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Informe sobre el proyecto de decreto de modificación del Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo
 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO

ANTECEDENTES

El proyecto de decreto que se somete a informe es prácticamente una reproducción del proyecto de decreto que se remitió previamente al Consejo en fecha 14 de abril de 2005, y que fue informado por éste en fecha 18 de mayo de 2005.

EL NUEVO PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- En lo que se refiere a la parte de este nuevo texto que se mantiene sin variación alguna con respecto al anterior, (artículos 1º, 2º, 3º y 6º), el Consejo reitera lo que ya dijo en su informe previo.

Así mismo, el Consejo igualmente reitera las propuestas de mejora del texto del decreto que se contenían en el informe de 18 de mayo de 2005, en el sentido de que:

“Se consideraría más correcto que, en los casos de ayudas a la renovación de plantillas, la identificación del hecho subvencionable se trasladara al momento de la contratación por tiempo indefinido, posible legalmente ahora desde la celebración inicial del contrato de relevo, oal de la conversión del contrato temporal del relevista en un contrato indefinido.

Igualmente, se considera conveniente que el decreto evitara la posible confusión que puedegenerar el requisito fijado en el artículo 42, que establece la duración de 6 meses del contrato de trabajo a realizar para tener derecho a la subvención, pudiendo así llevar a las partes a la creencia errónea de que se ha establecido una nueva modalidad contractual temporal no causal. Todo ello sin perjuicio de que se considere correcto que el contrato concertado, bajo cualquiera de las modalidades legalmente vigentes, tenga una duración mínima de 6 meses como requisito de acceso a la subvención”.

SEGUNDO.- Con respecto a la introducción de un nuevo artículo (el 5º) en el que se “matiza” el alcance de la normativa europea, el Consejo no se opone al texto propuesto, aunque entiende que se trata de una adición innecesaria pues los reglamentos europeos son siempre de aplicación directa en todos los países miembros, con independencia de que las normas internas se remitan explícitamente a ellos y su alcance es el que deriva de la delimitación (ámbito objetivo y subjetivo de aplicación) que realiza la propia norma comunitaria, sin que la matización expresa que contiene el proyecto de decreto en relación con la inaplicación del reglamento a las ayudas contempladas en el capítulo V modifique en nada lo que resulta del principio general de jerarquía normativa.

TERCERO.-En relación con la modificación introducida en el artículo 4º, el Consejo quiere realizar, sin embargo, alguna consideración específica.

La referencia al cumplimiento de la legislación vigente “en materia de contratación temporal”, como un nuevo requisito para el acceso a las ayudas establecidas en el decreto, podría interpretarse como una traslación al texto de la norma de la sugerencia contenida en el informe del Consejo de fecha 18 de mayo de 2005 emitido con relación al proyecto previo. En este informe se señalaba:

“Que la exigencia de una tasa máxima de temporalidad para el acceso a las ayudas (el 24%), de cuya observancia se exime además a las empresas pequeñas que agrupen a menos de 10 trabajadores, constituye una forma inadecuada e insuficiente de abordar el fenómeno de la temporalidad.

En esta materia la norma debería ceñirse a la exigencia del cumplimiento de la legalidad, sin referencia, por tanto, a tasas o porcentajes fijados objetivamente cuya justificación depende sólo del hecho de que los diferentes contratos se ajusten a la ley.

Como alternativa, y del mismo modo que se han establecido limitaciones para el acceso a las ayudas por el incumplimiento de las prescripciones contenidas en la ley para la igualdad de mujeres y hombres, el Consejo entiende que la norma podría excluir de las mismas a las empresas que hayan sido sancionadas por el incumplimiento de las previsiones legales en materia de contratación temporal”.

Ahora bien, el hecho de que esta modificación se lleve a cabo manteniendo intacta la exigencia de que el porcentaje de temporalidad (únicamente para empresas de más de 10 trabajadores), sea inferior al 24%, unido a que el nuevo proyecto de decreto no indica la forma en que habrá de constatarse por el empresario peticionario de la ayuda el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación temporal, introduce distorsiones y elementos de inseguridad jurídica.

En todo caso, el Consejo de Relaciones Laborales quiere dejar constancia expresa de que esta modificación no responde en ningún caso al espíritu de la propuesta realizada en su informe de fecha 18 de mayo de 2005.

Finalmente, el miembro de la comisión de informes designado por LAB, manifiesta que mantiene el voto reservado que formuló en su momento con relación al informe del Consejo, añadiendo ahora que el acceso a las ayudas al empleo debe quedar condicionado no solo al cumplimiento de la normativa legal en materia de contratación temporal, sino también la de carácter convencional.

Bilbao, 14 de septiembre de 2005.