, y en el primer trimestre del mismo, con carácter previo al inicio del contrato, se impartirá formación referida a la calidad, prevención en riesgos laborales y relaciones en el entorno de trabajo.

A continuación se señalan los requisitos del contrato de trabajo o de sociedad que se fijan como imprescindibles, es decir que si no se dan tales requisitos no habrá subvención.

Así el contrato debe ser:

  • indefinido,
  • a tiempo parcial,
  • con jornada igual al 50% de la establecida en convenio o pacto, y no superior a 20 horas,
  • con inicio durante el mes de enero del primer curso escolar del ciclo formativo,
  • con contenido de la prestación laboral directamente relacionado con el aprendizaje que se este llevando a cabo en el centro educativo,
  • con obligación de pactar una distribución de jornada concreta en relación con las vacaciones.
  • con obligación de designar un instructor por la empresa y un responsable coordinador por el centro educativo.

Lo novedoso de esta Orden no es la posibilidad de un contrato simultaneado con la formación, posibilidad que existe, sino el establecimiento de una subvención vinculada a la celebración de un contrato específico que cumpla ciertos requisitos.

Por su parte el artículo 6, establece que la mitad de las plazas de los ciclos formativos ofertadas según este nuevo modelo organizativo, serán reservadas a mujeres. Y que la selección de los alumnos y de las alumnas, en el caso de que los alumnos interesados o alumnas interesadas superen el número de plazas ofertadas, corresponde al centro educativo de conformidad con los criterios que se establezcan para cada curso escolar. No obstante se especifica que deberán incluirse necesariamente los criterios siguientes:

  • la trayectoria en las calificaciones escolares del alumno o alumna, a través del expediente académico, y
  • el nivel de renta de la unidad familiar a la que pertenece el alumno o alumna.

La descripción de estos dos criterios queda, a nuestro parecer, sin la suficiente concreción, lo que dificulta la apreciación de los mismos.

Finalmente el artículo 7 establece la obligación anual de realizar una evaluación del proceso seguido en estos ciclos formativos. Y el artículo 8 prevé el cambio del estudiante trabajador o trabajadora del nuevo modelo organizativo plasmado en la Orden al modelo organizativo ordinario, en ciertos casos:

  • rendimiento no adecuado del estudiante trabajador o trabajadora para la superación de los estudios,
  • renuncia del estudiante trabajador o trabajadora a seguir los estudios según el nuevo modelo,
  • extinción del contrato de trabajo o de sociedad por cualquier motivo ajeno a la voluntad del estudiante trabajador o trabajadora. En tales casos el Departamento de Educación, Universidades e Investigación pondrá los medios para que se celebre un nuevo contrato y si esto no fuera posible se continuará con el modelo ordinario.

Finalmente el Cap. III regula en sus artículos del 9 al 23 la subvención de los contratos de trabajo o de sociedad. En dicha regulación se pueden diferenciar dos partes. La correspondiente a los artículos 9 al 13, como más específica de esta subvención y la correspondiente a los artículos 13 al 23, que tiene que ver con las condiciones generales de otorgamiento de las subvenciones.

El artículo 9 señala como actuación subvencionable los contratos celebrados conforme a los requisitos ya establecidos en el Capítulo II, pero siempre que tales contratos supongan un incremento de la plantilla fija de la empresa existente en el momento de su celebración.

Nos encontramos así con un nuevo requisito, para que el contrato sea objeto de posible subvención, que se suma a los ya exigidos por el artículo 5.3.

El artículo 10 junto a los posibles beneficiarios que pueden ser personas físicas o jurídicas, establece dos colectivos excluidos:

  • las Administraciones públicas y personas jurídicas públicas dependientes de las mismas, siempre y cuando estén participadas mayoritariamente por capital público, y
  • las contrataciones realizadas por empresas de más de 10 personas trabajadoras cuya tasa de temporalidad, en el momento de celebrarse la contratación sea superior al 15%.

Se añaden con ello otros dos requisitos para poder optar a la subvención, que se suman a los del artículo 5.3 y al contemplado en el artículo 9.

El artículo 11 establece la cuantía de la subvención en 7.250 euros así como las cantidades y las fechas en las que se desglosa la entrega de la misma.

Finalmente el artículo 12 regula las condiciones de la subvención para cuatro supuestos:

  • rendimiento no adecuado del estudiante trabajador o trabajadora. Se procede a la liquidación de la subvención reduciéndose el importe en la parte proporcional correspondiente y anulándose los pagos correspondientes a ejercicios posteriores,
  • renuncia del estudiante trabajador a continuar sus estudios según este modelo. Se procede a la liquidación de la subvención como en el supuesto anterior,
  • extinción del contrato por causa imputable al estudiante trabajador o trabajadora. Se procede a la liquidación de manera similar los supuestos anteriores,
  • extinción del contrato por causa imputable a las empresas. Se extingue el derecho a la subvención y se exige el reintegro de la cantidad recibida,
  • extinción del contrato por alguna de las causas del artículo 51 (despido colectivo) del E.T. Se anulan los pagos pendientes no exigiéndose el reintegro de las cantidades percibidas,
  • condena, durante el período en que el contrato se simultánea con el aprendizaje teórico, a la empresa mediante sentencia firme por cometer delito contra la seguridad y salud laborales o sanción con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia. Se extingue el derecho a la subvención en su totalidad y se exige el reintegro de la cantidad recibida.

Por lo demás el resto del articulado de este Cap. III establece una serie de condiciones para el otorgamiento de la subvención que se enmarcan y son similares a las condiciones generales exigidas para el otorgamiento de cualquier subvención.

Con fecha 20 y 21 de diciembre de 2007, los miembros de la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales remitieron, conforme al procedimiento establecido para el desarrollo de la función consultiva, sus consideraciones particulares en relación con el contenido del proyecto de orden objeto de informe. A continuación se incluye una síntesis de estas consideraciones particulares.

2. Síntesis de las aportaciones

Por la parte empresarial

El miembro de la comisión designado por Confebask manifiesta, en primer lugar, que su organización valora positivamente la iniciativa de los departamentos de Empleo Justicia y Seguridad Social y de Educación, Universidades e Investigación, concretada en el presente proyecto de orden, pues comparte los objetivos que se persiguen con ella: el incremento de las tasas de actividad entre los jóvenes, la mayor adecuación de las enseñanzas de formación profesional a los requerimientos y necesidades del mercado laboral, así como el incremento de la presencia femenina en el sector industrial.

Ahora bien, con independencia de esta valoración positiva en términos globales, considera también que el proyecto de orden contiene algunos aspectos concretos que deberían mejorarse. Estos aspectos son básicamente tres:

a) La referencia a los periodos de descanso (máximo de 20 horas semanales) y a la distribución de la jornada para que el periodo vacacional en la empresa coincida con el del centro educativo en Semana Santa y Navidad.

En primer lugar, tal previsión podría chocar con la regulación colectiva vigente en la empresa sobre distribución de jornada, pero en todo caso y aunque se pudiera introducir esa especificación en el contrato, podría existir también un interés compartido entre el trabajador y la empresa para fijar una distribución diferente, por lo que, en su opinión, el precepto de la orden debería establecer un margen más amplio.

b) El proyecto de orden cumple una doble finalidad. Desde el punto de vista del trabajador la adquisición de una competencia profesional adecuada, lo que explica que el abandono del ciclo formativo o el rendimiento insuficiente determine el retorno del alumno-trabajador al ciclo formativo ordinario y la consiguiente extinción de la subvención. Pero desde el punto de vista de la empresa el contrato está también vinculado a la adquisición efectiva de formación adecuada, por lo que su pervivencia debería estar igualmente condicionada a la finalización de los estudios.

En este sentido y sin perjuicio de la posibilidad de introducir, al amparo de lo previsto en el artículo 49.1 b) del Estatuto de los trabajadores, una condición resolutoria, dado el carácter ordinario del contrato de trabajo a tiempo parcial suscrito con el trabajador, entiende que la orden debería contener una referencia explícita a esa posibilidad.

c) En tercer lugar considera inadecuada la limitación de acceso a la subvención en función del porcentaje de temporalidad existente en la empresa. Que una empresa supere el 15% de contratos temporales no significa que se trate necesariamente de contratos fraudulentos, del mismo modo que situarse por debajo de este porcentaje tampoco acredita, por si mismo, que se cumple la ley. La orden debería también distinguir entre las distintas modalidades de contrato temporal, pues cada una de ellas responde a realidades diversas (cita como ejemplo el contrato de interinidad frente al del obra o servicio), y entre sectores de actividad. En último lugar considera que sería conveniente, en todo caso, admitir la posibilidad de introducir otros parámetros temporales (no siempre necesariamente el año anterior) para medir el porcentaje de temporalidad.

Por la parte sindical

El miembro designado por CCOO realiza en primer lugar una serie de consideraciones de tipo general relativas al marco en el que se desarrolla la iniciativa. Advierte en este sentido de que a pesar de que se trata de una iniciativa que cuenta con antecedentes no se ha informado de su contenido hasta que ha comenzado el proceso formal de su aprobación. Tampoco se conoce si, al margen del trámite de consulta ante el CRL y el CES que forma parte de este proceso, los departamentos del gobierno implicados en su puesta en marcha tienen intención de negociar su contenido con los agentes del mundo educativo. Por último y aunque es presumible que, una vez iniciado el curso escolar, se cuente ya con ciertos datos sobre sus resultados, el proyecto de orden omite cualquier referencia a ellos.

En relación con las alegaciones sobre el contenido del proyecto de orden, el miembro designado por CCOO señala previamente que el texto de la norma olvida regular los aspectos académicos de la iniciativa, sin especificar siquiera los ciclos de formación profesional a los que se va a aplicar el nuevo modelo, ni los criterios para la selección de los centros en los que habrá de ser implantado. En su opinión, todos estos aspectos deberían ser objeto de negociación y diálogo con los agentes sindicales del mundo educativo, en la medida en que están llamados a incidir en el contenido de las propias prestaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.

En lo que se refiere a la relación laboral simultánea al proceso formativo, apunta también algunos aspectos concretos en los que, desde su punto de vista, la regulación presenta deficiencias o suscita dudas.

a) En relación con la categoría profesional: La orden no realizar ninguna referencia a la categoría del trabajador, ni siquiera específica si esta categoría ha de ser la misma durante todo el periodo de tres años en los que la prestación laboral se simultanea con el proceso formativo. Tampoco aclara cuál será la categoría a asignar definitivamente cuando concluya éste.

b) En referencia a la jornada, el proyecto de orden omite toda referencia a la posible conversión del contrato indefinido a tiempo parcial en uno de jornada completa, una vez finalizados los estudios del alumno-trabajador.

c) Sobre el régimen de la subvención, el texto del proyecto no establece qué ocurre con ella en los casos en que el contrato de trabajo se extingue, por decisión del empresario, una vez concluido el ciclo formativo. Añade, además, que en su opinión las subvenciones deberían estar reservadas a los contratos de trabajo por cuenta ajena, sin extenderse a los contratos de sociedad.

Añade finalmente otras consideraciones sobre ciertos aspectos que la norma habría de regular de forma más precisa, como las funciones del instructor y el tutor en relación con la coordinación entre la parte formativa y laboral y advierte sobre la ausencia en el proyecto de orden de previsiones presupuestarias y de órganos de seguimiento y evaluación de la iniciativa, lo que podría hacerse bien a través de comisiones creadas al efecto, bien mediante la asignación de estas funciones a algunas ya existentes.

El miembro designado por LAB comienza sus consideraciones manifestando que, en su opinión, una correcta aplicación de la orden puede contribuir a la integración laboral de los y las jóvenes una vez concluido su ciclo formativo.

Ello no obstante, propone la introducción de ciertas modificaciones que mejorarían su contenido. Tales modificaciones se refieren a:

a) La determinación de las retribuciones, proponiendo en este sentido que se especifique en la parte dispositiva de la orden, convirtiendo así en preceptiva la referencia que se hace al salario en la exposición de motivos, que esta retribución será en todo caso la que corresponda según el convenio colectivo o el pacto de empresa aplicable.

b) La conversión del contrato a tiempo parcial indefinido en uno a tiempo completo una vez finalizado el proceso formativo.

c) El mantenimiento en el tiempo de la exigencia de un incremento de la plantilla fija en la empresa, extendiéndolo como mínimo a los tres años correspondientes al ciclo formativo.

d) En relación con la tasa máxima de temporalidad exigible para el acceso a las subvenciones, propone de una parte que se incluyan en el cómputo del 15% los contratos de puesta a disposición realizados a través de ETT(s), y de otra que se mantenga esta tasa máxima durante un periodo de tiempo a determinar.

El miembro designado por UGT manifiesta en primer lugar que aunque el objetivo de este proyecto de orden es la integración laboral de las personas jóvenes, en su texto no se hace ninguna referencia a la edad máxima de los y las participantes en este nuevo modelo formativo. Tampoco se fijan objetivos cuantitativos ni mecanismos de seguimiento y evaluación.

A pesar de ello, en términos globales valora la iniciativa de forma positiva, en la medida en que puede contribuir a aquella integración en el mercado de trabajo en condiciones dignas y con empleos (indefinidos) de calidad.

Dentro de esta valoración global positiva, y dentro del contexto general del proyecto cuyos aspectos sustanciales reproduce,realiza también algunas referencias a puntos concretos que, en su opinión, deberían ser objeto de modificación y especificación.

a) En primer lugar, y en relación con las tareas a desarrollar por el alumno-trabajador, considera que estas tareas, así como su correspondencia o encaje en las diferentes categorías profesionales, deberían ser establecidas en la orden que fije anualmente las plazas correspondientes a este nuevo modelo formativo, así como los centros autorizados para ofertarlas. De esta forma se aseguraría que se trata de funciones que redundan en provecho tanto del alumno-trabajador como de la empresa, evitándose de este modo que la adecuación entre el aprendizaje que se lleva a cabo en el centro formativo y el contenido de la prestación laboral asignada a aquél quede sujeta a la sola decisión de la empresa.

b) Igualmente y en correspondencia con lo que señala el informe técnico, los requisitos para acceder a las plazas cuando ésta sean insuficientes para atender a toda la demanda, deberían ser objeto de una mayor concreción para evitar problemas de interpretación en el futuro.

c) Finalmente, en los casos de extinción del contrato de trabajo por causa ajena a la libre voluntad del trabajador, no solo habría de procederse a la extinción de la subvención, tal y como prevé el texto del proyecto, sino que debería tenerse en cuenta tal circunstancia a los efectos del acceso de la misma empresa a futuras subvenciones de la misma naturaleza.

Reunida la Comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales, en fecha 27 de diciembre de 2007, sus miembros acordaron emitir el siguiente

DICTAMEN

1º.- Las consideraciones de la Comisión de Informes que se incluyen en el presente dictamen han de entenderse en todo caso sin perjuicio de las alegaciones de cada uno de sus miembros, que han quedado reflejadas en el apartado denominado síntesis de las aportaciones y en cuyo contenido íntegro se ratifican ahora de forma expresa.

En cualquier caso, el objetivo de conseguir una adecuación progresiva entre los contenidos de la formación profesional y las necesidades laborales de las empresas, unido a la integración simultánea en el mundo del trabajo mediante empleos de calidad (indefinidos) de quienes participan en aquellos procesos formativos, merece una valoración global positiva.

2º.- Los miembros de la Comisión de Informes constatan, en primer lugar, que en el proyecto de orden no quedan regulados de manera suficientemente precisa los aspectos académicos del nuevo modelo organizativo. Y aunque estos aspectos académicos no son objeto directo de la actividad consultiva del Consejo de Relaciones Laborales, las decisiones que se adopten en relación con buena parte de ellos pueden tener consecuencias sobre los contratos laborales simultáneos a suscribir con los alumnos-trabajadores. Tal circunstancia dificulta en parte la valoración de la vertiente estrictamente laboral de este proyecto de orden.

3º.- Aunque el contrato indefinido a tiempo parcial simultáneo al proceso de formación no deja de ser un contrato ordinario, hay ciertos aspectos que convendría especificar de forma expresa. En especial, la necesaria conexión de este contrato con el convenio, pacto o acuerdo colectivo vigente en la empresa, no sólo en lo que se refiere a las retribuciones, sino también a la asignación de categoría profesional, tanto en origen como a lo largo del proceso formativo, en función de las tareas efectivamente encomendadas al trabajador o trabajadora, así como a la jornada y consiguiente distribución del tiempo de trabajo y descanso retribuido.

4º.- La adquisición de una cualificación profesional adecuada a las necesidades empresariales y la integración definitiva en el mundo laboral mediante empleos de calidad (indefinidos) de quienes adquieran aquella cualificación son objetivos complementarios e interdependientes. Por tal razón, la culminación con éxito del proceso formativo y la adquisición de la capacidad profesional correspondiente debería producir la transformación de la jornada parcial en jornada completa, en la misma medida que el abandono de los estudios o la no superación de los requerimientos académicos exigibles, deberían permitir la válida resolución del contrato de trabajo.

Bilbao, 11 de enero de 2008