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2013/06/29 12:29:28.504 GMT+2

Revueltas emergentes


Cápsula de gas lacrimógeno usada contra las multitudes en Turquía con la inscripción ‘Made in Brazil’ (Fuente: Epoch Times/Occupy Gezi / Facebook).
La ciudad es el lugar de la lucha anticapitalista” David Harvey (Revista Ñ, 30 de mayo de 2013)

Resulta difícil no vincular las recientes movilizaciones populares en Turquía y Brasil con el ciclo largo de protestas que comenzó en los países mediterráneos del norte de África. Cada una responde a contextos políticos y sociales diferentes, a distintas heterogeneidades multitudinarias, temporalidades diversas. Sobran, por obvias, las advertencias de que Sao Paulo no es Estambul, o que Estambul no es El Cairo o Madrid. Pero hay también referencias comunes, conexiones íntimas, viajes de ida y vuelta, y un mismo escenario: el de un capitalismo global en crisis.

El espejismo del crecimiento económico

Contrariamente a las protestas europeas, las de Turquía y Brasil tienen lugar en potencias regionales emergentes que experimentaron fuertes tasas de crecimiento en la última década. Tras caer en 2009 por el crac financiero, la economía turca llegó a crecer un 9,2% y un 8,5% en 2011; la brasileña, un 7,5% en 2010. Sin embargo, en los últimos tiempos este crecimiento se ha desacelerado. En 2012 Turquía creció un 2,2% y Brasil un 0,9%, en parte debido a la reciente apuesta por una política fiscal restrictiva. La fragilidad turca se asienta en un fuerte endeudamiento externo, con inversiones cortoplacistas atraídas por tipos de interés relativamente elevados; la brasileña, en una creciente dependencia en las exportaciones de las materias primas y en el endeudamiento interno (el crédito pasó del 25% del PIB en 2005 al 50% en 2012), pese al fortalecimiento de la demanda interna, apoyado en programas sociales, llevado a cabo bajo la presidencia de Lula.

El crecimiento económico de ambas economías, especialmente de la turca, se vio animado además por el exceso de liquidez que generaron las políticas de estímulo monetario (quantitative easing) de la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón. Estas políticas de estímulo, que no han logrado reactivar la economía mundial, contribuyeron al incremento del valor de los activos (nuevas burbujas) en los países emergentes, y provocaron presiones inflacionarias y devaluaciones competitivas de las monedas.

Ahora que el "grifo" monetario estadounidense se seca, los "inversores empiezan a retirar el dinero que apostaron en estas economía y lo hacen al ritmo más rápido en dos años" (El País, 21/06/2013). La competición por obtener capitales a cualquier precio (desposesión) se agudiza, aumentan las incertidumbres y los gobiernos se ponen nerviosos.

La lucha por lo común...


"No es solo un parque", repitieron los manifestantes turcos en la plaza Taksim. "No son solo las tarifas del transporte público", repitieron los manifestantes brasileños. Pero lo cierto es que lo imprevisible empezó con la defensa de un parque y con la petición de un transporte público accesible para todos. Es decir, con condiciones necesarias para la vida buena en común en la ciudad y para la (re)producción de las multitudes. A decenas de turcos les pareció lo suficientemente importante como para interponer sus cuerpos en el parque Gezi frente a las excavadoras y la policía (algo que por ejemplo no se ha hecho en Canarias frente a iniciativas tan contestadas como la del puerto de Granadilla). A los miles de turcos que esta vez salieron a las calles para apoyarles también. Como escribió acertadamente Emmanuel Rodríguez hace ya casi una década (Ecología de la metrópolis, 2004), en pleno boom inmobiliario español, es "el territorio mismo, como trama compleja de relaciones de cooperación y de simbiosis, lo que compone el sustrato de la innovación social y de la producción empresarial".

Los territorios urbanos y la movilidad entre los mismos se ven pues amenazados por lo que Manuel Delgado denomina la "ideología del espacio público", íntimamente vinculada al proyecto neoliberal. Cuando la ciudad se convierte a la vez en yacimiento de valor y fábrica social, el urbanismo es "mera requisa de la ciudad, sometimiento de ésta, por medio tanto del planeamiento como de su gestión política, a los intereses en materia territorial de las minorías dominantes." Generalmente esto incluye un componente moral, ejemplificado en las leyes y ordenanzas municipales sobre el civismo, que en los últimos años han ido ampliando el repertorio de conductas que deben ser reguladas. La tan comentada restricción -que no prohibición- del consumo de alcohol en el espacio público que promueve el AKP turco en el fondo se asemeja mucho a nuestras leyes contra el botellón.

En Turquía los proyectos de remodelación urbana se suceden desde la aprobación en 2005 de la ley de "renovación y preservación". El Estado y los constructores se aliaron en el asalto de los barrios populares de Estambul y en megaproyectos como la construcción de centros comerciales, mezquitas o grandes obras como puentes o autovías. El de la plaza Takzim no es sino el último capítulo. Como escribe Sarah El-Kazaz en Jadaliyya:

"Conforme el crecimiento basado en la exportación fue proporcionando rendimientos marginales decrecientes (...), la acumulación de capital mediante la renovación de zonas urbanas se convirtió en uno de los baluartes de los principales proyectos del AKP.  Para el AKP, el desarrollo urbano proporciona a sus bases de apoyo con el estímulo económico que necesita, mediante asociaciones oscuras con el sector de la construcción, y permite al gobierno redefinir y controlar los espacios de las ciudades de modo que reproduzcan una sociedad en línea con los ideales del partido.

De hecho, para el AKP, Islam es desarrollo urbano. El desarrollo urbano fue empaquetado y entregado a los simpatizantes del partido como lugar central a través del cual el Estado estaba configurando una sociedad mejor."

Sustituyamos Islam por nación, progreso o marca país y el discurso nos resultará de lo más familiar. No es coincidencia que Estambul sea con Madrid candidata a organizar los Juegos Olímpicos de 2020.

De hecho, en Brasil el neodesarrollismo pasa también por explotar el tejido urbano, con los macroeventos deportivos (que el gobierno brasileño ha logrado concentrar en un par de años) como principal herramienta. Estos macroeventos permiten desde luego transferir recursos públicos a empresas privadas, pero su principal razón de ser es la remodelación urbana y la subsiguiente transformación de las relaciones sociales en beneficio de las elites, que en el congestionado Sao Paulo viajan en helicóptero. Destrozar barrios populares enteros y expulsar a sus habitantes, privilegiar el transporte motorizado individual, el acceso de pago a los espacios de encuentro, no son opciones asépticas o inocentes.

Estas remodelaciones no dejan de representar otra forma de extractivismo, como escribió Raúl Zibechi a propósito de la violenta intervención policial en un hospital de Buenos Aires para desalojar a sus trabajadores. Las autoridades prevén el derribo del edificio para construir un Centro denominado "Cívico", cómo no. Y es que las grandes obras y la ideología del espacio público al que se asocian buscan además garantizar un determinado consenso político y social: "la diferencia entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo, se evapora. Los principales proyectos de especulación urbana en Buenos Aires fueron aprobados con los votos del oficialismo y de la oposición", escribe Zibechi. Pero los consensos entre partidos y empresarios cada vez encuentran menos eco entre las multitudes.

... es la lucha por las libertades

El sometimiento de la ciudad a las necesidades de valorización del capital es un proceso violento que precisa del Estado para su imposición, por medio del planeamiento y cuando hace falta de la policía. Policía para ejecutar desahucios y expulsiones, para "limpiar" determinadas áreas de personas consideradas indeseables, y, en definitiva, para anular el derecho de protesta y la apropiación no autorizada del espacio público, incluso mediante la aplicación de leyes antiterroristas.

Cuando el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan se quejó del doble rasero de la Unión Europea, no le faltaba razón. Grecia ha hecho también un uso intensivo de los gases lacrimógenos con el visto bueno de la troika y los ejemplos de brutalidad policial se extienden desde Londres a Atenas, pasando por Fráncfort y Barcelona, aunque es igualmente cierto que el despliegue represivo ha sido más intenso en Turquía. Ahora bien, lejos de un "exceso" que los gobiernos deben corregir, como lo presentan las organizaciones de derechos humanos, se trata de un uso selectivo y muy codificado de la violencia estatal, con protocolos internos compartidos que buscan minimizar el número de muertos aunque no tanto el de contusionados, lesionados o amedrentados. En España, el elevado número de indultos de policías condenados por tortura da fe de esta tendencia. Por parte turca, el ejercicio de violencia del que ha hecho gala la policía con Erdoğan en Estambul, Ankara y otras ciudades es, comparativamente hablando, menos letal que el de los gobiernos precedentes frente a revueltas similares. En Brasil ya no estamos en la época de la dictadura, pero la represión policial en Sao Paulo (gobernado por el PT) muestra hasta dónde pueden llegar los gobiernos representativos cuando la expropiación del común -en este caso la reconversión de la ciudad- se pone seriamente en riesgo. Resulta por eso significativo que las últimas revueltas -y sus reacciones represivas- se hayan dado con gobiernos que cuentan con fuertes apoyos en amplios sectores de la población y que desde Europa son considerados, en mayor o menor grado (y con muchos peros y matices), como populistas.

Hasta ahora las principales intervenciones se limitaban a las barriadas pobres, ante el desinterés de los grupos beneficiados por la gentrificación. Pero esta vez la represión se amplió también a grupos sociales menos acostumbrados a las porras y las comisarías (los más pobres suelen encontrarse directamente con las balas). La chispa se produjo cuando defender lo común y la libertad para construirlo se volvieron una misma cosa.


Cientos de carteles se exhiben en una manifestación en Recife con diversos reclamos. Fotografía: Yasuyoshi Chiba (AFP)

Antagonismo y representación

Tras la chispa los nuevos sujetos sociales del capitalismo cognitivo pronto fueron ampliando sus demandas. Resulta insuficiente aplicarles el concepto de "clase media" para definirlos. El politólogo y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro Giuseppe Cocco lo describe así:

"en España y en el Mediterráneo en general, las revoluciones están marcadas por los procesos de “desclasificación” de las clases medias. En Brasil [y, añado, en Turquía] es exactamente lo contrario: todo esto ocurre en el ámbito y en el momento de la emergencia de la “nueva clase media”. Sólo que esta nueva composición de clase es, en realidad, la nueva composición del trabajo metropolitano, que lucha por los parques o por los transportes públicos: ascendiendo socialmente, los pobres brasileños se convierten en aquello en que las clases medias europeas se convierten bajando: en la nueva composición técnica del trabajo inmaterial de las metrópolis."

"En el plano sociológico, la “nueva clase media” no existe, porque lo que se constituye es una nueva composición social cuyas características técnicas son las de trabajar directamente en las redes de circulación y servicios de la metrópolis."

Esta nueva composición social se resiste a ser representada y a ser reconducida a una unidad. La pretensión de representatividad que hace Erdoğan, Rajoy o los partidos de izquierda con frecuencia termina produciendo más rechazo. En el complejo ecosistema urbano la autoorganización de las multitudes en las diferentes movilizaciones se asemeja a la de las conexiones sinápticas entre diferentes neuronas, no siempre las mismas, que cambian según el momento, escapando a todo intento de centralización y de convergencia en una identidad única. El poder constituyente es esto. Lo cual no quiere decir que se trate de un proceso armónico que conduzca a una nueva situación de equilibrio. El antagonismo y el conflicto se sitúan dentro del movimiento, que por eso mismo es ambivalente. No debería sorprender la presencia de grupos de derecha o incluso fascistas en determinadas concentraciones, según unas coyunturas, o islamistas y salafistas, según otras (aunque el islam político en sus diferentes formas plantea una fractura identitaria específica). Eso no quiere decir que haya un "secuestro" (como si manifestarse fuera patrimonio exclusivo de las izquierdas seculares) ni mucho menos que prevalezcan determinadas posturas. Lo que hay es la conflictividad política propia de la democracia. Pretender trascenderla, renunciar a estar "dentro" por ese motivo es una batalla perdida: todo intento -necesariamente fallido- de estar "afuera" será un regalo para los poderes constituidos. Todo dependerá de cómo vayan evolucionando y desarrollándose las relaciones de fuerza entre los diferentes elementos en liza.

No podemos saber cuáles serán los próximos capítulos de la turbulencia global. La única certeza es que las ciudades seguirán en ebullición, no solo las de los países sometidos al imperio de la deuda, también las de los países que ahora cortejan las finanzas internacionales. Frente a la violencia privatizadora se interpondrá la reapropiación del territorio y la transformación colectiva de nuestras subjetividades. Muchos repetirán lo que hace poco afirmó un manifestante turco: "tú no sabes cómo ha cambiado aquí la gente en una semana". Hay que seguir intentando que sea para mejor.

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Remitente: Samuel.2013/06/29 12:29:28.504 GMT+2
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2013/06/09 00:03:16.397 GMT+2

Antifascismo

Clément Méric, un joven estudiante francés de dieciocho años, declarado antifascista, murió por los puñetazos propinados por un neonazi, en circunstancias todavía por aclarar. A raíz de la conmoción suscitada por el suceso el Ministro francés del Interior, Manuel Valls, tuvo la desfachatez de decir que "la República debe reprimir las ideas nauseabundas que nos recuerdan los peores momentos de nuestra historia". Añadió que "por desgracia, los grupos racistas, antisemitas y homófobos están resurgiendo". Valls no lleva la cabeza rapada pero al continuar con la obra de Sarkozy es responsable de una política migratoria racista que hace quince años hubiera sido considerada como propia del lepenismo. En la lista de grupos que cita faltan los islamófobos, de los que Manuel Valls es un insigne representante.

No hace falta rebuscar entre la carcunda de los manifestantes contra el matrimonio homosexual para apreciar dónde está la mayor inspiración de lo que por convención todavía denominamos fascistas o nazis. Véase si no cómo nuestros gobiernos expanden a voluntad el concepto de terrorismo. Cómo los Estados que se autoproclaman democráticos consolidan, en aras de la seguridad total (¿de quiénes?), sistemas de vigilancia que hubieran sido la envidia de los más denostados regímenes políticos del siglo XX. O fijémonos, por ejemplo, cómo la tecnocracia financiera denuncia de manera explícita las constituciones europeas surgidas tras la derrota del fascismo por sus excesos democráticos.

El periodista Leigh Phillips ha llamado la atención sobre un reciente informe de la multinacional de servicios financieros J.P. Morgan, en el que se señala que el ajuste y las reformas estructurales en el sur de Europa buscan acabar con el legado social y democrático del antifascismo europeo, ejemplificado en los Estados del Bienestar (los subrayados son míos):

"con el transcurso del tiempo ha quedado claro que hay también problemas de legados nacionales con una naturaleza política. Las constituciones y los arreglos políticos de la periferia del sur de Europa, puestas en marcha tras la caída del fascismo, contienen una serie de rasgos que parecen poco adaptadas para una mayor integración de la región. Cuando los políticos alemanes hablan de una década de ajustes, probablemente tengan en mente la necesidad de reformas económicas pero también políticas."

(...)

"Las constituciones tienden a mostrar una fuerte influencia socialista, reflejo de la fuerza política que los partidos de izquierda obtuvieron tras la derrota del fascismo. Los sistemas políticos de la periferia típicamente muestran varios de los siguientes rasgos: ejecutivos débiles, estados centrales débiles con respecto a las regiones; protección constitucional de los derechos laborales; sistemas consensuales que fomentan el clientelismo; y el derecho de protesta si se producen cambios en el status quo político que no son bienvenidos."

El informe mete en el mismo saco "socialista" a la Italia de posguerra, con la hegemonía de la democracia cristiana, y al sistema político español surgido como transición de un fascismo que nunca fue derrotado. Pero esto es lo de menos. La idea de fondo es que las conquistas democráticas arrebatadas a las variantes fascistas del capitalismo industrial constituyen un problema. Contrario sensu, serían bienvenidos sistemas políticos con ejecutivos fuertes, con estados centrales fuertes que puedan imponer las "necesarias" medidas impopulares, donde los derechos laborales no sean respetados y donde el derecho de protesta estuviera más limitado.

Hoy antifascismo y anticapitalismo vuelven a ir de la mano, pero ni pueden tener el mismo sentido que en el período de entreguerras ni tampoco pueden reducirse a una identidad urbana juvenil. La cara positiva del rechazo carece de un nombre de consenso, pero si tiene que ver con algo es con la democracia excesiva e insolente, como los 18 años truncados de Clément Méric.

Remitente: Samuel.2013/06/09 00:03:16.397 GMT+2
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2013/05/19 21:58:15.799 GMT+2

Bangladesh, desposesión y explotación

Manifesta9
Para-Production, del artista chino Ni Haifeng. Instalación realizada con retales de ropa fabricada en China y expuesta en el Museo de la Mina de Genk durante la exposición Manifesta 9, 2012. Fotografía: Samuel.

Las tareas de rescate terminaron y en los escombros de lo que fue el edificio de nueve plantas Rana Plaza en el distrito de Sava (Dacca) en Bangladesh, se llegaron a encontrar oficialmente hasta 1.127 cadáveres de trabajadores; o mejor dicho, trabajadoras, pues la mayoría eran mujeres jóvenes, como son inmensa mayoría en el sector textil (80%). La cifra de heridos se eleva a 2.438. Además de cinco fábricas textiles, el edificio contaba con tiendas y bancos en los pisos bajos. La indescriptible tragedia sigue al incendio de la fábrica Tazreen Fashion en Dacca que mató a 124 trabajadoras en noviembre de 2012 y a otros derrumbes, como el que mató a otro centenar en el mismo distrito en otro mes de abril, en 2005. La magnitud del desastre no solo ha puesto de relieve las penosas condiciones laborales de las trabajadoras del sector textil -muchas de ellas sin contrato formal- en el segundo exportador mundial de ropa, sino la deshumanización que conlleva la reducción de la vida a un mero factor de producción.

Según informó la prensa bangladesí, en los días previos al colapso se habían detectado grietas en la estructura del edificio y se había recomendado su cierre. Sin embargo, los propietarios de las fábricas (por lo general, hombres) presionaron para que las trabajadoras acudieran al trabajo, alegando que los ingenieros habían dado su visto bueno. Algunos llegaron a amenazar con no pagar un mes de sueldo. En el incendio de Tazreen los propietarios habían cerrado las puertas. Esta coacción laboral criminal pone en entredicho los elogios a la proletarización que se han escrito con el objetivo de contrarrestar las críticas a la explotación en Bangladesh. La proletarización no ha sido el resultado de una comparación racional entre oportunidades económicas por parte de sujetos iguales en un mercado libre. Tampoco se debe a un fatalismo demográfico y medioambiental. Aunque las condiciones ecológicas y de sobrepoblación son muy duras en Bangladesh, de ningún modo exigen una servidumbre que se presenta interesadamente como única alternativa posible de supervivencia.

El éxodo rural ha sido el producto de toda una historia de conflictos por el acceso a la tierra que se viene arrastrando desde el período colonial, que continuó durante el período postcolonial de Paquistán Oriental y tras la independencia en 1971, y que se agravó desde la década de 1980 con los programas de ajuste estructural promovidos por el FMI y el Banco Mundial. Un proceso que bien puede caracterizarse como de acumulación por desposesión, siguiendo el concepto de David Harvey, y que en el campo condujo a un acaparamiento de tierras cultivables (land grabbing).

Todo ello coincide con la génesis histórica del trabajo asalariado en la llamada acumulación primitiva. En este sentido, la acumulación primitiva no constituiría una etapa situada cronológicamente en un tiempo anterior, en la prehistoria del capitalismo por así decirlo, sino que forma parte del presente continuo del capitalismo. Y en todo proceso de acumulación primitiva (o por desposesión) el papel del Estado es fundamental. La remuneración que procura el trabajo asalariado dependiente no basta para canalizar la movilidad en interés del capital, como ya se ha explicado en otra parte. Mientras el trabajador potencialmente dependiente disponga de un ingreso suficiente, que puede provenir de un patrimonio (en el caso de los campesinos, puede ser simplemente el usufructo de unas tierras) o de la venta del producto de su trabajo, es decir, mientras haya cierto grado de igualdad económica y de dignidad, la libertad no favorece al capitalista. Sin mecanismos sociales extremadamente elaborados que solo pueden ser puestos en marcha por un Estado centralizador y homogeneizador, las externalidades positivas que produce la relación salarial son superadas por las externalidades negativas y se pierden. De ahí que la relación salarial clásica suela convivir con la imposición desde arriba de relaciones de trabajo forzado o servil en sus distintas variantes.

En Bangladesh, fue precisamente el Estado -colonial primero, postcolonial después- antes que las corporaciones extranjeras el principal agente encargado de arrebatar las tierras a los campesinos pobres (hindúes sobre todo) y redistribuirlos en favor de la nueva oligarquía agraria musulmana (jotedar) por medio de cambios en la legislación sobre la propiedad agraria, programas de desarrollo (la famosa "revolución verde"), y mecanismos informales (corrupción). Los propietarios adinerados se apoyaron también en la violencia de grupos paramilitares (lathiyals), en el caso de las islas formadas por sedimentos aluviales (char). Por otra parte, los programas de ajuste estructural aplicados por sucesivas dictaduras militares facilitaron la privatización y desaparición de las empresas públicas, con lo que se desactivó a los sectores más belicosos de los sindicatos obreros que habían contribuído a las luchas por la independencia y se incrementó notablemente el número de desempleados.

Una tesis doctoral del profesor bangladesí A.Q.M. Mahbub (Population mobility in rural Bangladesh; the circulation of working people) escrita en 1986, en plena etapa de ajuste estructural y de aceleración de la proletarización urbana, resumía el proceso de este modo:

"Las personas de clase baja son campesinos pobres que han sido desvinculados de su tierra. Vienen de familias consideradas de clase media que han sido gradualmente degradadas socialmente como resultado de la masificación rural. Mukherjee (1948) describía la clase media como el campesinado autosuficiente en el Bengal rural. Pero hoy, cuatro décadas después de esta investigación, la mayor parte de las familias de clase media pertenecen sin lugar a dudas a un campesinado dependiente. También es evidente que un gran número de familias de clase media están siendo "expulsadas" e incluidas en las clases bajas -la clase que ha ido creciendo rápidamente.

A lo largo del tiempo, la movilidad de clase en Bangladesh muestra una clara tendencia hacia abajo que conduce al empobrecimiento (si no proletarización) por medio de la desintegración de la clase media
".

Podemos discutir la aplicación del término "clase media" en el Bangladesh de la época, pero está claro hacia dónde apunta el autor. En ciudades como Dacca las apropiaciones de tierras, con frecuencia ilegales, dieron lugar a expulsiones que sirvieron a la especulación inmobiliaria y al desarrollo industrial de las maquilas en el área metropolitana de Dacca: el mismo edificio Rana Plaza fue levantado sobre terreno que había sido apropiado por un líder político local con vínculos con el crimen organizado, y el edificio de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) se construyó sobre terreno público. Mientras, los migrantes rurales fueron hacinándose en los suburbios. El desarrollo de sector textil, orientado a la exportación y basado en la explotación intensiva de trabajadoras jóvenes doblemente subcontratadas (las empresas localizadas en las zonas francas industriales subcontratan fuera de las mismas el grueso de la producción) con salarios paupérrimos y condiciones laborales inhumanas, fue el corolario de las reformas estructurales. Los propietarios de las fábricas, que suelen ser a su vez parlamentarios, ministros o dueños de medios de comunicación, lograron reducir los salarios reales entre 1993 y 2006. Un éxito en competitividad frente a unos vecinos del sudeste asiático que han visto incrementarse los salarios reales en el sector industrial.
Wage structure - Garment workers in Bangladesh

Evolución de la escala salarial de los trabajadores del sector textil en Bangladesh. Fuente: Anu Muhammad (EPW, 2011).

Esta situación no surgió espontáneamente como ejemplo de la teoría de las ventajas comparativas: el Estado lo promovió con fuertes incentivos fiscales, las instituciones financieras internacionales lo financiaron y los países occidentales lo estimularon con acuerdos comerciales que integraron Bangladesh en lo más bajo de una cadena de producción liderada por corporaciones multinacionales.

"Sin embargo, la industria textil orientada a la exportación no ha representado una mejora clara en las condiciones laborales comparado con el resto de la economía", escriben desde la secretaría de la Commonwealth en el marco de un programa de género. El carácter forzado tiene de hecho bastante que ver con el "elevado nivel de rotación. Estas mujeres son fuente de trabajo explotado, trabajan intensamente por un período de tiempo y luego se van, solo para ser reemplazadas por un continuo suministro de mujeres jóvenes del campo. Los graves daños a la salud y los conflictos en la vida marital hacen que la industria textil sea insostenible a largo plazo. No obstante, las que consiguen algún dinero tienen la oportunidad de empezar su propio negocio después, y las mujeres han sido capaces de cambiar su papel como dependientes."

Esta transformación de la subjetividad femenina en busca de una mayor autonomía se refleja también en las fuertes resistencias laborales que han sido reprimidas duramente por la policía. Al margen de los sindicatos tradicionales, las mujeres del sector textil han protagonizado las movilizaciones laborales más potentes de los últimos años, en reclamo de mayores salarios, el pago de salarios atrasados, la reducción de la jornada laboral (actualmente una media de 12 horas diarias), mayor seguridad en el trabajo y fin del acoso sexual en las fábricas y del abuso físico, cuando no tortura. Las trabajadoras lograron arrancar incrementos en el salario mínimo en 2006 y 2010 (aún así, el más bajo de los trabajadores textiles a nivel mundial) pero de momento estos logros han resultado insuficientes frente al incremento del coste de la vida. Ya el año pasado las multinacionales extranjeras que compraban las prendas fabricadas en Bangladesh (Walmart, Inditex, H&M, Carrefour, Tesco, JC Penney, Nike, Marks & Spencer, Levi's) mostraron su preocupación ante el gobierno por la situación de los trabajadores en el país, pero no por una súbita responsabilidad social corporativa, sino porque la continua rebelión interrumpía los flujos de aprovisionamento. "Las interrupciones industriales y las quejas de los trabajadores están impactando ahora nuestra habilidad para gestionar nuestros negocios en Bangladesh", declaró uno de ellos al diario bangladesí Daily Star. 

La indignación que provoca la crueldad, la injusticia y la explotación no tiene nada de moralista, como han escrito algunos. Es, eso sí, una posición ética. "La indignación es el odio hacia alguien que ha hecho mal a otro" (Spinoza, Etica, III, def. XX de las pasiones). No es conmiseración, sino empatía, reconocimiento de ese común expoliado que llamamos humanidad, aunque haya grados y clases en un escalafón en el que es fácil descender si el gobierno de los pocos así lo exige. Las primeras que expresaron esta indignación fueron las propias mujeres trabajadoras bangladesíes, que se unieron frente al mando capitalista y patriarcal exigiendo dignidad.  Son ellas las que nos dicen que siempre hay alternativas y que la miseria no es lo que definen desde arriba para chantajear con un empleo servil, sino la desposesión y opresión que genera la acumulación insolente de la riqueza de todos.

Remitente: Samuel.2013/05/19 21:58:15.799 GMT+2
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2013/05/05 20:05:39.575 GMT+1

El manuscrito encontrado en Tombuctú


Manuscrito escrito por Ahmed Baba en 1599 y depositado en Tombuctú, en el instituto que lleva su nombre. Fotografía: Manuel Toledo, BBC.

Tal vez algún oficial del ejército francés, de los que tomaron Tombuctú para las tropas malienses, haya entrado en alguna casa polvorienta, abandonada por sus antiguos inquilinos. Antes habría sido ocupada milicianos islamistas árabes o tuareg. De pronto, podría haber advertido, amontonados en el suelo, en un rincón, viejos manuscritos escritos en árabe, o en alguna lengua africana con aquella caligrafía. No se sabe a ciencia cierta cuántos manuscritos fueron destruidos y robados por los islamistas cuando abandonaron Tombuctú poco antes de que llegaran las tropas francomalienses, pero parece que fueron muchos menos de lo que se había anunciado al principio. Pese los rumores iniciales, el instituto Ahmed Baba no había sido incendiado y la mayor parte de sus manuscritos (unos 28.000) ya habían sido transportados a Bamako en 2012, tras la ocupación de la ciudad por Ansar Dine y sus aliados islamistas. Otros muchos se encuentran precisamente en casas particulares. Este patrimonio es importante porque, entre otras razones, refuta la idea de que las culturas negras africanas fueron exclusivamente orales.

El oficial francés, o el miliciano islamista, tal vez se haya encontrado con un relato que trata de esclavos y mercaderes. Un libro escrito por el alfaquí beréber, de la escuela jurídica maliquí, Ahmed Baba (1556-1627), que da nombre al instituto que los periodistas repitieron sin prestar mucha más atención, y que fue una de las grandes figuras del pensamiento islámico del siglo XVI. Se llama Mi’raj al-su’ud (1614) y constituye una fatua o tratado legal sobre la esclavitud. Pero en realidad era mucho más. Después de la invasión andalusí-marroquí de Tombuctú en 1591 -que entre otras cosas destruyó su preciada biblioteca personal- Ahmed Baba y otros pensadores se exiliaron en Marrakech, donde se encontraron con un discurso más racial que el que había conocido en su ciudad natal. El Mi'raj constituye la primera reflexión por escrito sobre la raza por parte de un autor subsahariano de la que se tiene constancia.

En ese período las escuelas islámicas debatían si los africanos negros tenían o no estatus de esclavo con independencia de que proclamaran su adhesión al Islam; muchos subsaharianos que llegaban a los mercados esclavistas del norte alegaban su fe islámica para reclamar su libertad. Baba respondió a la pregunta sobre la licitud de la esclavitud de determinados grupos étnicos rechazando el carácter natural de la esclavitud (“No hay diferencias entre una raza y otra”) y dando primacía al factor religioso. Para Baba la esclavitud solo podía aplicarse a los infieles -quienes se situasen fuera del Islam, ya fueran negros o blancos- capturados en una jihad legítima. Baba realizaba una interpretación restrictiva, pues no todas las guerras cumplían con los requisitos de una guerra justa (por usar el concepto teológico-político cristiano). No lo eran las guerras entre musulmanes, y cuando estas se producían, no podía someterse a esclavitud a otros musulmanes ni a súbditos que se habían sometido a la autoridad de un estado islámico. Aunque apuntara principalmente a las poblaciones negras africanas, los esclavistas árabes también se aprovisionaron de prisioneros cristianos en razias por el Mediterráneo. Por esta razón el Mi'raj establece una clasificación entre tribus islámicas y no islámicas. Baba respondía que, aunque pudiera haber infieles, existía en Bilad al Sudán (África subsahariana occidental) toda una tradición de estados islámicos como los de "Borno, Kano [ambos situados en el norte de la actual Nigeria], Songhay, Katsina, Gobir y Mali".

La vida de Ahmed Baba transcurrió en un momento crucial en la historia del África subsahariana, entre la caída del imperio songhai y el inicio de la trata esclavista atlántica, en los albores de la modernidad. Su opinión legal, motivada por las reivindicaciones de los propios esclavizados, restringía el campo de aplicación de la institución esclavista, pero sin cuestionarla, por lo que desplazaba el problema, un poco como lo hace hoy el concepto de “ciudadano”. La inclusión de unos permitía la exclusión y explotación de otros. Contrariamente a la opinión de Baba, el sistema esclavista europeo optó por desarrollar el criterio de la raza y, frente a la trata árabe, sistematizó el racismo desde un punto de vista administrativo y jurídico como nunca antes se había hecho. A su manera, Ahmed Baba fue uno de los primeros que trató de responder a la gran cuestión política de la modernidad: si todos los seres humanos somos iguales, y si lo somos, cómo justificar la servidumbre y la subordinación de otros seres humanos. Poco sospechan el soldado francés y el miliciano islamista cuánto deben a las respuestas a aquellas tempranas preguntas el hecho de que uno pise hoy suelo africano, y el otro construya su identidad como un arma.

Referencias

"The Question of ‘Race’ in the Pre-colonial Southern Sahara" Bruce S. Hall, The Journal of North African Studies, Vol.10, No.3–4 (September–December 2005) pp.339–367

"La doctrina malikí sobre esclavitud y el Mi´ray de Ahmad Baba", Marta García Novo,  Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, Nº 23, 2010, págs. 75-96

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Remitente: Samuel.2013/05/05 20:05:39.575 GMT+1
Etiquetas: igualdad racismo capitalismo azawad servidumbre modernidad malí ahmed-baba islamismo esclavitud | Enlace permanente | Comentarios (0) | Referencias (0)

2013/04/21 22:27:07.575 GMT+2

La burocracia neoliberal

El título que encabeza este texto parece una paradoja, pero no lo es. El mito más persistente sobre el neoliberalismo es ese según el cual lo que busca es que haya "menos Estado" y que la economía esté "desregularizada". Pero en el capitalismo Estado y mercado no son conceptos antagónicos. El mercado es una creación estatal, y si por algo se caracteriza el capitalismo es por el relevante papel del Estado -o mejor dicho, si queremos incluir formas supraestatales o imperiales, del soberano- en la acumulación de capital. El capitalismo neoliberal no es una excepción. Aquí la supuesta "desregulación" no es más que una regulación favorable al capital financiero.

Veamos qué ha sucedido en la realidad. Lejos de asistir a una disminución del número de reglamentaciones o del personal administrativo, lo cierto es que en las últimas tres décadas hemos asistido a una "burocratización del mundo", según la expresión de Béatrice Hibou (La bureaucratisation du monde à l'ère neoliberale, La Découverte, 2012). La burocratización es un proceso normativo y procedimental en el que convergen tanto las agencias públicas como la propia empresa privada.

Por un lado, el mercado se desarrolla mediante una proliferación de normas cada vez más detalladas. Mencionemos algunos ejemplos. La creación del mercado común europeo fue el producto de cientos de reglamentaciones y directivas aprobadas entre 1986 y 1993. Desde entonces el acervo comunitario, especialmente el relativo al mercado interior, el derecho de competencia o la política agrícola común, no ha dejado de aumentar y de volverse cada vez más complejo, hasta el punto de que en 2005 la Comisión Europea propuso una fallida "estrategia para la simplificación del marco regulador".

Del mismo modo, la progresiva integración de los mercados que implica la globalización conduce al desarrollo de regímenes legales en el que se mezclan las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio y una red de convenios bilaterales y multilaterales. El funcionamiento actual del comercio prima la famosa "seguridad jurídica" con respecto a los derechos de propiedad privada y mecanismos que permitan hacer cumplir los contratos. En fin, los trabajadores/ciudadanos están sometidos a una jungla normativa de leyes cambiantes, convenios sectoriales y diversos regímenes migratorios.

Pero la empresa, sobre todo la gran empresa, no es menos burocrática. El mismo comercio internacional se ve afectado por numerosas normativas privadas (como las condiciones que imponen las grandes distribuidoras). Como escribe Béatrice Hibou: "la estrategia de empresa, el proceso de normalización y de certificación de productos, de los modos de producción y de gestión, el márketing, la gestión de compras, las relaciones públicas, las relaciones con los proveedores, los subcontratistas y los prestatarios de servicios [...] se definen de manera estricta y procedimental, de modo que los mercados y la competencia, los comportamientos de los clientes y los circuitos de distribución, la prensa y los poderes públicos, el conjunto de la cadena de producción puedan ser controlados".

Las privatizaciones, las "reformas estructurales" y la externalización no solo no han terminado con la burocracia sino que la han multiplicado. “En un hospital gestionado de forma privada hay más gente con corbata que con bata”, afirmó el médico de familia del centro de salud de Pego Artur Royo en el programa Salvados de Jordi Évole. Los centros privados cobran "un 25% más de gastos de administración". El papeleo ocupa ahora una porción importante de la jornada laboral -del tiempo de vida- en los más diversos sectores, desde la salud hasta la agroindustria, pasando por la policía. El trabajo por proyectos acentúa esta tendencia. Un caso significativo es el de las organizaciones no gubernamentales, fuertemente condicionadas por los términos de referencia de las convocatorias de subvenciones y que dedican buena parte de su tiempo a preparar propuestas, a redactar informes técnicos de seguimiento y recopilando justificantes.

Desde la administración, la contrapartida es el incremento del personal dedicado a la gestión administrativa y financiera. El periodista Jean Quatremer, gran conocedor de los entresijos de Bruselas, escribió hace poco sobre los eurócratas: "La obsesión por evitar el fraude incrementó esta deriva: el 50% del personal [de la Comisión Europea] se consagra a la gestión interna. Un director general británico explica que en lugar «de concebir políticas como hacía antes de la reforma [de 2004], paso dos tercios de mi tiempo a controlar y a evaluar mi personal»". Probablemente suceda algo parecido en otras administraciones. Es el resultado ambivalente de la obsesión por la transparencia, la "rendición de cuentas" y la evaluación. La tecnología digital, basada en protocolos y estándares técnicos, ha complicado aún más el problema.

Por decirlo con otros términos, nuestra sociedad de control acaba siendo más burocrática que la vieja sociedad disciplinaria. Una de las consecuencias de la inflación normativa es la impotencia que genera la asfixia de los procedimientos y la producción política de la irregularidad, esto es, lo que queda "fuera de los cauces reglamentarios". Nos queda por tanto un desafío: cómo promover la vida buena en común rellenando menos formularios.

Remitente: Samuel.2013/04/21 22:27:07.575 GMT+2
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2013/04/15 00:00:37.298 GMT+2

El momento de la renta básica

En las últimas semanas la iniciativa ciudadana europea (ICE) por una renta básica incondicional ha dado pasos importantes para avanzar en la recogida del millón de firmas necesarias para su consideración por la Comisión Europea. La iniciativa fue registrada en enero de 2013 y tiene hasta el 14 de enero 2014 para conseguir su objetivo. Solo en fechas recientes sus promotores terminaron y activaron las herramientas online necesarias para su difusión -mejora del sitio web, cuentas en Twitter, Facebook y Youtube- y ampliaron el número de países -con versiones de la campaña en castellano-. Según consta en el registro de la Comisión, los objetivos de la iniciativa son los siguientes:

Objeto:pedir a la Comisión que incentive la cooperación entre los Estados Miembros (según el artículo 156 TFUE) con el objetivo de explorar la Renta Básica Incondicional (RBI) como herramienta para mejorar sus respectivos sistemas de seguridad social.
Objetivos principales:a largo plazo, el objetivo es ofrecer a cada persona en la UE el derecho incondicional como individuo de tener sus necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna tal y como se define en los tratados de la UE, y para fortalecer la participación en la sociedad con el apoyo de la introducción de la RBI. A corto plazo, la UE debería impulsar iniciativas tales como “estudios piloto” (art. 156 TFUE) y el examen de diferentes modelos de RBI (resolución del PE 2010/2039(INI) §44).





La manera en que está redactada la propuesta -que debe respetar las condiciones que se exigen para proponer una ICE- se debe a que la Unión Europea solo tiene competencias de apoyo en la materia, es decir, compete principalmente a los Estados miembro su regulación. Y, al igual que sucede con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago y la paralización de los desahucios, o la ILP extremeña sobre Renta Básica, existen pocas garantías de que gobiernos embarcados en una cruzada antisocial vayan a aceptar una propuesta popular en ese sentido. Sin embargo, lo sucedido con la ILP sobre dación en pago muestra cómo iniciativas de este tipo, cuando surgen desde abajo y se articulan con los movimientos, pueden ir más allá de la mera firma y contribuir a la lucha por una sociedad más justa.

Estratégicamente, lo importante aquí es la cuestión de quién define la agenda política: si los de abajo o los de arriba. Limitarse a resistir cada recorte, cada medida expoliadora, supone resignarse a que la agenda la confeccionen e impongan otros. Sobre todo si los parametros del debate político continúan siendo el crecimiento del PIB -aplazado en Europa por terapias de choque calificadas como "necesarias"- y la creación de empleo -cada vez más pobre y explotador para la mayoría. Por otro lado, añorar el status quo anterior a la intervención financiera nos hunde en la impotencia política e ignora las disfuncionalidades que condujeron al crac de 2008, incluyendo unas deficientes políticas sociales que en los años previos a la llamada crisis redistribuyeron poco y segmentaron mucho.

Solo se puede superar esta crisis sistémica de manera justa y democrática si exploramos de manera autónoma nuevos caminos y si transformamos nuestros marcos conceptuales. Según cómo se formule, del mismo modo que la dación en pago y el fin de los desahucios rompen con la lógica financiera dominante, la propuesta de un ingreso garantizado e incondicionado rompe con la lógica salarial de acceso a la renta -y a la ciudadanía- y con las políticas sociales que plantean la pobreza -no la acumulación de capital y poder- como el problema.

Bajo el término "renta básica" se esconden diversas medidas y propuestas, desde las más liberales a las que se basan en el común. Muchas se confunden con transferencias monetarias no contributivas destinadas a aliviar situaciones de pobreza y condicionadas a contraprestaciones como la búsqueda activa de empleo. Estos subsidios funcionan como una deuda, en este caso social, cuando no se configuran con claros objetivos clientelistas. Otras ideas no son sino variantes de la llamada "flexiseguridad". En fin, algunas, como sucede con el crédito tributario por ingreso del trabajo estadounidense, tampoco se articulan como un derecho sino que en el fondo sirven para subvencionar contratos basura, pues para su activación dependen de que los salarios que se cobren sean muy bajos.

La renta básica que aquí nos interesa es incondicional, universal y suficiente, es decir, que garantice a la población un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas para toda la población. Los organizadores de la ICE lo conciben como un derecho individual, en la línea del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948:

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios."

Esta consideración como derecho humano no contenta a todo el mundo. Desde la izquierda se suele criticar que las personas con mayores ingresos puedan percibir también la renta básica. Sin embargo, no se cuestiona que los más ricos accedan hoy a la sanidad y educación públicas. "Que todo el mundo reciba la RB no quiere decir que todo el mundo gane. Los ricos pierden en las propuestas de financiación políticamente interesantes" (Daniel Raventós y Sergio Raventós). Obviamente, la renta básica conlleva una reformulación de la fiscalidad que asegure su financiación y la progresiva desaparición de subsidios condicionados. También debe ir acompañada de otras políticas: por ejemplo, sin una garantía de acceso a la vivienda -que no debe identificarse con la propiedad- se corre el riesgo de que esta necesidad absorba completamente los ingresos derivados de la renta básica.

Otras corrientes critican el estatismo que implica toda política social, aunque la renta básica supone muchos menos controles administrativos que las prestaciones tradicionales. Desde una perspectiva procomún, la garantía de acceso a la renta contiene importantes potencialidades, como la facilitación de la organización autónoma de los de abajo y, por tanto, de formas de vida y prácticas sociales no determinadas por el imperio de la propiedad privada. Esto es lo que más temen las fuerzas neoliberales. Cuando advierten del rechazo al trabajo -denuncia que ya hacen con el propio Estado de bienestar- es porque temen que una actividad humana libre no se someta a las condiciones de esa creación del Estado moderno conocida como "mercado de trabajo". Por otra parte, la garantía de ingreso para todos reconocería el carácter social -biopolítico o polinizador- de la producción actual, frente a la identificación de la condición de trabajador y ciudadano con el empleo o la posesión de capital. Y liberaría tiempo para crear, cuidar, informarse, participar y disfrutar.

En el caso de que finalmente llegara a reunirse un millón de firmas, la admisión a trámite de la ICE sobre la renta básica por la Comisión se produciría a pocos meses de las elecciones al Parlamento Europeo que se desarrollarán entre el 22 y el 25 de mayo de 2014. La ocasión es propicia para politizar unas elecciones por lo general anodinas que suelen conducir a mayorías parlamentarias conservadoras pero que al mismo tiempo se ven menos afectadas por las invocaciones al voto útil. Que hasta ahora la mayor parte de las firmas provengan de la Alemania de los "minijobs" debería hacernos reflexionar sobre las posibilidades, ahora sí, de una movilización paneuropea en torno a una idea muy simple. Esto no quiere decir que no haya mucho por discutir, que lo hay: umbrales de ingreso, financiación, tiempos de implantación, etc.

El deflacionismo neoliberal -que apunta a los ingresos de los de abajo- pretende contener la inflación de los reclamos democráticos que se había abierto en el período precedente. Volvamos a ser realistas y exigir lo imposible.

Remitente: Samuel.2013/04/15 00:00:37.298 GMT+2
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2013/04/02 00:14:48.314 GMT+2

Chipre y el capitalismo

Chipre se vinculó al capitalismo desde sus inicios italianos, entre los siglos XIV y XV, de la mano de mercaderes genoveses y venecianos. Fueron ellos quienes desarrollaron la producción de azúcar de caña en plantaciones del Mediterráneo oriental para su exportación a Venecia y otras regiones de Europa. La Europa medieval había descubierto el azúcar de caña como producto alimenticio gracias a los árabes, en Al Andalus y por medio de las cruzadas. En Chipre, los capitalistas venecianos explotaron directamente la tierra en lugar de hacer valer derechos señoriales como en la Europa feudal. Y a diferencia de lo que sucedía en tierras musulmanas, las plantaciones de caña pasaron a ocupar mayores extensiones de terreno y a basarse fundamentalmente en trabajo forzado, servil primero y luego esclavo.

En efecto, fue el azúcar y la transformación de los derechos de propiedad de la tierra, y su forma de valorarla, lo que condujo al renacimiento del trabajo esclavo en Europa, o al menos en su periferia isleña mediterránea (Chipre, Creta, Malta, Sicilia), antes de la trata atlántica y un milenio después de la caída del Imperio Romano. La producción de azúcar de caña para la exportación requería de abundante mano de obra, y esta escaseaba, especialmente tras la peste negra de 1348. En Chipre los esclavos fueron griegos, búlgaros, prisioneros de guerra turcos y tártaros del Mar Negro, y solo más tarde y en menor medida negroafricanos.

De Venecia procedía la familia de los Cornaro, exportadores de azúcar, uno de cuyos miembros, Caterina de Cornaro, se casó con el rey de Chipre Jacques II el Bastardo (1464-1473), el último de una dinastía de cruzados (1192-1489) dominada por la casa francesa de Lusignan. Tras la muerte de aquél y la de su hijo Jacques III, Caterina se convirtió en reina, lo que aseguró el control no ya económico sino político de la isla por parte de la República de Venecia, que se consolidaría al forzar su abdicación en 1489 (que coincide con el declive de la producción azucarera chipriota). Venecia fue a su vez el prototipo embrionario y el paradigma de Estado capitalista, un Estado gestionado directamente por la oligarquía capitalista.

Durante el siglo XV la producción azucarera para la exportación pasó a las islas atlánticas dominadas por las coronas de Portugal y España, primero Madeira (que superó a Chipre a finales de siglo) y más tarde, y en muy poco tiempo, en Canarias. En ambos archipiélagos los capitalistas fueron genoveses, quienes al contrario que los venecianos prefirieron financiar la expansión de los reinos ibéricos en América antes que invertir en la construcción de un Estado propio. Ambos aspectos, el financiero y el capitalista, es el que permite hablar de un primer ciclo sistémico, genovés, de acumulación. En cambio, los técnicos fueron sicilianos, los comerciantes flamencos, judíos e ingleses y la fuerza de trabajo mixta, entre esclavos (canarios, norteafricanos y del golfo de Guinea), jornaleros y arrendatarios. En los archipiélagos atlánticos las plantaciones azucareras tuvieron un papel económico central pero fugaz. La competencia de las plantaciones brasileñas pronto acabó con su rentabilidad.

En el capitalismo contemporáneo las islas pequeñas han mostrado una mayor competitividad como plataformas comerciales, de servicios y financieras (paraísos fiscales), ante la imposibilidad de competir en el sector industrial (incluyendo la agroindustria) por problemas de economías de escala. Esta vía es la que se acaba de liquidar en Chipre. Pero la historia de la isla nos aporta otras lecciones interesantes que solemos olvidar. Una es la compatibilidad del capitalismo con el trabajo esclavo o servil. Otra es el vínculo necesario que se da en el capitalismo entre capital y Estado. Lecciones chipriotas que hoy vale la pena recordar.

Remitente: Samuel.2013/04/02 00:14:48.314 GMT+2
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2013/03/19 10:30:02.781 GMT+1

Una confiscación chapucera

Si querían restablecer la confianza en el sistema financiero de la zona euro con la draconiana intervención chipriota, han logrado exactamente lo contrario. Nadie quiso asumir la responsabilidad de la condición más controvertida requerida para aprobar el crédito destinado a salvar a los acreedores de la banca chipriota: un "impuesto" con el que gravar –una sola vez, aseguraban- al 6,75% los depósitos bancarios de menos de 100.000 euros y al 9,9% los depósitos superiores a esa cifra. Para asegurarse el cobro el gobierno debía impedir que los ciudadanos pudiesen retirar las cantidades afectas al impuesto de los bancos (lo que se conoce como “corralito”). La medida convertía en papel mojado la preservación de los depósitos inferiores a 100.000 euros establecida por la normativa comunitaria y establecía un peligroso precedente. Tras una serie de dimes y diretes, y el visto bueno del ministro alemán de finanzas Wolfgang Schäuble, el Eurogrupo –integrado, no lo olvidemos, por los gobiernos de la zona euro, incluyendo España- dejó abierta anoche la posibilidad de que no se gravasen los depósitos de los pequeños ahorristas, con tal de que se recauden los 5.800 millones de euros que exige la troika. Sin embargo, en el momento que escribo continúa sin quedar claro cuál es el umbral a partir del cual se aplicará el “impuesto” [Actualización *] . Un término engañoso que no logra ocultar una medida confiscatoria. La más evidente –no necesariamente la más grave- de cuantas se han aprobado ya en los países del sur de Europa.

Existe un principio democrático que establece que no puede haber impuestos sin el consentimiento de aquellos a quienes se aplica, o mejor dicho, sin el debate y la aprobación de los más (que suelen ser quienes tienen menos). Este principio tiene su origen en la Carta Magna, el viejo pacto de los barones ingleses frente a las exacciones del Príncipe Juan. Otros principios son el de proporcionalidad, que indica que se debe atender a la capacidad económica o contributiva del sujeto pasivo, y el de equidad. Además, la recaudación de los impuestos –a diferencia de las tasas que se pagan a cambio de un servicio público determinado- se justifica por indivisibilidad del gasto público, que afecta a la sociedad en su conjunto (sanidad, educación, infraestructuras, etc.) y no a unos destinatarios determinados. Suele decirse que estos son principios liberales pero como indica la propia historia de la Carta Magna (muy anterior al nacimiento del liberalismo), en realidad se basan en la noción de común, en la idea de que todos debemos contribuir a y beneficiarnos equitativamente del todo.

Pues bien, el llamado “impuesto” que pretende aplicarse en Chipre vulnera todos estos principios. Aunque tiene que ratificarlo el parlamento chipriota para que entre en vigor en realidad es producto del chantaje planteado por el gobierno alemán, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, tras dos años de negociaciones que comenzaron con el anterior presidente chipriota, el comunista Dimitri Christofias. El gravamen no es proporcional ni equitativo: aunque ahora intenten restablecer cierta progresividad el mordisco para los pequeños ahorristas buscaba evitar que quienes tuvieran millones soportaran una exacción de más del 10 %, porcentaje perfectamente asumible como riesgo de inversión. Tampoco irá destinado a sufragar los servicios públicos esenciales, sino que servirá exclusivamente para pagar a los acreedores de los bancos. Como los chipriotas ni participaron en esta decisión ni la aceptan voluntariamente, se les niega la posibilidad de retirar fondos equivalentes a las cantidades que se deben recaudar. El presidente Nikos Anastasiadis prometió a sus ciudadanos que serían compensados con acciones en los bancos . Además, el Estado devolverá la mitad del impuesto pagado a los propietarios de depósitos que los mantengan durante más de dos años, a través de bonos sobre los futuros ingresos de gas, una vez que comiencen las prospecciones. Una promesa que pocos creen: en dos años puede suceder cualquier cosa en la eurozona. Por otra parte, la tasación de los depósitos pone de manifiesto problemas (impacto en la liquidez de las familias, falta de proporcionalidad, fuga de capitales) que podrían evitarse con un impuesto comunitario a las transacciones financieras.

Al “impuesto” se le añade el enésimo programa de ajustes y privatizaciones -aunque parece razonable un aumento del impuesto de sociedades del 2,5 al 12,5%- que en conjunto empobrecerá a la población de Chipre, no a los inversores extranjeros, lo que deslegitima aún más cualquier pretensión recaudadora del gobierno. Y falta por ver las condiciones que impondrá Rusia con su parte del rescate financiero. 

El sacrificio de los grecochipriotas se justifica porque son pocos y por la correspondiente moralina: la isla era un paraíso fiscal y un centro de blanqueo de dinero gracias a su hipertrofiado sector financiero, que ofrecía elevados tipos de interés a los ahorradores. Rusos adinerados se beneficiaron del mismo, como destaca la propaganda nacionalista alemana en año electoral. Todo esto es cierto, pero ni los millonarios rusos fueron los únicos beneficiarios ni Chipre es el único paraíso fiscal en Europa: ahí tenemos Luxemburgo o Liechtenstein, tan cerca de Alemania y mucho más eficientes a la hora de reciclar la mierda sin que se note. Pese a las bravatas de las cumbres del G20, los paraísos fiscales continúan siendo una pieza fundamental del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Y no es admisible que los ciudadanos más modestos de Chipre se vean exprimidos por ello.

El mezquino enfoque bilateral, intergubernamental, caso por caso, con el que se está afrontando la prolongada crisis del sistema financiero de la eurozona solo está sirviendo para dividir a los países del sur frente a Berlín y Bruselas, en una especie de competición por ver quién es más servil. Es muy posible que efectivamente fuera el presidente Anastasiadis quien se ofreciera a tasar los depósitos de menor cuantía, del mismo modo que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien propuso reformar la constitución para incluir la regla de oro del déficit cero y la prioridad del pago de la deuda. Este enfoque es tanto más lamentable cuanto que el déficit público agregado de los países de la eurozona es apenas del 3,3% (frente al 8,7% de Estados Unidos) mientras que el ratio de deuda pública en relación con el PIB es del 76% (101 % en Estados Unidos y 211 % en Japón). Estas cifras agregadas esconden enormes disparidades entre los países de la zona euro, pero precisamente los países que se nos presentan como modelo son los que se beneficiaron del dispendio de la periferia (y ahora de la conversión fraudulenta de su deuda privada en deuda pública). Como dice el macroeconomista e inversor Felix Martin, el dilema “no es sobre productividad sino sobre la distribución de la riqueza. La cuestión no es si la eurozona puede generar la suficiente riqueza para pagar sus deudas: tomada en su conjunto, ya lo hace. Es quién debería pagar y cuánto” Lo que en otro idioma se llama lucha de clases. 

* 19 de marzo de 2013, 19:25 - El Parlamento chipriota rechaza el plan de rescate

19 de marzo de 2013, 18:00 - El Gobierno reconoce que el Parlamento rechazará la nueva propuesta de la quita

19 de marzo de 2013, 12:30 - Chipre plantea salvar los ahorros inferiores a 20.000 euros del impuesto por el rescate

Remitente: Samuel.2013/03/19 10:30:02.781 GMT+1
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2013/03/06 14:47:21.437 GMT+1

Muerte de un plebeyo

Pocas veces un proceso político se identificó tanto con una sola persona como en Venezuela. La explicación no encaja en los parámetros que emplea la ciencia política de las academias estadounidenses y europeas, ni en el carisma weberiano ni en la categoría peyorativa del populismo.

Hugo Chávez Frías encarnó ante todo la irrupción apabullante de los pobres y sus pasiones en una política a la que previamente habían declarado técnica, inodora e incolora. Irrupción no ya del proletariado de la vieja izquierda europea del siglo XX, sino del pueblo de los cerros, el lumpen variopinto – masivo en Venezuela- que había sido denostado y relegado al cubo de la basura de la historia y que contaba con muy pocas vías de ascenso social (una de ellas era el ejército). Millones de venezolanos adquirieron la condición de ciudadanos durante la revolución bolivariana, o mejor dicho, rompieron los diques de contención de la ciudadanía respetable previamente delimitadas por las oligarquías. Unas pocas estadísticas dan fe de ello. Entre 1998 y 2012 se redujo el porcentaje de población en edad de votar no inscrita –sin registro no se puede ejercer el derecho de sufragio, y ni el registro ni el voto son obligatorios- de 20% en 1998 (más de 4 millones y medio de personas procedentes de las capas populares) a 5% en 2012 (un millón y medio, contando el incremento poblacional). En 2000 había 900.000 universitarios. En 2010 Venezuela llegó a los 2.300.000. Más allá de las disputas estadísticas, lo cierto es que tanto la pobreza y como la desigualdad en el ingreso se redujeron significativamente. La Venezuela de Hugo Chávez nunca cometió crímenes equivalentes a los de la Colombia de Álvaro Uribe. El odio dirigido contra el plebeyo mestizo Hugo Chávez ha consistido en un odio de clase.

La mayoría de los venezolanos no quieren renunciar a la democratización emprendida en el país. Lo expresaron en 2002 cuando evitaron en las calles que Hugo Chávez acabara como Salvador Allende y en 2007, cuando rechazaron en las urnas una reforma constitucional que pretendía salvar la revolución centralizando y reforzando el poder ejecutivo (rechazo que fue aceptado por Chávez y que no implicó su derrota en las elecciones sucesivas). Fue este apoyo popular y sus circunstancias históricas, junto con el contacto con otras izquierdas latinoamericanas, en un contexto geopolítico favorable marcado por el declive estadounidense en la región y el ascenso brasileño, lo que más contribuyó a su evolución ideológica y a la de su carisma.

Su liderazgo se mantuvo contra viento y marea durante casi catorce años. Este papel simbólico recuerda al de las monarquías africanas, mediadoras entre lo real y lo mágico, que continuaron resistiendo en tierras americanas: a ojos de los de abajo Chávez aparece como el Zumbí de los Palmares del palenque venezolano. Un papel que se acrecienta al haber muerto desde la victoria y no desde la derrota. Mientras unos denunciaron este liderazgo como una carga para una transformación democrática, otros lo presentaron como su salvaguarda. Lo cierto es que paradójicamente supuso tanto lo uno como lo otro.     

Salvo los ataques furibundos de la oposición más recalcitrante y de los medios corporativos, abajo las críticas a las deficiencias del sistema político y económico venezolano se efectuaron principalmente en el marco de la profundización del complejo proceso bolivariano, sin pretender salirse de él. Desgraciadamente, entre los intelectuales que apoyaron el mismo –especialmente entre los no venezolanos- dominaron los análisis que se basan en contrarrestar la propaganda negativa de sus enemigos, no en la revolución bolivariana realmente existente, cuyos problemas -vinculados a las continuidades con el modelo anterior- no son menores. La muerte del presidente debería facilitar esta tarea. Habrá "chavismo sin Chávez", sin duda, y podrá seguir ganando elecciones. Pero lo importante ahora es si seguirá habiendo revolución.

Remitente: Samuel.2013/03/06 14:47:21.437 GMT+1
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2013/03/01 12:56:58.912 GMT+1

Una acampada por un nuevo paradigma

Miembros de la Plataforma por la Renta Básica de Extremadura llevan varios días acampados, pese al frío, frente a una oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo en Mérida, junto con miembros de otros colectivos y personas en paro. En el manifiesto que difundieron reclaman la implantación de una renta básica, empleo público y el fin de los desahucios, ante la calamitosa situación social que padece la región. Los acampados han adoptado el nombre de Campamento Dignidaden una lucha que converge con otras iniciativas como la dación en pago. Recientemente, se unieron compañeros de Plasencia. 

La decisión de acampar se produjo después de que en enero la mesa del Parlamento extremeño rechazara tramitar, por razones procedimentales, una Iniciativa Legislativa Popular a favor de la implantación gradual de la Renta Básica como derecho individual, universal e incondicional. Aunque la acampada reclama también la creación de empleo público y el fin de los desahucios, la renta básica constituye una propuesta que la distingue de otras iniciativas. La ILP recogió en las oficinas de empleo 26.386 firmas. Desde que se planteó hasta su rechazo final el número de desempleados en Extremadura pasó de 130.000 a unas 152.000 personas, más de un tercio de las cuales carecen de cualquier tipo de cobertura. Mientras el Parlamento renunciaba a tramitar la ILP, el consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón (PP), presentó un proyecto de Ley de Renta Básica, según la propuesta realizada por Izquierda Unida. La diferencia fundamental entre el acuerdo pergeñado entre PP e IU y la ILP está en que aquél "pretende que haya una integración y una recuperación" de las personas "en situación de emergencia social".

Lo que el gobierno extremeño del PP propone, con el beneplácito de IU, no es sino una reformulación de las existentes Ayudas para la Integración en Situaciones de emergencia social (AISES), cuya percepción ya "se vincula a la realización de actividades de inserción social y/o laboral por parte de los perceptores de las mismas". Es decir, ambas están condicionadas a que los pobres busquen activamente su inserción en el precarizado mercado laboral. Una condicionalidad típicamente neoliberal que introduce la culpa como mecanismo de disciplinamiento y subjetivación. Si no consigues un empleo digno, es porque no te has esforzado o formado lo suficiente, por lo que no mereces recibir ese mínimo ingreso vital.

La universalidad e incondicionalidad de la renta básica molesta a quienes consideran que la dignidad humana debe supeditarse a la relación salarial -esencialmente desigual-, ya se sitúen a izquierda o a derecha. Ignacio Fernández Toxo lo expresó de manera muy clara hace unos días en el X Congreso Confederal de Comisiones Obreras: “el nuevo paradigma no es el emprendimiento. Sigue siendo el trabajo, el trabajo asalariado”, aunque este sea más servil. Solo se reconoce como productivos a quienes acceden a un empleo (o a los que "crean" empleos), olvidando toda la actividad humana no reconocida –o mal reconocida- por la figura del trabajo asalariado, en el que se basa la representación sindical y patronal tradicional. Pero esto no es nada nuevo, constituye el paradigma del capitalismo industrial, no el del capitalismo de las últimas décadas. 

Con su acción, la plataforma arremete por tanto contra los últimos vestigios de este pensamiento único de la izquierda institucional, que con el lema “no hay salvación fuera de la relación salarial” está contribuyendo en la práctica a la consolidación de sistemas de workfare, donde las prestaciones sociales se asemejan a deudas que hay que devolver con trabajo. Olvidan que el salario que percibe la mayoría normalmente representa, más que nunca, una fracción mínima de la riqueza productiva colectivamente, y que los trabajadores precarizados han tenido que complementar sus sueldos con transferencias sociales –condicionadas a la valorización del capital- o rentas inmobiliario-financieras. Los recortes a las primeras y el hundimiento de las segundas está produciendo una generación de trabajadores empobrecidos y de desempleados abocados a la informalidad.

Por el contrario, en las últimas décadas se abrió “la posibilidad de fundar la producción y reproducción de la humanidad  sobre algo diferente al trabajo asalariado”, como escribió Maurizio Lazzarato en defensa de un ingreso garantizado para todos hace ya diez años. Frente a las variantes asistenciales que emplean el término “renta básica”, la garantía de ingresos para todas las personas debería ser “un arma que sirva para sustraerse de la lógica de la valorización capitalista, para afirmar la independencia y la autonomía de las multitudes, y una condición de éxodo constituyente con respecto al espacio estatal”. No es que una renta básica por sí sola vaya a conseguir todo esto, pero su progresiva implantación determinaría un cambio estructural de tendencia, obligaría a repensar la fiscalidad y supondría un reconocimiento del común. 

Conforme se desintegran los sistemas de protección social, el debate sobre la renta básica parece ganar terreno poco a poco, pese al ninguneo mediático. En Cataluña una iniciativa a favor de una renta garantizada de ciudadanía -que, como escribe Daniel Raventós, es importante pero menos ambiciosa que una renta básica- se enfrenta al rechazo del Govern. Mientras, una iniciativa ciudadana europea de origen alemán, registrada el pasado mes de enero, propone que la Comisión Europea promueva una renta básica incondicional entre los Estados miembros. En este caso, sin una campaña europea desde otras plataformas y con fuerte apoyo español o francés difícilmente podrán conseguir el millón de firmas necesario (es posible apoyarles hasta enero de 2014). Sería deseable que todas estas acciones se comunicaran y convergieran.

Los acampados de Mérida pasaron de las firmas a la calle. Su dignidad nos interpela. Nuestra dignidad deberá ser la base de un nuevo paradigma.

Remitente: Samuel.2013/03/01 12:56:58.912 GMT+1
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