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Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre los proyectos de decreto de creación de la inspección de seguridad y salud laborales y de desarrollo de los procedimientos sancionatorios en materia de cooperativas, minas y administración general de la CAPV por el incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales

 

Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre los proyectos de decreto de creación de la inspección de seguridad y salud laborales y de desarrollo de los procedimientos sancionatorios en materia de cooperativas, minas y administración general de la CAPV por el incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de Enero de 2007 el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco ha remitido a este Consejo, por conducto de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico para la emisión de informe preceptivo en relación con su contenido, los proyectos de decreto que se relacionan:

  • Proyecto de decreto sobre la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la CAPV.
  • Proyecto de decreto sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito minero, canteras y túneles.
  • Proyecto de decreto del procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales de las cooperativas de la CAPV.
  • Proyecto de decreto del procedimiento para la imposición de medidas correctoras por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas.

De conformidad con el procedimiento establecido por la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales para el desarrollo de la función consultiva, dichos proyectos de decreto fueron remitidos a todos sus miembros, a fin de que en el plazo establecido puedan realizar las alegaciones y consideraciones particulares que estimen procedentes para su incorporación al informe de síntesis, y simultáneamente a los servicios del Consejo para la realización del informe técnico correspondiente.

ANÁLISIS TÉCNICO

Los cuatro proyectos de decreto que se han remitido al Consejo para informe responden a un objetivo común. A través de ellos se pretende controlar y vigilar la aplicación efectiva de la legislación de prevención de riesgos laborales y sancionar su incumplimiento en determinados sectores de actividad de la CAPV. Para ello se regulan de una parte los procedimientos para la imposición de las sanciones pertinentes o para la realización de los requerimientos que procedan en el ámbito de la Administración Pública cuando ésta actúa como empleador sujeto a aquella legislación preventiva, y de otra se crea –y se aprueba su reglamento de funcionamiento- el órgano encargado de desarrollar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de aquella normativa en la CAPV: la denominada Inspección de Seguridad y Salud Laborales.

ASPECTOS GENERALES

Un análisis general del contenido de estos proyectos de decreto, permite extraer como rasgos generales los siguientes:

a) la Inspección de Seguridad y Salud Laborales se establece como un servicio con competencias y funciones limitadas a ciertos sectores de actividad y referidas únicamente a una parte específica de la legislación laboral.

Tal y como está concebida, la Inspección de Seguridad y Salud Laborales tendrá un ámbito limitado de actuación; su actividad quedará contraída únicamente a una parte de la normativa laboral y a un segmento específico del conjunto de los empleadores de la CAPV.

En efecto, la Inspección de Seguridad y Salud Laborales no tendrá encomendada la función de vigilancia y control del cumplimiento del conjunto de la legislación laboral, sino únicamente de la normativa relacionada con la legislación de prevención de riesgos laborales. Y tampoco vigilará el cumplimiento de esta parte de la normativa laboral por el conjunto de los empleadores –públicos y/o privados- de la CAPV, sino únicamente por algunos de ellos. En concreto y según establece el artículo 1.1º del proyecto de decreto: las Administraciones Públicas Vascas, los (empresarios) que desarrollen una actividad minera y las cooperativas con respecto a los y las socias de trabajo y a los y las socias trabajadoras.

b) La norma que regula esta nueva Inspección de Seguridad y Salud Laborales, le otorga, para este limitado ámbito de actuación, un carácter en todo similar al que establece para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social su ley reguladora: la ley 42/1997. Y expresamente le atribuye la condición de autoridad pública y confiere a las comprobaciones efectuadas por los funcionarios y funcionarias que la integran la misma presunción de veracidad que a los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El proyecto de decreto que crea la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la CAPV y regula su reglamento de actuación se compone de un artículo único por el que se aprueba –mediante un anexo- el reglamento y de una disposición adicional en la que se establecen los principios del procedimiento sancionador y la presunción de certeza de la que gozan los hechos constatados por el inspector y reflejados en el acta de infracción.

Por su parte, el reglamento de funcionamiento que se inserta en el anexo del decreto, reproduce para este nuevo cuerpo de inspección, con pequeñas adaptaciones, el contenido de la Ley reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

c) A partir de la aprobación del decreto de creación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la CAPV, se producirá con toda probabilidad una “concurrencia conflictiva” entre ella y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la medida en que ambas Inspecciones pueden proyectar su actuación sobre los mismos sujetos (empresarios mineros o cooperativas de trabajo asociado) en relación con la vigilancia y control del cumplimiento de las mismas normas sustantivas (la legislación, en sentido amplio, de prevención de riesgos laborales).

Los decretos que se analizan no contienen ninguna previsión para resolver los posibles –y seguramente inevitables- conflictos de competencia que podrían generarse entre ambos cuerpos de inspección cuando se produzcan incumplimientos de la legislación preventiva en los ámbitos a que se refieren estas nuevas normas. En efecto, a partir de ahora, se podrían suscitar complejos problemas de selección de la norma aplicable, desde muchos puntos de vista: la determinación del órgano competente para levantar las correspondientes actas de infracción; la validez de estas actas a efectos jurídicos para iniciar el procedimiento sancionador; la decisión sobre cuál o cuáles de las diferentes actas, en el caso de superposición de varios órganos inspectores, gozan de la presunción de certeza con respecto a los hechos constatados…etc.

Seguramente, éste es el tema más complejo de los que suscita la iniciativa sometida a informe. En todo caso, parece procedente realizar un análisis diferenciado de los decretos, separando los aspectos que se refieren a la actividad cooperativa y minera, de los relativos a su aplicación a las Administraciones Públicas Vascas, pues unos y otros presentan problemáticas diferentes.

Este apartado, como resulta de su encabezamiento, trata únicamente de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales con relación a las cooperativas y la actividad minera.

En otras ocasiones se ha advertido que los informes del Consejo de Relaciones Laborales no son informes técnico-jurídicos; su cometido no es pronunciarse sobre la viabilidad en términos jurídicos de un determinado proyecto de norma, aunque en algunos casos resulte necesario realizar ciertas precisiones técnicas para comprender mejor el contenido y alcance de la iniciativa que se analiza, sin que ello suponga que el Consejo adopta –al menos en esta fase preliminar- un posicionamiento específico sobre aquellas cuestiones que se consideran problemáticas desde el punto de vista de la legalidad de la norma analizada.

Las contradicciones entre disposiciones que regulan de un modo diferente una misma materia se solventan aplicando los principios clásicos de jerarquía normativa y sucesión temporal entre normas del mismo rango jerárquico (o en su caso, en base a criterios de especialidad) cuando las disposiciones en conflicto se insertan en un mismo ámbito material de competencias: el del Estado, o el de una determinada Comunidad Autónoma. Se trata de criterios que actúan “ad intra” y se aplican en el seno de cada ordenamiento: el estatal o el autonómico. Sin embargo, en el caso de que las normas en conflicto pertenezcan a ámbitos competenciales distintos –estatal o autonómico- su concurrencia conflictiva y la preferencia de una frente a la otra, se resuelve mediante la delimitación del nivel de competencias que corresponde a la autoridad que las promulgó, con independencia de su rango jerárquico. Este juicio de adecuación competencial parece, por tanto, necesario para analizar la regularidad o si se quiere la licitud de unas normas que penetran en el ámbito de las funciones y competencias ya encomendadas a un determinado órgano para asignar alguna de ellas a otro diferente.

En el presente caso, el decreto de creación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la CAPV se asienta, de acuerdo con su exposición de motivos, en un doble título competencial. En primer lugar en la competencia de ejecución de la legislación laboral que ostenta la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, si la creación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la CAPV se justificara en base a la competencia genérica de ejecución en materia laboral que ésta tiene atribuida, no se comprende bien porqué no se ha creado un cuerpo de inspección con funciones integrales, es decir referido al conjunto de la normativa laboral y no únicamente a uno de sus aspectos, pues la propia competencia de ejecución invocada se refiere a toda la legislación laboral. En todo caso, la cuestión de si la competencia de ejecución comprende también la de creación y regulación de unos cuerpos propios de inspección, que fue tangencialmente abordada por el Tribunal Constitucional (STC 195/1996) sin que éste llegara a pronunciarse de forma expresa sobre ella, parece agotada o al menos fuertemente condicionada por la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un cuerpo nacional (en este punto, la ley 42/1997 vino a corroborar la opción previa de la ley 8/1988, en la redacción que a su vez le dio la ley 11/1994) al que se atribuyen competencias para la vigilancia del conjunto de la legislación laboral, con independencia de que sea la autoridad autonómica -en cuyo caso la inspección pasa a depender funcionalmente de esta autoridad autonómica- la que fije las sanciones correspondientes en ejercicio de las potestades sancionatorias derivadas de su propia competencia de ejecución. Más allá de este régimen que podríamos denominar ordinario, esta ley 42/1997, únicamente contempla la posibilidad de una transferencia orgánica de la Inspección de Trabajo –lo que no altera su carácter de cuerpo nacional- en el marco excepcional de los acuerdos a que se refiere su artículo 17.3.

Quizá consciente de ello la exposición de motivos del proyecto de decreto contiene también una referencia a las competencias exclusivas de la CAPV en materia de cooperativas y minas. Se trata del segundo título competencial al que antes se ha hecho referencia.

La forma en que se aborda la regulación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales, -ya que como se ha señalado la competencia de ejecución en materia laboral no justifica la limitación objetiva del campo de actuación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales- lleva a pensar que el título a cuyo amparo se está actuando realmente es el de la competencia exclusiva en materia de cooperativas y minas. Aunque la exposición de motivos de la norma no lo diga de manera expresa, la ley reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sí abre en estos casos una puerta a la creación de otros órganos de inspección, aunque vinculando tal posibilidad al ejercicio efectivo por parte de la Comunidad Autónoma de las competencias legislativas “de orden social” que le correspondan en relación con determinadas materias.

Ahora bien y con independencia de la interpretación y alcance que quepa dar a la expresión “orden social”, lo que no parece cuestionable es que en todos estos casos la creación delórgano de control (inspección) se conecta siempre con la decisión de regular en sus aspectos sustantivos y al amparo de una competencia legislativa propia una determinada materia. Dicho de una forma sencilla, quien crea la norma y genera nuevas obligaciones o modula las preexistentes al amparo de su competencia exclusiva, puede crear también estructuras propias, distintas de las establecidas con carácter general, para el control de su cumplimiento.

La disposición adicional sexta de la ley 42/1997 reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social exige así que la creación de estos órganos propios de inspección se realice en su caso a través de la ley que regula cada materia (en nuestro caso las cooperativas o la actividad minera), estableciendo un requisito adicional: que se trate de una ley, en la medida en que ésta es el cauce formal ordinario para el ejercicio de la potestad legislativa. En el presente caso sin embargo, la Inspección se crea mediante un decreto y al margen del ejercicio de las competencias sustantivas sobre las materias a las que se va a referir su actuación.

Todas estas cuestiones se dejan simplemente apuntadas para centrar el debate en el seno de la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales que será en definitiva quien decidirá sobre la procedencia de abordarlas o no en curso de sus sesiones de trabajo.

d) La declaración de competencia de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales para intervenir en el ámbito de las cooperativas y de las empresas mineras se completa mediante la aprobación, a través de dos decretos adicionales, -uno para cada ámbito de actividad- del procedimiento para la imposición de las sanciones pertinentes en el caso de incumplimiento.

La técnica utilizada por los proyectos de decreto que ahora se examinan no ha sido la de regular un único procedimiento común para el ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de prevención de riesgos laborales, sino la de crear dos procedimientos formalmente distintos, aunque de contenido sustancialmente igual; uno para cada sector de actividad: las cooperativas y las empresas mineras.

El hecho de que se pretenda aprobar un procedimiento específico para cada actividad puede ilustrar también probablemente sobre el título competencial desde el que se actúa, pues en definitiva de esta manera se genera la impresión de que se aborda la regulación –bien que solo en sus aspectos formales- de una determinada materia sobre la que se ostenta competencia sustantiva para remitir desde ella a un órgano específico de inspección la vigilancia y control de su cumplimiento.

En cualquier caso, ambos decretos se limitan prácticamente a reproducir las previsiones del reglamento general para la imposición de sanciones en el ámbito laboral aprobado por el R.D. 928/1998. Únicamente realizan alguna adaptación, en especial en lo que se refiere al papel y funciones de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales en el curso del procedimiento sancionador que se equipara en todo al de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) La actuación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales se proyectará también sobre las Administraciones Públicas Vascas en materia de prevención de riesgos laborales con respecto al conjunto de su personal.

El campo de actuación de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas presenta contornos diferentes.

En efecto, el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con su disposición adicional tercera admite de forma expresa que en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones que la ley atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puedan ser atribuidas a órganos diferentes.

Por su parte, y como indica la exposición de motivos del proyecto de decreto por el que se crea el procedimiento a aplicar en materia de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas Vascas, el propio artículo 45 de la misma LPRL reconoce las peculiaridades que presenta la Administración Pública, tanto desde el punto de vista de la aplicación de la propia normativa preventiva como desde la óptica de la determinación de las responsabilidades exigibles en caso de incumplimiento, y declara por ello la necesidad de dictar disposiciones de adaptación, tanto desde el plano sustantivo como desde el procedimental para la imposición de las medidas correctoras en caso de incumplimiento.

Esta función de adaptación se ha llevado a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado, a través de dos Reales Decretos, uno propiamente de adaptación de las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1488/1998, y otro, el Real Decreto 707/2002 que regula el procedimiento para la imposición de medidas correctoras.

En esta materia existe, por tanto, un espacio para la regulación de un procedimiento específico aplicable a las Administraciones Públicas Vascas y de manera correlativa para la creación de un órgano propio de inspección.

En cualquier caso, la nueva iniciativa se contrae a la regulación del procedimiento para la imposición de medidas correctoras, sin que, en lo que sepamos, exista una disposición similar para adaptar el contenido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de las Administraciones Públicas Vascas.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

En relación con la Inspección de Seguridad y Salud Laborales

Para el desarrollo de las funciones de inspección el proyecto de decreto prevé la creación de una escala de inspectoras e inspectores de seguridad y salud laborales dentro del cuerpo superior de Administración (grupo A) integrada en una unidad administrativa específica bajo la dependencia de la subdirección técnica de Osalan. El responsable de esta unidad ostentará la condición de autoridad central de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales. El proyecto de decreto contempla también la posibilidad de creación de unidades especializadas por razón de su ámbito de actuación, declarando que, en todo caso, una de ellas será la minería.

Esta opción organizativa, se adopta en el marco de la potestad de administración que compete a la CAPV que incluye la de dictar los reglamentos de organización de los servicios correspondientes.

A partir de ahora, en el seno de Osalan coexistirán, por tanto, grupos de personal técnico diferenciado con funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales: los que en virtud de un régimen de habilitación al amparo del artículo 9.2 de la LPRL desarrollen funciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y quienes asuman y desarrollan íntegramente la función inspectora para las actividades a que se refieren los proyectos de decreto analizados.

Como ya se ha indicado al inicio del presente informe, la Inspección de Seguridad y Salud Laborales tendrá el carácter de autoridad pública y, en un esquema similar al de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sus constataciones fácticas gozarán de presunción de veracidad.

En lo demás, las funciones, facultades y deberes de esta nueva Inspección de Seguridad y Salud Laborales que se relacionan en el la sección 2ª del capítulo primero del proyecto de decreto, constituyen básicamente una adaptación de las previsiones contenidas en la propia ley reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y van desde las de advertencia y requerimiento hasta las de iniciación del procedimiento sancionador mediante la extensión de la correspondiente acta de infracción e incluyen específicamente las de proposición del recargo correspondiente en las prestaciones de seguridad social por incumplimiento de la legislación preventiva, o de reducción o recargo en las primas por contingencias profesionales, así como las de paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

En relación con los proyectos de decreto que desarrollan los procedimientos sancionatorios

Por último y en lo que hace referencia a los procedimientos sancionatorios y como ya se ha advertido en otros apartados precedentes, los que se refieren a las cooperativas y las actividades mineras reproducen, con pequeñas adaptaciones, el procedimiento desarrollado en el R.D. 928/1998 y son, por tanto, de contenido también prácticamente idéntico entre sí, aunque lógicamente las funciones que aquel R.D. encomienda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hayan sido íntegramente trasladadas a la nueva Inspección de Seguridad y Salud Laborales.

A su vez el reglamento para la tramitación del procedimiento en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, que excluye a los centros y establecimientos de los cuerpos de policía propios, se inicia por la unidad Inspectora de Seguridad y Salud Laborales de oficio o a petición de personas interesadas o de la representación del personal y da lugar, previas las comprobaciones y visitas pertinentes, a una propuesta de requerimiento en la que se identifican las irregularidades detectadas, las medidas que proceda adoptar y el plazo para su ejecución. Esta propuesta se transformará en un requerimiento definitivo si la unidad inspeccionada o la representación del personal no formularen alegaciones frente a ella, o, previo el trámite de alegaciones que correspondan, dará lugar a la emisión de un nuevo requerimiento; éste con carácter definitivo.

Finalmente, el artículo 12 del proyecto de decreto regula y establece las actuaciones procedentes en el caso de incumplimiento del requerimiento definitivo, disponiendo que las discrepancias se resolverán de forma definitiva por el Consejo de Gobierno.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Opinión sindical

Aspectos generales

Los proyectos de decreto que se informan constituyen en opinión de los miembros de la comisión de informes designados por las organizaciones sindicales, un primer paso para el reforzamiento de la acción inspectora en materia de prevención de riesgos laborales.

En este sentido el miembro designado por LAB, recuerda que la necesidad de adoptar medidas que superen la falta de competencias y de capacidad legislativa en materia laboral así como la exigencia de la transferencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la CAPV, constituyen una reivindicación mantenida durante largo tiempo. A pesar de ello, la decisión de promulgar estos decretos debe considerarse insuficiente y de carácter parcial en la medida en que se refiere sólo a la vigilancia y control de un determinado aspecto de la legislación laboral: la legislación de prevención de riesgos laborales, y, en segundo lugar, porque incluso dentro de este ámbito limitado de actuación afecta sólo a unos específicos sectores de actividad. En último lugar y por lo que se refiere a estos aspectos de tipo general, advierte también de que la efectividad de las medidas propuestas dependerá no sólo de la aprobación de las normas, sino de la voluntad política de sus promotores de dotar a esta Inspección de Seguridad y Salud Laborales de los medios materiales y humanos, así como de los recursos presupuestarios necesarios para que desarrolle su labor.

El miembro designado por UGT, en el marco igualmente de una valoración positiva de la iniciativa de reforzar la labor de inspección, manifiesta también que la creación de esta Inspección de Seguridad y Salud Laborales no debería generar en ningún caso confusión con respecto a su encaje dentro de la propia estructura de OSALAN, teniendo en cuenta el conjunto de las funciones que pasarán a ser desarrolladas por los nuevos inspectores, así como por los técnicos habilitados o por la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales.

Apunta en este sentido que lo deseable sería posiblemente que estas iniciativas se recogiesen en una norma con rango de ley, o que se desarrollasen, al menos, en el marco de una habilitación legal previa.

En este plano de consideraciones de tipo general, el miembro designado por esta organización considera también necesario que el Gobierno Vasco llegue a un acuerdo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para coordinarse y optimizar sus recursos, así como que se cree un grupo de seguimiento entre organizaciones sindicales y empresariales para desarrollar y evaluar la implantación de los decretos.

Por su parte, el miembro designado por CC.OO entiende que todos los proyectos de decreto que se han remitido para informe adolecen de una insuficiencia común: se olvida el papel de los delegados y delegadas de prevención, en contra de lo que se plantea en el borrador del Plan Estratégico de Prevención e incluso de los criterios operativos recomendados como buenas prácticas por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a cuyo efecto cita en concreto el criterio operativo 47/2006.

Consideraciones específicas

Además de estas alegaciones de tipo general, los miembros designados por las organizaciones sindicales han realizado también algunas consideraciones de tipo particular en relación con determinados aspectos y preceptos de los proyectos de decreto sometidos a informe.

A) proyecto de decreto por el que se crea la Inspección de Seguridad y Salud Laborales.

El miembro designado por LAB apunta la conveniencia de introducir expresamente en el apartado 6 del artículo 7, una referencia a la producción del accidente o la enfermedad profesional por la “ausencia de cualquier medida preventiva”, como expresión más amplia que la de “medidas de seguridad e higiene” que utiliza el precepto.

En relación con este mismo proyecto de decreto, muestra su oposición a la posibilidad prevista en el artículo 7.7 de primar en sus cuotas a la Seguridad Social a las empresas que cumplan con la normativa de prevención de riesgos laborales, puesto que se trata del simple cumplimiento de la ley.

El miembro designado por CC.OO propone añadir la figura del delegado/a de prevención o en su ausencia del representante de los trabajadores en los siguientes artículos:

Artículo 3, 2.- 1: incluir como funciones de la inspección el asesoramiento a los delegados y delegadas de prevención.

Artículo 5, final apartado 1: comunicar (el inspector) su presencia al delegado de prevención o en ausencia a representante de los trabajadores/as.

Artículo 5, apartado 2: hacerse acompañar en las visitas (el inspector/a) por el delegado de prevención.

Artículo 5, apartado 3,1: requerir información a los delegados o delegadas.

Artículo 5, apartado 3, 4: incluir entre las personas a las que debe realizarse la notificación de la extracción de muestras a los delegados y delegadas de prevención.

Articulo 7 apartado 9: añadir: “.......informando de cuantas medidas se propongan a los delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud”.

Artículo 9, apartado 2: incluirla colaboración de los delegados de prevención detrás de la de los empresarios.

Artículo 10, apartado 1: debe incluirse a los delegados y delegadas de prevención tras los empresarios.

B) Proyecto de decreto referido al procedimiento aplicable en las Administraciones Públicas Vascas:

En concreto y en relación con este proyecto de decreto el miembro designado por LAB propone que:

-En los artículos 5 y 6 se elimine la referencia a las actuaciones previas de los delegados/as de prevención, considerando que para el inicio de la actuación inspectora ha de ser suficiente con la petición de la persona interesada o del representante del personal.

-En el artículo 6: se elimine igualmente el último inciso del precepto que señala que: “..........el responsable de la unidad inspectora, a la vista de dicho informe decidirá sobre su intervención, comunicando su decisión motivada a la o el denunciante si decidiera la necesidad de no intervención”.

-En el artículo 9 apartado d) se concrete el plazo para la ejecución de las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas.

-En el artículo 10 se añada entre los destinatarios de la comunicación de la propuesta de requerimiento a la persona que presentó la denuncia.

-En los artículos 11.1, 11.2, 11.3, habría que atribuir a la persona que presentó la denuncia los mismos derechos que a la representación del personal.

-Respecto al artículo 12.2 considera que en este artículo se desarrolla un procedimiento excesivamente largo, lento y burocratizado, cuyos aspectos coercitivos, en cuanto a la obligatoriedad de las medidas o a la definición de las responsabilidades, quedan también excesivamente relativizados, por lo que propone que debería establecerse algún mecanismo de control para asegurar la efectividad del procedimiento.

-Y finalmente y por lo que se refiere a la paralización de las actividades por riesgo grave e inminente, entiende que el precepto debería añadir que la única persona que puede levantar esa medida es la propia Inspección de Seguridad y Salud Laborales.

Por su parte, y en referencia a este mismo proyecto de decreto, el miembro designado por UGT, propone que el procedimiento establecido en materia de Administraciones Públicas de la CAPV, -y consiguientemente la acción inspectora de la nueva escala de inspectores e inspectoras de seguridad y salud- se aplique también en los casos en que la Administración actúe como contratista o promotor en relación con las obligaciones y responsabilidades específicas en que pueda incurrir en relación con los subcontratistas, a fin de convertir la actuación de la Administración en el mercado en el núcleo duro de las garantías y control del cumplimiento en materia de seguridad y salud laboral.

Y, por último, igualmente en relación con este mismo proyecto de decreto, el miembro designado por CO.OO propone que se añada a su artículo 9 el siguiente texto:“Los delegados de prevención de la cooperativa tendrán pleno derecho a acompañar y ser informados de las acciones inspectoras en materia de prevención de riesgos laborales, salvo que se considere que pueda perjudicar el éxito de la acción inspectora”.

C) Proyecto de decreto por el que se fija el procedimiento aplicable en materia de cooperativas.

En cuanto a las consideraciones específicas referidas a este proyecto de decreto, el miembro designado por UGT propone que en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado se posibilite otra vía de comunicación además de la denuncia nominativa, admitiéndose junto a ella una comunicación anónima a la inspección para salvar las reticencias que puede provocar la necesaria identificación personal del denunciante.

Y, por su parte, el miembro designado por CO.OO solicita que se añada a su artículo 9 el siguiente texto: “Los delegados de prevención de la cooperativa tendrán pleno derecho a acompañar y ser informados de las acciones inspectoras en materia de prevención de riesgos laborales, salvo que se considere que pueda perjudicar el éxito de la acción inspectora”.

D) Finalmente y en relación con el proyecto de decreto sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito minero, canteras y túneles, el miembro designado por CO.OO realiza la sugerencia de incluir en este decreto a las instalaciones industriales con almacenamiento de sustancias peligrosas, afectadas por la Directiva Seveso II.

Adicionalmente, propone las siguientes modificaciones del articulado del proyecto:

-Añadir en el articulo 8: ”.......... Al inicio de la actividad inspectora, se comunicará a los delegados de prevención o en su ausencia a otros representantes de los trabajadores, salvo que se considere que el acompañamiento pueda perjudicar el éxito de la actuación inspectora”.

-Añadir en el artículo 11.1 un nuevo apartado i) en el que se diga: “... Facilitar toda la información sobre las medidas adoptadas tras la actuación inspectora a los delegados de prevención y representantes de los trabajadores”.

-Añadir una referencia a los delegados y delegadas de prevención en el apartado 4 de dicho artículo 11 con el siguiente texto: ”La paralización o suspensión de los trabajos se levantará por la Inspección de Seguridad y Salud Laborales que la hubiera decretado, o delegado de prevención (o en su ausencia de la representación legales de los trabajadores) cuando concurran las circunstancias y en la forma establecidas en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. El incumplimiento en esta materia de las decisiones de la Inspección o de la Autoridad Laboral producirá las responsabilidades previstas en la normativa aplicable”.

-Añadir en el artículo 17 que todas las actas de infracción serán comunicadas mediante copia a los delegados de prevención o en el supuesto que no existiera a la representación de los trabajadores.

-Añadir en el artículo 27 (limitación de contratar) las infracciones graves junto con las muy graves. “Las limitaciones a contratar con la Administración por la comisión de infracciones administrativas graves y muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, suponen que en ningún caso pueden contratar con la Administración las personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la seguridad e higiene en el…

La comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales se reunió en fecha 1 de febrero de 2007. En el curso de esta reunión sus miembros realizaron las siguientes

CONSIDERACIONES FINALES

Opinión sindical

Los miembros de la comisión de informes designados por las organizaciones sindicales coinciden en señalar que la creación de instrumentos de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales constituye una iniciativa que, en principio, merece una valoración positiva, aunque la efectividad de esta iniciativa dependerá en la práctica no sólo de la aprobación de los instrumentos normativos correspondientes, sino también de la voluntad real de implementar las medidas previstas en ellos mediante la asignación de los recursos materiales, humanos y presupuestarios que sean necesarios.

Opinión empresarial

Por su parte, los miembros de la comisión designados por la organización empresarial manifiestan que apoyan la iniciativa del Gobierno Vasco de desarrollar sus propias competencias, aunque consideran que los proyectos de decreto que regulan los procedimientos sancionadores y el procedimiento aplicable en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, no deberían limitarse a reproducir prácticamente el contenido de las disposiciones estatales.

En todo caso y por lo que se refiere a la creación de una escala de inspectores e inspectoras de seguridad y salud laborales, muestran expresamente su disconformidad con la decisión de que estos nuevos funcionarios se integren en OSALAN bajo la dependencia orgánica y funcional de la subdirección técnica de este organismo.

En este punto se limitan a reiterar la opinión que ya manifestaron en relación con el proyecto de decreto por el que se atribuían funciones inspectoras en materia de prevención de riesgos laborales a funcionarios habilitados de OSALAN, ya que, como se hacía constar en el informe del Consejo de Relaciones Laborales de fecha 8 de junio de 2006 emitido en relación con aquel proyecto de decreto, la organización empresarial a la que representan es contraria a atribuir funciones de carácter inspector a funcionarios territoriales cuya labor esencial es de asesoramiento y apoyo técnico a la empresa y de búsqueda de colaboración entre empleadores y empleados para el incremento de los niveles de seguridad, porque en la práctica la realización de estas tareas resulta incompatible con el ejercicio simultáneo de la actividad inspectora.

Otras consideraciones

Al margen de las consideraciones anteriores, los miembros de la comisión de informes realizaron otras valoraciones de tipo particular.

En este sentido el miembro designado por LAB quiere hacer constar que las medidas que se articulan a través de estos proyectos de decreto deberían inscribirse en una estrategia política general orientada a ocupar espacios hoy dependientes de la Administración del Estado, como forma de superación de las insuficiencias del marco competencial actual.

Por su parte, los miembros designados por CCOO y UGT quieren manifestar que aunque los informes del Consejo no tienen la finalidad de realizar análisis técnico-jurídicos de las diferentes propuestas normativas, la necesidad de conseguir un marco seguro para la actuación de los nuevos inspectores de seguridad y salud laborales dentro del objetivo de luchar eficazmente contra la siniestralidad laboral, puede hacer aconsejable revisar algunos aspectos técnicos de los decretos, entre los que destacan:

-Valorar la conveniencia de promulgar una ley para el sector de las cooperativas de trabajo asociado.

-En segundo lugar, y exceptuando el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas en el que los límites de la actuación de las diferentes inspecciones están establecidos de forma clara, analizar igualmente la conveniencia de introducir medidas dirigidas a precisar con claridad los ámbitos competenciales de los diferentes cuerpos de inspección, para evitar así una concurrencia conflictiva con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, especialmente en el caso de las minas. Sugerencia ésta a la que se unen los miembros designados por la representación empresarial.

-En último lugar, deberían establecerse también normas o criterios claros para evitar la confusión que podría generarse en el ámbito de OSALAN por la concurrencia de técnicos ordinarios y habilitados, con los nuevos inspectores e inspectoras de seguridad y salud laborales.

Bilbao, 1 de febrero de 2007