CRL-LHK
  INFORMES REALIZADOS POR EL CONSEJO
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Informe sobre los proyectos de modificación de los decretos 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral, 328/2003, de 23 de diciembre, de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas y 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo
 

Antecedentes

Los textos que se someten a informe del CRL, son los proyectos de modificación parcial de tres decretos vigentes en materia de políticas activas del Gobierno Vasco.

Estos proyectos no alteran, en ningún caso, los aspectos fundamentales de las políticas activas de empleo actualmente vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tal y como se afirma en su exposición de motivos, se trata de simples reformas parciales bien por razones que el propio texto denomina “de carácter técnico” bien por la necesidad de ajustar estas disposiciones normativas a las prescripciones de la nueva ley para la igualdad de mujeres y hombres.

Las líneas básicas, por tanto, de las políticas activas de empleo del Gobierno Vasco siguen siendo las que se recogen en los tres decretos ya referenciados, que a su vez traen causa del denominado plan interinstitucional de empleo para el periodo 2003-2006.

A la vista de ello, el Consejo de Relaciones Laborales en primer lugar quiere reiterar aquí la opinión emitida en su informe de fecha 21 de julio de 2003 sobre dicho plan interinstitucional de empleo, en el sentido de que el mayor problema que presentaba (era) “que tras la apariencia de abordar globalmente el tratamiento de la política de empleo, no resuelve las cuestiones y elementos fundamentales relativos a su desarrollo en el ámbito de la CAPV, especialmente los referidos a los servicios de empleo”.

Esta opinión no varió con la aprobación de los decretos 327/2003, 328/2003 y 329/2003, en los que se desarrollan, en aplicación del plan, los tres pilares básicos sobre los que pivota el conjunto de las políticas activas de empleo en el ámbito de la CAPV, aunque en su momento el Consejo no llegó a emitir un informe específico en relación con ellos, dado que se procedió a su promulgación formal y publicación en el BOPV antes de que se remitiera al departamento solicitante el correspondiente informe.

Los proyectos de modificación parcial de los Decretos 327/2003, 328/2003 y 329/2003 fueron analizados por la Comisión de Informes del Consejo en su sesión de 5 de mayo de 2005. En el curso de esta reunión los miembros de la Comisión de Informes expusieron las alegaciones que consideraron pertinentes, elaborándose a partir de ellas un proyecto de dictamen que fue analizado en la reunión de 18 de mayo de 2005, en la que, con el voto favorable de los miembros designados por ConfeBask, ELA, CC.OO. y UGT y el voto en contra del miembro de la Comisión de Informes designado por LAB, se aprobó el siguiente.

DICTAMEN

PRIMERO.- Consideraciones generales

Con carácter general el Consejo manifiesta:

1) Que considera correctas las modificaciones introducidas en el conjunto de los decretos con la finalidad de ajustar su contenido a las exigencias de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aunque se trate de ajustes necesarios por razones de estricta legalidad o de coherencia en la aplicación de las políticas públicas.

2) Que, sin embargo, entiende que los proyectos de modificación parcial de los decretos 327/2003, 328/2003 y 329/2003 que ahora se someten a informe, no abordan las cuestiones fundamentales relativas a las políticas de empleo de la CAPV, ni contienen tampoco novedad alguna relativa a sus estructuras de gestión, por lo que las cuestiones señaladas siguen constituyendo la asignatura pendiente para la resolución de los elementos fundamentales relativos a las políticas y los servicios de empleo en el ámbito de la CAPV.

SEGUNDO.- Proyecto de reforma del decreto 327/2003: “ayudas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral"

Con relación a este Proyecto el Consejo entiende que se trata de reformas de carácter meramente técnico vinculadas a la gestión de los programas.

De cualquier manera, en algunos casos puntuales el sentido de la modificación, aún revistiendo un carácter estrictamente técnico, no parece suficientemente justificado o explicado: por ejemplo, la supresión de algunos requisitos formales en relación con determinados centros públicos o privados concertados que se recogen en los artículos 4º y 5º del proyecto de modificación, entre otras cuestiones de orden menor.

TERCERO.- Proyecto de reforma del decreto 328/2003: “apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas”

1) Con relación a este proyecto el Consejo considera:

1.1. Que, en principio, es correcta la inclusión entre las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en este decreto a los centros universitarios y a la Administración Local. No obstante, esta ampliación no debería agotar necesariamente el círculo de entidades y organismos que pudieran desarrollar acciones dirigidas a fomentar la cultura emprendedora como una fórmula válida para facilitar el acceso de las personas a un empleo no dependiente: entre ellas podrían quedar incluidas también otras entidades vinculadas al fomento de las iniciativas emprendedoras.

1.2. Que alguna de las modificaciones propuestas, como la supresión del párrafo quinto del artículo 8 del decreto 328/2003 se justifican con la apelación genérica de que no responden a la realidad del programa subvencional, pero sin explicación alguna que avale tal afirmación, lo que con independencia de la adecuación o no de la medida dificulta enormemente su correcta valoración en esta fase consultiva.

1.3. Que, a la vista de que no se entiende con la suficiente claridad el motivo y el alcance del nuevo requisito introducido en el artículo 39 del Decreto 328/2003, considera que no resulta posible realizar una valoración en cuanto a esta modificación, con la precisión que sería exigible.

2) Propuesta de modificación adicional del Decreto 328/2003.

Al margen de las modificaciones propuestas al proyecto de decreto 328/2003 y que ahora se somete a informe, con carácter adicional, se traslada al departamento competente la eventual conveniencia de revisar también el círculo de los destinatarios de las medidas dirigidas al fomento de la cultura emprendedora como medio para la consecución de un empleo, ampliándola a los universitarios y a los jóvenes formados y con cierta experiencia laboral.

CUARTO.- Proyecto de reforma del decreto 329/2003: “ayudas al empleo”

1. Con relación a este proyecto de reforma de decreto el Consejo considera:

1.1. Que la exigencia de una tasa máxima de temporalidad para el acceso a las ayudas (el 24%), de cuya observancia se exime además a las empresas pequeñas que agrupen a menos de 10 trabajadores, constituye una forma inadecuada e insuficiente de abordar el fenómeno de la temporalidad.

En esta materia la norma debería ceñirse a la exigencia del cumplimiento de la legalidad, sin referencia, por tanto, a tasas o porcentajes fijados objetivamente cuya justificación depende sólo del hecho de que los diferentes contratos se ajusten a la ley.

Como alternativa, y del mismo modo que se han establecido limitaciones para el acceso a las ayudas por el incumplimiento de las prescripciones contenidas en la ley para la igualdad de mujeres y hombres, el Consejo entiende que la norma podría excluir de las mismas a las empresas que hayan sido sancionadas por el incumplimiento de las previsiones legales en materia de contratación temporal.

1.2. Que el requisito introducido en el nuevo apartado 4º del artículo 48 exigiendo que todas las actuaciones subvencionables tengan ahora una duración mínima de 30 días no queda suficientemente justificado, dado que no se aporta información cuantitativa ni cualitativa que explique, de manera suficiente, su posible inadecuación o desproporción con los objetivos de conciliación y con los resultados del programa.

2. Propuesta de modificación adicional del Decreto 329/2003.

Sin perjuicio de las modificaciones propuestas al proyecto de decreto 329/2003, con carácter adicional, se somete a la consideración del departamento competente la modificación del decreto vigente en las cuestiones siguientes:

2.1. Se consideraría más correcto que, en los casos de ayudas a la renovación de plantillas, la identificación del hecho subvencionable se trasladara al momento de la contratación por tiempo indefinido, posible legalmente ahora desde la celebración inicial del contrato de relevo, o al de la conversión del contrato temporal del relevista en un contrato indefinido.

2.2. Igualmente, se considera conveniente que el decreto evitara la posible confusión que puede generar el requisito fijado en el artículo 42, que establece la duración de 6 meses del contrato de trabajo a realizar para tener derecho a la subvención, pudiendo así llevar a las partes a la creencia errónea de que se ha establecido una nueva modalidad contractual temporal no causal. Todo ello sin perjuicio de que se considere correcto que el contrato concertado, bajo cualquiera de las modalidades legalmente vigentes, tenga una duración mínima de 6 meses como requisito de acceso a la subvención.

Bilbao, 18 de mayo de 2005

Voto reservado que emite el miembro de la Comisión de Informes designado por LAB

El sindicato LAB se pronuncia en contra del informe que contiene el dictamen sobre los Proyectos de modificación de los Decretos 327, 328 y 329/2003, aprobado por mayoría en la Comisión de Informes celebrada el pasado 18 de mayo. Por consiguiente, emite el siguiente VOTO RESERVADO:

Primero.- En relación al número 1 del punto cuarto del informe, la posición de LAB se refleja en el siguiente texto:

La política subvencional al empleo no constituye en ningún caso un mecanismo eficaz para hacer frente a la problemática de la temporalidad.

LAB considera muy negativa la estipulación contenida en el artículo primero, de modificación del Decreto 329/2003, por el que se regulan las ayudas al empleo y, en concreto, a la contratación de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Por una parte, la tasa del 24% de temporalidad es desorbitada, pues permite acceder a las subvenciones a empresas con un nivel de precariedad intolerables en una sociedad democrática; y por otra parte, resulta injustificada la permisividad en las empresas de menos de diez trabajadores/as, en lo que viene a ser una invitación a consolidar la temporalidad en las pequeñas empresas.

En cualquier caso, LAB aboga por subvencionar únicamente la contratación indefinida inicial y a tiempo completo de los colectivos afectados por el Decreto de referencia. Aunque desde un punto de vista conceptual la conversión en indefinido de un contrato temporal pudiere ser una actuación subvencionable, la utilización masiva de la contratación temporal sin causa ni justificación legal nos lleva a oponernos a la subvención de dicha conversión. Dicho en otros términos, la muy frecuente utilización del contrato temporal como mecanismo de entrada en las empresas, a modo de un período de prueba, y la posterior regularización contractual selectiva mediante la conversión de algunos temporales en indefinidos, no debe ser objeto de ayuda pública.

Segundo.- En relación al apartado tercero del informe, sobre el Decreto 328/2003 de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas.

Como posición de partida, LAB es contrario a subvencionar públicamente la denominada “cultura emprendedora”, eufemismo utilizado para referirse a los valores empresariales y la ideología del capital. Las diferentes instancias institucionales y la práctica totalidad de medios de comunicación públicos y privados ya extienden con suficiente profusión e intensidad la filosofía, espíritu y los valores patronales. No está de más advertir que no existe norma alguna destinada a financiar campañas con el objetivo de expandir los valores del sindicalismo reivindicativo, la conciencia de clase y la solidaridad obrera, tan necesarios en la sociedad actual.

Con todo, presentamos estas consideraciones a modo de voto concurrente, toda vez que el apoyo a la cultura emprendedora previsto en el Decreto 328/2003 está en principio vinculado a la creación de microempresas y autoempleos por parte de personas desocupadas, a lo que LAB no presenta objeciones, siempre que no se trate de encubrir la situación de los falsos autónomos o autónomos dependientes.

Donostia, 19 de mayo de 2005